La alarma resuena en cada rincón de Chiapas, un territorio vilmente entregado por la Federación al narcotráfico, donde el avance implacable de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación siembra terror y desolación.
Frente a esta avanzada, los 24,726 elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, y de las fuerzas policiales en un inquietante silencio, parecen haber abandonado la región a su suerte, dejándola cada vez más oprimida bajo el yugo del crimen organizado.
Poblados chiapanecos fronterizos con Guatemala, hoy están bajo la ocupación de estos grupos narcotraficantes. Sus habitantes, atemorizados, observan cómo sus comunidades son invadidas por hombres armados, mientras la respuesta de las autoridades y las fuerzas armadas es un eco de silencio.
Te podría interesar
De no cambiar este panorama, el futuro cercano se presagia devastador. La expansión no contenida de estos cárteles podría consolidar su presencia y dominio en la región, intensificando la violencia y otras actividades ilegales, como la trata de personas y el tráfico de armas y drogas.
La inacción de las autoridades nacionales no solo quiebra la paz y la seguridad de Chiapas, sino que también pone en jaque la soberanía del país entero. La urgente intervención estatal es imperativa para recuperar el control de la región y garantizar la seguridad y bienestar de sus habitantes.
Es urgente que el gobierno federal actúe con decisión y firmeza, implementando estrategias integrales que involucren a todas las instituciones de seguridad y justicia del país, y con ello respalde el pedido del gobierno estatal de que se mejore la seguridad en esa parte del país.
En cuanto a seguridad pública, Chiapas cuenta con 9,989 policías, de los cuales 8,767 son operativos. A nivel federal, se cuenta con un contingente significativo de fuerzas de seguridad, sumando un total de 24,726 efectivos. A pesar de estos recursos, la presencia de los cárteles en la región es palpable y creciente.
Videos recientes mostraron la llegada de un convoy del Cártel de Sinaloa a San Gregorio Chamic, Chiapas. Esta caravana disolvió bloqueos carreteros, exacerbando la ya frágil situación de seguridad y aumentando el desabasto de combustible en la región.
La guerra entre los cárteles por el control del municipio de Frontera Comalapa mantiene sometidos a los habitantes de la región.
La toma de control de los 80 kilómetros de frontera que tiene la región Sierra con Guatemala, abarcando 11 municipios de Chiapas, ha desencadenado enfrentamientos, quema de vehículos, bloqueos carreteros y secuestros.
Adicionalmente, el futuro gobernador de Chiapas enfrentará una serie de problemas acuciantes que han afectado la calidad de vida de los ciudadanos y han minado el desarrollo económico y social de la entidad.
La inseguridad es uno de los principales problemas que la nueva administración deberá atender, con un llamado urgente a fortalecer las instituciones de seguridad pública y mejorar las estrategias de prevención del delito.
La situación en Chenalhó, donde el desplazamiento indígena ha causado conflictos y sufrimiento, también será una prioridad. El respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como la promoción de su desarrollo integral, son aspectos fundamentales que el próximo gobernante deberá garantizar.
El fenómeno migratorio es otro de los problemas cruciales en Chiapas. El futuro gobernador deberá trabajar coordinadamente con el gobierno federal y organizaciones internacionales para asegurar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, y promover políticas que ofrezcan soluciones integrales a esta problemática.
Chiapas es uno de los estados más pobres del país, y la lucha contra la pobreza debe ser una estrategia central del próximo gobierno estatal. Es fundamental garantizar el acceso a servicios básicos, educación de calidad y oportunidades de empleo digno para todos los chiapanecos.
La falta de apoyos al campo, al sector pesquero y otros rubros productivos es otra problemática que el nuevo gobernador deberá enfrentar. Impulsar el desarrollo de estos sectores es clave para mejorar la economía local y garantizar la seguridad alimentaria en el estado.
Es imperativo un cambio decisivo en la respuesta gubernamental ante esta crisis creciente.