Barcelona, España. Sinaloa vuelve a ocupar titulares más allá de las fronteras de México, y no por sus logros agrícolas, su riqueza cultural o su gente, sino por una sombra que parece imposible de disipar: el narcotráfico. Una sombra que no se limita al territorio, sino que atraviesa gobiernos, pactos políticos y transiciones de poder que hoy revelan su verdadero rostro.
La solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, ante la intención de Estados Unidos de requerirlo judicialmente, no es un hecho aislado ni repentino. Es, más bien, la consecuencia lógica de una cadena de decisiones, alianzas y silencios acumulados durante años. Para entender este momento, es imprescindible mirar atrás y revisar quiénes facilitaron el camino que desemboca en la crisis actual.
Desde España, donde hoy escribo, la ironía es evidente. El embajador de México ante este país es Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa y antecesor directo de Rocha. Sin embargo, en el debate público nacional su nombre apenas aparece, como si su papel en la transición política del estado no mereciera mayor escrutinio. Pero la historia reciente de Sinaloa no puede contarse sin él.
Te podría interesar
Durante su administración quedó claro que la sucesión no fue una competencia electoral convencional, sino un proceso ampliamente descrito en Sinaloa como pactado. Quirino llegó a la gubernatura bajo las siglas del Partido Verde, aunque su respaldo real provenía del PRI. Entre sus colaboradores más cercanos figuraba Rubén Rocha Moya, entonces coordinador de asesores. Esa cercanía no fue accidental: fue política y estratégica.
Cuando llegó el momento de la sucesión, la operación parecía diseñada de antemano. Rocha encabezó la encuesta de Morena y ganó la elección de 2021 con una facilidad que despertó sospechas desde el inicio. No sólo por el peso de la maquinaria electoral, sino por algo más delicado: los señalamientos persistentes sobre el apoyo de grupos del narcotráfico, en particular aquellos vinculados a los llamados Chapitos. No fueron rumores aislados, sino denuncias realizadas por analistas, organizaciones civiles y ciudadanos que vivieron ese proceso electoral entre el miedo y la resignación. Yo mismo lo advertí en su momento.
Para comprender mejor el perfil de Rocha, conviene recordar cómo lo describía Héctor Melesio Cuén —ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y líder del Partido Sinaloense, asesinado el año pasado—: un político confrontativo, siempre en pugna con el poder. Desde sus inicios como profesor rural, pasando por su etapa como rector universitario, Rocha mantuvo una relación conflictiva con los gobiernos en turno. Al llegar al poder, la confrontación no desapareció: cambió de dirección. Entró en conflicto con la universidad que dirigió, con antiguos aliados y, en buena medida, con su propia historia.
Mientras tanto, Sinaloa continuó cargando con un estigma que pocos se atreven a nombrar abiertamente, pero que todos conocen. Un estigma que no sólo impacta en la seguridad interna, sino también en la percepción internacional. Decir “soy de Sinaloa” en el extranjero sigue modificando el tono de cualquier conversación, no por culpa de sus ciudadanos, sino por decisiones políticas que han normalizado la sombra del crimen en la vida pública.
Las elecciones de 2021 fueron un ejemplo claro. No sólo se cuestionó el triunfo de Rocha, sino también el de numerosos diputados y alcaldes, tanto en las principales ciudades como en zonas rurales. El mapa político resultante quedó teñido de sospechas, silencios y omisiones que muchos prefirieron ignorar.
Hoy, con la licencia del gobernador y la presión internacional cada vez más evidente, las piezas comienzan a acomodarse. Lo que durante años fue tratado como rumor adquiere ahora forma de confirmación. La transición entre Quirino Ordaz y Rubén Rocha no fue una competencia democrática plena: fue un pacto. Un acuerdo político que, de acuerdo con múltiples voces, incluyó la intervención de actores criminales. Y como todo pacto de esta naturaleza, llega inevitablemente a su fractura.
En este escenario, resulta llamativa la omisión sistemática del nombre de Quirino Ordaz Coppel en el debate público. El exgobernador y hoy embajador en España fue una pieza clave en la transición que abrió paso al actual gobierno. Sin embargo, su responsabilidad política parece diluirse en el silencio diplomático.
Esa ausencia no es menor. Distorsiona la lectura de los hechos y protege a quienes formaron parte del arreglo político que hoy muestra sus consecuencias. La diplomacia no debería convertirse en refugio para el olvido, ni los cargos públicos en blindajes morales. Sinaloa merece una revisión completa de su historia reciente, y eso incluye interpelar a todos los actores de aquella transición, incluido quien entregó el poder... Así Veo México.