Barcelona, España. México tiene una habilidad peculiar para presumir modernidad mientras impulsa proyectos que, en cualquier país con estándares mínimos de actualización tecnológica, serían considerados prototipos descontinuados. La planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, que construye el grupo PROMAN-GPO, es un ejemplo claro: se presenta como un salto hacia el futuro, pero en realidad compite con tecnologías que el mundo desarrollado está dejando atrás por ineficientes, costosas y ambientalmente insostenibles.
Mientras las grandes potencias migran hacia la producción de amoníaco verde —alimentado por energías renovables, electrólisis y sistemas de captura de carbono— en México seguimos apostando por el gas metano, un insumo que ya ni siquiera es competitivo. Producir una tonelada de amoníaco con metano genera entre 1.6 y 2.0 toneladas de CO2, mientras que los procesos basados en hidrógeno verde pueden reducir esas emisiones hasta en 90%. La diferencia no es menor: es la distancia entre un modelo industrial del siglo XX y uno del siglo XXI.
Los costos también cuentan. En mercados avanzados, el amoníaco verde ya compite en rangos de 600 a 850 dólares por tonelada, mientras que el amoníaco gris —el que se produciría en Topolobampo— oscila entre 300 a 450 dólares, pero con una tendencia al alza por la volatilidad del gas natural. La brecha se está cerrando rápidamente, y países como Estados Unidos, Alemania, Japón y Arabia Saudita están invirtiendo miles de millones para acelerar esa transición. México, en cambio, parece decidido a subirse al tren… pero al vagón equivocado.
Te podría interesar
Los números globales lo dejan claro. China produce más de 30 millones de toneladas anuales de amoníaco, India supera los 20 millones, Estados Unidos ronda los 14 millones, y la Unión Europea alrededor de 11 millones. Todos ellos están reconvirtiendo plantas, ajustando regulaciones y alineando incentivos para reducir emisiones. México, con apenas 1.5 millones de toneladas, pretende “ponerse al día” construyendo una planta que ya nace obsoleta.
Pero el rezago técnico no es el único problema. El proyecto nació torcido desde el origen: sin cumplir adecuadamente con la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas mayo-yoremes, como exige la ley mexicana y los tratados internacionales. La consulta se realizó tarde, fragmentada y con un evidente sesgo informativo. En México, la legalidad suele respetarse… siempre y cuando no interfiera con la urgencia de inaugurar algo. Y luego está el territorio. La planta se proyecta a escasos metros de uno de los sistemas de humedales más importantes del noroeste del país, ecosistemas que regulan el clima local, sostienen la pesca y funcionan como barreras naturales frente a eventos extremos. Mientras el mundo protege sus humedales como infraestructura ecológica estratégica, aquí seguimos discutiendo si vale la pena arriesgarlos por un proyecto industrial que ni siquiera está alineado con las tendencias globales.
¿Y los agricultores?
Aquí está la parte que casi nunca se dice: los agricultores no necesariamente se benefician, y en ello hay diferentes razones, como, por ejemplo, el precio del fertilizante no baja solo porque se produzca localmente, y todavía más, el precio lo dicta el mercado internacional, no la distancia a la planta. Los agricultores mexicanos ya lo saben: cuando sube el gas natural, sube el fertilizante, aunque se produzca en la esquina. En el mismo sentido, la volatilidad del gas natural los deja igual de expuestos. Un fertilizante basado en metano mantiene a los productores agrícolas atados a un insumo cuyo precio cambia por factores geopolíticos que nada tienen que ver con ellos. Y, por último, la promesa de “soberanía” no se traduce en acceso. Si la planta opera bajo lógica comercial —como todas— venderá al mejor postor, no al agricultor local. La idea de que “habrá fertilizante barato para Sinaloa” es más un eslogan que una política pública.
En otras palabras: el agricultor no gana automáticamente. Y si el proyecto implica riesgos ambientales, tensiones sociales y un modelo industrial rezagado, la pregunta es inevitable: ¿quién sí gana? La contradicción es evidente: un país que presume compromiso climático, pero impulsa una planta que nace vieja; un gobierno que habla de soberanía, pero ignora a los pueblos que habitan el territorio; un discurso que promete futuro, pero se aferra a tecnologías del pasado. Topolobampo no es solo un proyecto industrial: es un espejo incómodo de cómo México sigue entendiendo el desarrollo.
Mientras las grandes potencias compiten por liderar la transición energética, nosotros seguimos atrapados en debates que afuera ya no existen. Y lo más preocupante es que, si no corregimos el rumbo, no solo perderemos competitividad: perderemos territorio, ecosistemas y la confianza de quienes deberían ser los primeros en ser escuchados.