Dos gobiernos antecesores de escasa obra y un precario aprecio por la transparencia han hecho fluir la narrativa del gobierno benefactor y dinámico en San Luis Potosí. Se construye sin proyecto claro, presupuesto, información a la vista ni propósito, pero se construye. Y que nos demos por bien servidos.
Los padres de familia y alumnos de un colegio en la conurbada Soledad de Graciano Sánchez solicitan un puente peatonal para hacer más seguro el cruce sobre la carretera a Rioverde, frene al centro escolar privado. El gobernador del estado, y ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, respondió en tono de perdonavidas de serie “B” que, si querían el puente, lo pagaran ellos.
Puentes peatonales en San Luis Potosí capital los hay frente a plazas comerciales, supermercados, clínicas de seguridad social, universidades privadas y una larga lista de negocios y entidades públicas diversas. Ninguno se construyó para el uso exclusivo de los usuarios, derechohabientes, clientes o parroquianos de los lugares que tienen enfrente. Tampoco se solicitó a esos sitios, comerciales, educativos, de salud y un largo etcétera, que pagaran esas estructuras de servicio urbano.
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Mucho más cara que un puente peatonal para uso público, la arena de charrería que el gobernador se empecinó en construir con recursos públicos no estará lista para el Congreso Nacional Charro que se supone albergaría. La inversión para este lugar, unos quinientos millones de pesos.
El evento, programado para el 9 de noviembre, fue además la razón máxima que el mandatario potosino esgrimió para su proyecto, pues desde su muy charra perspectiva, el torneo de coleadas, montas bravas y floreos de reata nos va a dar una proyección que ni Glastonbury, los sanfermines o la Serie Mundial, según nos dé el gusto de espectáculo masivo. Que aquello va a ser más fortificante para nuestra mermada salud turística y de convenciones que la emulsión de Scott de infancias ya algo lejanas. Ricardo Gallardo Cardona es el patrono de un muy competitivo equipo de charrería que no se paga con una tarjetita del Bienestar.
Determinado, no dio lugar ni a la duda cuando el ojo público le echó cálculo de rezago evidente al avance de la obra a principio del mes, todavía en torres de acero a medio ahogar en concreto. Que no había plan “B” y que los dudosos se fueran a aguarle la fiesta a sus propios deseos de ver inconcluso el coleadero plus en construcción.
Puesto en evidencia una acelerada movilización de tierras, traxcavos y volquetes en el viejo estadio de béisbol de la ciudad. Al Gobierno del Estado no le quedó más que boletinar que en efecto la proyectada arena del gobernador no sería la sede de la justa charra, que no estará a tiempo y sí hay plan “B” en el estadio. Y como el traqueteo emergente de acondicionar el diamante para el coleadero seguro tiene costo, el gobernador le atribuyó la obra a la seguramente generosa y acomedida Federación Charra.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó en su sección Nuestro Dinero un análisis del gasto de los estados del país. Con base en las cuentas públicas 2022 de todas las entidades, un comparativo entre el gasto aprobado y el devengado arroja un sobrebregasto promedio de 9.75% nacional. Y a San Luis Potosí en ese año, el primero de ejercicio completo de Gallardo, le calculan unos 3 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado, 5.74% de variación.
Después de dos sexenios de poca obra, la administración gallardista destapó desde inicio la búsqueda de un sello realizador. Se metió a enchular el mayor parque público de San Luis Potosí (410 hectáreas), pavimentó, trazó caminos, levantó puentes viales inconclusos y, fan del espectáculo, habilitó las instalaciones de la Feria Nacional Potosina para masivos feriales gratuitos a diario.
Y de igual forma, también inauguró y dejó clara su vocación por la no rendición de cuentas. Del derroche de dos ediciones en la nómina artística de figuras norteñas, rancheras, raperas, de gorgoritos tumbaos y otras derivas populares, el patronato no concede dato fehaciente. De las obras y renta de equipamiento para escenarios, mucho menos. El gobernador hace su numerito de indignación porque el patronato no atiende a la transparencia, pero su patronato no es otra cosa que un coro dócil de mutistas sobre pedido.
2023 aceleró el paso, para el aplauso de sus seguidores, sí, pero también de una población que en dos sexenios priistas vio poco, lento y medidito en obras, cuando no reverendos fracasos como la primera línea de metrobús que en dos sexenios no pudo hacerse, de una docena proyectada y apoyada con Banobras desde el mandato de Fernando Toranzo Fernández.
Convertida la transparencia en un nicho de oportunidad burocrática exclusivo para profesionistas del derecho, es un valor cuyo aprecio no consiguió expandirse entre la población. No se trabajó lo suficiente para interesar a los ciudadanos en la práctica de pedir cuentas. Tampoco tiene un diseño amigable para el común. Una petición simple puede convertirse en litigio farragoso que la gente prefiere abandonar.
Y en el extremo, también hay excesos sin sentido que conceden todavía más razones para no apreciarla como lo que es: los de una caterva recordada en varias dependencias de peticionarios conflictivos, enredosos, chantajistas y/o vengativos. Hubo uno de estos personajes que cobró fama por amedrentar a varias instituciones públicas con un bombardeo de peticiones –SEGE entre ellas-, con el noble fin de dar tregua sólo a cambio de una plaza para su hijo, un mocetón inempleable.
En esa propulsión por el hacer obras, el gobierno gallardista no atiende planeación, proyecto, presupuesto ni origen claro de los fondos para pagarlas. El claro evidente que complementa las sombras en ese cuadro es el reclamo, un día sí y al otro también, del escamoteo de liquidaciones a los pensionistas, de los manoseos a prestaciones de maestros en distintos niveles, del adeudo creciente a la UASLP, de las restricciones al gasto en educación superior y un cada vez más extenso panorama de faltantes en recursos etiquetados que antes no sucedían. Se mete mano a los cajones presupuestales de manera indistinta, sin ningún orden, se colige.
Quizá convencido de la aprobación que le dan potosinos que prefieren ver obras como sea que hayan sido hechas a no ver ninguna, y lo demás son complicaciones barrocas, el gobierno gallardista decidió quitar el adoquín del barrio de San Miguelito y pavimentar las calles con concreto para mayor comodidad de los automovilistas. La movilización de los vecinos y un amparo lo obligó a parar. Le exigieron el proyecto claro de lo que pretendía hacer, ser escuchados y que se incluyan sus propuestas…
Como la presión subió un poco el tono para la Secretaría de Obras por la falta de datos respecto de todas sus construcciones, la secretaria titular informó que su comité de transparencia decidió reservar la información “por amenazas” a los constructores. Sanseacabó. Nadie le ha preguntado al gobernador, o a su secretario de Gobierno, si un estado en donde se amenaza a constructores y proveedores con tanta eficacia merece puntuar como un lugar seguro para sus ciudadanos.
Seguirá así porque no hay contrapeso institucional que le pare los pies. Si acaso ciudadanos como los vecinos de San Miguelito, que no se tragarán la narrativa del gobierno benefactor al que por ello nada ha de cuestionársele, mucho menos hacerle comparecer de sus hechos.