Está claro. La violencia del crimen organizado tampoco respetará el Proceso Electoral Federal 2023-2024. Así lo confirma el asesinato de dos encuestadores y el secuestro de uno más, registrado en Chiapas el pasado fin de semana.
El lamentable delito pasó casi desapercibido. La aprehensión de Andrés Roemer —y otras noticias políticas— han opacado la relevancia de lo acontecido. Sin embargo, es evidente que se trata de una señal preocupante sobre lo que se puede esperar en los meses que vienen.
Los jóvenes encuestadores que trabajaban para el proceso interno de Morena, fueron sacados a la fuerza del hotel en que se hospedaban y sus cuerpos encontrados con signos de tortura. De acuerdo con información preliminar, el móvil del crimen fue presuntamente un robo y ya hay varias personas detenidas.
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Detrás de la información y las reacciones que han difundido los medios de comunicación, parece estar la intención —tanto de las autoridades como de la dirigencia de Morena— de no dar a la noticia un perfil muy alto o convertirlo en señal de alarma.
Si bien es cierto que dicha decisión parece ser la más lógica, al menos desde la perspectiva del pragmatismo político, también lo es que se anticipan altos niveles de riesgo para las y los candidatos que participarán en la contienda.
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En varias naciones democráticas, como Francia, el homicidio de una sola persona puede producir una reacción tan impresionante como violenta en contra de las autoridades. Pero aquí las movilizaciones contra la violencia no han derivado, aún, en presión efectiva para cambiar la situación.
Recordemos lo que sucedió en París en junio pasado. El asesinato de un adolescente argelino, cometido por un policía, provocó un despliegue policiaco insólito, ya que en tan sólo una semana el gobierno movilizó a más de 45 mil agentes y gendarmes para contener la protesta social.
¿Cuál sería la reacción de la sociedad francesa ante, por ejemplo, los diez feminicidios que en promedio se cometen en México todos los días? ¿De qué magnitud serían sus protestas por los casi 2,500 homicidios dolosos que se cometen mensualmente? ¿Qué harían si tuvieran en su registro nacional a más de 105 mil personas desaparecidas?
En nuestro país, la violencia electoral ha existido siempre. El magnicidio de Luis Donaldo Colosio fue una de sus peores expresiones. Desde entonces, no ha habido un solo proceso que no haya sido manchado de sangre. Unas veces más, otras menos.
Para que lo tengas presente: Francia: el recuento de los daños tras una semana de disturbios.
El problema aquí se explica en buena medida porque las experiencias violentas que hemos vivido no han generado la reacción social que ameritan. Por supuesto que ha habido manifestaciones y marchas memorables. Pero ninguna ha logrado poner freno a la violencia de diversos tipos que prevalece.
El principal obstáculo que tenemos se describe con conceptos muy fuertes pero ciertos: injusticia, impunidad, corrupción, indolencia. Ni los casos dramáticos que han adquirido una relevancia internacional y simbólica, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, han podido contribuir a la consolidación de un frente común entre gobiernos, partidos y sociedad para mitigar el problema.
Lo que está pasando es grave. Si no fuera por la “normalidad” en que se ha convertido el tema de la violencia, estaría muy cerca de convertirse en caos, porque crisis ya es desde hace más de 15 años. Y la solución no se ve ni en el corto ni en el mediano plazo.
Aún más. Por momentos, parece que los noticieros son una más de las series de ficción a las que tenemos acceso en las plataformas de streaming, aquellas en las que sus contenidos, diálogos e imágenes “nos entretienen”, pero que al mismo tiempo nos parecen tan distantes como ajenas.
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Asistimos, sin duda, a la participación de un fenómeno político y de comunicación política muy complicado que no termina de comprenderse con profundidad. Y si no se entiende, no hay razones para esperar o generar un cambio significativo en nuestro sistema de justicia.
Ningún asesinato ni ninguna agresión tienen justificación, sea o no en tiempos electorales. Tampoco la debería tener la violencia verbal. Lo que pasa con la violencia electoral es que sí tiene el potencial de convertirse en un peligro para la sociedad y la gobernabilidad del país.
El asesinato y secuestro de los jóvenes encuestadores de Morena no puede quedar en el olvido o la indiferencia. Quizás algunos piensen que lo mejor es no sobredimensionar el tema, pero lo que sin duda resulta necesario es tomar en serio cartas en el asunto y prevenir los peligros que ya se avizoran.
Además, lo que más le conviene a las autoridades y dirigentes de los partidos es corregir la estrategia de comunicación, porque en éste —como en otros casos de crisis— ocultar o restarle importancia a lo que pasó no resuelve el problema de fondo. Tampoco contribuye a poner freno a los grupos criminales. Todo lo contrario.
Que quede claro: seguridad y gobernabilidad van de la mano. De ahí la necesidad de sancionar a todos quienes promuevan o desaten la violencia. La razón para proceder de esta manera no deja espacio para la duda: atentar o interferir violentamente en los procesos electorales no se justifica ni se debe pasar por alto.
Por lo mismo, la impunidad debe erradicarse si aspiramos a vivir en un país donde la ley, la justicia y el respeto a los derechos humanos sean fundamentales. Y si no hay una respuesta contundente de las autoridades frente a este tema, los grupos criminales terminarán por dominar al país, meterlo en una crisis sin precedente y doblegar a nuestra democracia.