Acapulco ha sufrido una de las más grandes afectaciones de su historia, la furia del huracán Otis ha dejado a su paso destrucción y muerte; y la ausencia de las autoridades, una sensación de desesperanza y abandono entre la población, en especial, en las zonas más pobres y más expuestas.
Las imágenes difundidas son desgarradoras, pero lo peor aún está por venir. A la fecha se han hecho estimaciones de los daños al 80% de la infraestructura hotelera y turística, con afectaciones directas y de largo plazo a la principal fuente de ingresos de la población. A seis días del impacto, aún no hay información confiable sobre el número de personas heridas y fallecidas y de los daños materiales a cientos de comunidades de las zonas altas de la bahía que, de acuerdo a los primeros reportes satelitales, fueron las más afectadas, con ráfagas de viento de hasta 329 kilómetros por hora.
Cierto es que ningún gobierno es responsable directo de un desastre natural, pero la incapacidad para evaluar el daño potencial, la ausencia de las autoridades en las primeras horas de la tragedia y la ineficacia para agilizar la ayuda humanitaria, ha generado airadas reacciones y críticas a las autoridades por su inacción ante el huracán.
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Hechos relacionados con las actividades de las autoridades locales y federales en las horas previas, confirman la grave omisión de los funcionarios. No hay constancia de medidas suficientes de advertencia a la población sobre la gravedad y el peligro del huracán. El gobierno federal emitió desde la cuenta X del presidente, un escueto mensaje a las 20:06 hrs del martes 24 de octubre, refiriendo el fenómeno de manera general. Hoy se sabe que el Servicio Meteorológico Nacional y los observatorios internacionales, confirmaron el huracán y advirtieron sobre su peligrosidad, doce horas antes de que nos impactara.
La descoordinación de las autoridades locales revelan la ignorancia y el desinterés sobre lo que estaba pasando. La gobernadora estaba fuera del estado y los secretarios de su gabinete, acompañados de representantes de la zona militar, inauguraban esa noche la convención minera en un hotel que, a partir de la 0:25 hrs del 25 de octubre, sería devastado.
A reserva de una investigación exhaustiva y con fuerza legal para fincar responsabilidades, lo que más indigna es la actuación de las autoridades después del paso del huracán. La decisión de centralizar la ayuda humanitaria desalienta y obstruye la solidaridad que caracteriza a nuestro pueblo. Proscribir a las organizaciones sociales y comunitarias como sujetos de ayuda en la emergencia limita las posibilidades de apoyo, alarga la recuperación y aumenta el dolor de la población. Esto ha molestado a muchos ciudadanos dispuestos a colaborar y, sobre todo, a los damnificados ante la insuficiente respuesta gubernamental.
Ante el tamaño y la gravedad de lo ocurrido es indispensable hacer un llamado a la unidad, dejar de lado los cálculos político electorales, transparentar y agilizar los fondos públicos y la ayuda humanitaria y poner en el centro de las decisiones públicas a las personas afectadas. Los recursos que se requieren son ingentes, rondan los 15 mil millones de dólares; más de un millón de afectados requieren apoyo inmediato para subsistir y requerirán empleo, escuelas, hospitales y medicinas. Centralizar y estatizar la solidaridad mata. Todos estamos llamados a participar, Acapulco es de todos.