El pasado domingo 22 de octubre salieron a las calles miles de trabajadores del poder judicial de la federación, muchos de ellos con sus familias, hasta con sus hijos en carriola; la mayor parte eran abogados. Algunas cifras llegan a mencionar la concurrencia de cerca de 30 mil personas, tan sólo en la Ciudad de México.
Mientras acompañaba la marcha de los trabajadores del poder judicial en apoyo a sus demandas, rondaban en mi cabeza diversas preocupaciones. La primera, la más importante, la enorme afectación en sus derechos que causa a miles de personas, quienes necesitan de los servicios urgentes de esa instancia judicial.
Los daños son incuantificables, porque los procesos de amparo de todas las materias: civiles, administrativas, mercantiles, familiares, penales y laborales, se detuvieron abruptamente por este conflicto. Las demandas laborales de competencia federal y amparos ni siquiera pudieron ingresar desde que inició el paro, porque el personal se encontraba luchando por sus derechos.
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Ya se avizora que al reinicio de labores se agolpen algunas miles de personas para presentar sus demandas.
Todo comenzó con la decisión de los legisladores del partido gobernante, con el aval del presidente de la república, para intentar eliminar 13 de los 14 fideicomisos, bajo el argumento de que son usados para los derroches y privilegios del poder judicial. A los ministros se les exhibió como los principales beneficiarios de ese dispendio, sin que hubiesen demostrado tal hipótesis los cuasi legisladores.
En este movimiento también quedó en evidencia el desconocimiento de los dirigentes sindicales y de los trabajadores sobre en qué consiste la afectación a sus derechos laborales, algunos ni siquiera sabían de su existencia. Hasta se les vio balbucear al no saber exponer de qué se trataba la supuesta afectación. Las protestas han alcanzado a los representantes sindicales que han sido rebasados por sus bases enfurecidas de tanta pasividad mostrada.
Fue el Consejo de la Judicatura quien tuvo que explicar cómo se afectaban las pensiones jubilatorias de jueces y magistrados, y los alimentos y complementos de la seguridad social para los sindicalizados. Sin embargo, resulta necesario conocer porque sí se constituyeron estos fideicomisos para tales fines, los recursos que integran su patrimonio no han sido ejercidos para su entrega en favor de sus beneficiarios sino se fondean a través de otros recursos del poder judicial.
Las pensiones complementarias, siguen la misma suerte, al igual que la implementación de la reforma penal y laboral, las cuales se fondean de otros recursos.
Lo cierto es que los seudo legisladores autores de la iniciativa para eliminar los famosos 13 fideicomisos no conocen de su operación y alcances, su propósito es desprestigiar a como dé lugar al poder judicial. Usan este ardid como una guerra para ganar votos, que es lo único que les importa. Son tiempos políticos, no lo podemos olvidar, el voto para ellos es lo más importante, cueste lo que cueste, aún a costa de la intervención excesiva sobre el poder judicial.
Los desorientados legisladores promotores de la cancelación de los fideicomisos no han atinado en unificar sus argumentos. Llegaron a decir que los ministros eran los beneficiarios, después se dieron cuenta de que no era así; sin embargo, insistieron en manifestar que lo anulado eran los privilegios y no los derechos laborales. Después, los incautos legisladores se dieron cuenta de que sí se afectaban estos derechos. Se percataron de que sus asesores se habían equivocado, pero su orgullo pudo más y decidieron sostener altivamente su error.
El presidente de la república se dedicó a atacar a los integrantes del poder judicial y los acusó de no trabajar, hecho que en la manifestación del domingo pasado fue uno de los reclamos principales de los trabajadores, porque son evidentes las sobrecargas de trabajo que tienen. Puedo constatar que los tribunales de amparo tienen que pagar las carencias de infraestructura para atender los reclamos de la ciudadanía por la violación a sus derechos humanos.
En la marcha escuchaba consignas de que el problema no era el dinero, sino la injerencia del poder ejecutivo en puntos que únicamente le toca resolver al poder judicial. Coincido con esta afirmación. Si bien es cierto que algunos ministros llegaron a resolver cosas inauditas, como suspender la entrega de libros de texto, que eran resoluciones sin disimulo con alto contenido político, ello no justifica de manera alguna que el presidente de la república, a través de legisladores (que ignoran lo que es legislar y lo hacen todo al vapor), lleven a cabo, como si fuera venganza, la eliminación de fideicomisos con evidente violación a la Constitución.
Sin embargo, en esta disputa, a pesar de que el pleito legal lo tiene perdido el gobierno, porque finalmente serán los ministros los que echen abajo la extinción de los fideicomisos, en el terreno político se plantea la hipótesis de que el presidente saldrá triunfante, pero claro, con algunos raspones.
Se encargará de dar la impresión ante la sociedad de que los ministros sólo actúan para beneficio propio y no en defensa de la Constitución, y eso lo fortalecerá mediáticamente.
Pero también la ministra Norma Piña tendrá sus beneficios políticos, si de algo le sirven, ya que, aunque sea parte de la fachada, López Obrador aparecerá como un tirano, alguien que se entromete en otro poder a costa de lo que sea. Algo así: si no te domino, entonces eres mi enemigo.
En esta guerra de alto costo, los perdedores serán las víctimas: trabajadores, sindicatos y patrones afectados en sus derechos humanos, porque no se podrán refugiar en un Palacio de Gobierno ni en un Palacio de Justicia, y tendrán que soportar la carencia de juzgados y el retraso injustificado de sus juicios, para que al final sólo les escupan en la cara impunidad.
Los paristas han sostenido su movimiento, recibiendo su salario íntegro sin descuento alguno, con todo y premio de puntualidad. Se oyen voces de querer continuarlo hasta que se esfume el peligro de la extinción de los fideicomisos.
Los dos poderes, el ejecutivo y el judicial, quedarán con algunas ventanas rotas y se declararán vencedores de esta guerra estéril. Mientras tanto, los ciudadanos con derechos humanos agraviados verán al legislativo tirarse en el piso y llenarse de lodo, impotente, sufriendo la burla, porque su iniciativa anti-fideicomisos es y será un rotundo fracaso.