En un giro a la política de comercio exterior, el gobierno de México oficializó este lunes 5 de enero de 2026 la reactivación de aranceles para la importación de carne de res y cerdo, mediante la publicación de dos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La medida marca el fin de la exención arancelaria irrestricta que operó desde 2022 bajo el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y busca, según el Ejecutivo Federal, fortalecer la soberanía alimentaria y equilibrar las condiciones de competencia para los ganaderos nacionales.
Los decretos publicados detallan la implementación de "aranceles-cupo" para el ejercicio fiscal 2026. Este mecanismo permite la entrada de ciertos volúmenes de productos cárnicos con una tasa preferencial (exentos o reducidos), pero una vez agotado el cupo establecido, las importaciones adicionales deberán pagar el arancel general estipulado en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).
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Protección al sector pecuario
La justificación de la Secretaría de Economía subraya que, si bien las exenciones previas fueron necesarias para contener la inflación en momentos críticos, el escenario actual exige medidas que favorezcan la producción interna. El gobierno argumenta que el ingreso masivo de carne de terceros países —especialmente aquellos con los que México no tiene tratados de libre comercio— ponía en riesgo la rentabilidad de las cadenas productivas locales de porcicultura y ganadería bovina.
Para la carne de cerdo, el nuevo esquema establece reglas claras de asignación mediante el portal SNICE. Se priorizará el "precio mínimo" para asegurar que el beneficio del cupo se refleje en costos competitivos para el consumidor final. Por su parte, el cupo para la carne de res busca garantizar un abasto complementario de aproximadamente 70 mil toneladas, enfocándose en cortes y canales que la industria nacional no alcanza a cubrir en su totalidad.
Vigencia y controles sanitarios
Los certificados de cupo emitidos bajo estos decretos tendrán una vigencia máxima hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, las autoridades hicieron énfasis en que la administración de estas cuotas no implica una relajación en las normas de inocuidad. La Senasica y la Cofepris mantendrán una vigilancia estricta para evitar que la apertura administrada comprometa la sanidad animal o la salud pública.
Con esta decisión, México se alinea con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, priorizando el mercado interno sobre la dependencia externa en productos básicos de la dieta nacional.
lrc