La exigencia de justicia y el clamor contra la impunidad es una de las demandas más sentidas de la población, en especial, entre quienes menos tienen y menos pueden. Atacar al Poder Judicial con medidas que niegan la división de poderes, que restringen los recursos de sus trabajadores y que descalifican a los juzgadores, es una medida autoritaria que lastima a la sociedad, vulnera al Poder Judicial y debilita a la democracia.
La pretensión del ejecutivo y su bancada de recortar los recursos al Poder Judicial hasta por 15 mil millones, para trasladarlos a la Tesorería de la Federación, sin ningún fundamento ni explicación sobre el destino de los mismos, ha generado todo tipo de reacciones de los trabajadores que ven vulnerados sus derechos laborales.
Ante este atropello monumental, la Barra Mexicana de Abogados calificó la andanada como inadmisible, subrayando que “Es intolerable que se vulnere la división de poderes con indebidas e ilegales intromisiones a la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal, efectuadas por otros poderes que violentan el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”.
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Pese a la opacidad con la que se han manejado los recursos que se retiraron de otros fideicomisos y a la falta de fundamento para el nuevo despojo, la beligerancia con la que se está instrumentando la maniobra en la Cámara de Diputados, anticipa que el grupo en el poder está decidió a votar el presupuesto sin moverle una sola coma, pasando por encima de los derechos de los trabajadores sin ninguna consideración.
Las protestas callejeras, inéditas en el Poder Judicial, reflejan la preocupación e indignación de miles de trabajadores y de sus familias, a quienes se les injuria como detentadores de privilegios. Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo vulnera la división de poderes y pone en un predicamento la operación y funcionalidad de la judicatura, afectando la administración de justicia en perjuicio de los justiciables y el derecho a la justicia de toda la población.
Procurar y administrar justicia para todos, es la primera obligación del estado y condición sine qua non del sistema democrático. En sentido amplio, garantizar el acceso a la justicia es la primera condición para asegurar la convivencia pacífica y el desarrollo integral de la sociedad. Por tanto, se equivocan quienes piensen que debilitando al Poder Judicial se puede alcanzar un mejor nivel de vida para la población; mienten quienes sostienen que la seguridad y la paz se puede lograr sin la mediación y el arbitraje de la judicatura federal en caso de controversias, agravios y abusos de poder.
Por el bien del país, es indispensable detener esta maniobra autoritaria y hacer valer la legalidad y la división de poderes. Aún es tiempo de que los promotores de esta iniciativa recapaciten, sobre todo si pretenden permanecer en el poder.
Demoler a las instituciones democráticas nos perjudica a todos. A nadie sirve querer gobernar sobre ruinas, a menos que el propósito transexenal sea el establecimiento de la dictadura. De ser así, los demócratas daremos la lucha para detener la deriva autoritaria en defensa de la democracia y las libertades.