La división de poderes es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema político y del régimen republicano, democrático y representativo que se estableció desde la constitución de 1824 y que quedó plasmado en la Constitución de 1917.
El respeto a la división de poderes es un ordenamiento constitucional y una obligación ineludible para quien ha jurado “guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen”, en consecuencia, su observancia no está a discusión y no debe ceder al capricho o a la ocurrencia del gobernante en turno.
Siguiendo la sentencia de Reyes Heroles -ideólogo del sistema político al que pertenece el presidente y su partido- es saludable recordar que “en política la forma es fondo”, por lo mismo, no pasa desapercibido que la descortesía y la motivación que llevó al presidente, a no considerar la invitación a los titulares de los poderes a los festejos de las fiestas patrias, es una muestra clara de las formas autoritarias que habitan en Palacio Nacional.
Los términos que utilizó el presidente para descalificar a los titulares de los poderes de la Unión son muy reveladores, refiriéndose al poder judicial expresó: “no tenemos buenas relaciones con el poder judicial, se ha dedicado a actuar contra la transformación y nosotros consideramos que están en contra del pueblo, son representantes de la oligarquía y de una minoría corrupta y rapaz”. A los representantes del poder legislativo simplemente no los tomó en cuenta, se asume, por las mismas razones.
El desprecio a los poderes de la Unión y a los órganos constitucionalmente autónomos a lo largo del sexenio, va más allá de la expresión retórica, de fondo, hay una agenda de concentración de poder que considera a la división de poderes como un obstáculo a los propósitos del poder ejecutivo.
La extinción de los órganos autónomos, el debilitamiento de los que aún existen, la limitación de facultades a los poderes con argucias legislativas, la extinción de fideicomisos y la reciente propuesta de presupuesto para el ejercicio 2024, con la intención de paralizar por medio del control de cartera al poder judicial y debilitar las funciones del INE y el INAI, es apenas una muestra del autoritarismo del gobierno, para limitar y asfixiar a cualquier ente constitucional y legal que represente un contrapeso a la voluntad unipersonal y preeminente del poder ejecutivo.
A cinco años del gobierno actual y en vísperas del proceso electoral, hay suficientes elementos para acreditar la visión centralista y autoritaria del régimen. El autoritarismo gubernamental ha sido apuntalado por el abuso de poder a través del uso faccioso de las instituciones fiscalización e inteligencia financiera y por las encargadas de la procuración de justicia, en contra de los derechos humanos y las aspiraciones de los integrantes de los poderes constitucionales autónomos, de opositores y adversarios sociales y políticos.
Para detener la deriva autoritaria, es indispensable concretar la participación electoral de la oposición con la mayor unidad y con la más alta participación ciudadana en las próximas elecciones. El voto de los ciudadanos definirá el rumbo.