Estados Unidos informó sobre una serie de obstáculos regulatorios y de políticas en México que, a su juicio, afectan negativamente a las empresas estadounidenses y desincentivan la inversión extranjera directa, a pesar de la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Esta información forma parte del “2025 National Trade Estimate Report”, un documento oficial en el que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) describe barreras comerciales en países socios.
Aduanas y logística: inconsistencias y cambios repentinos
Las autoridades estadounidenses señalan que México no proporciona notificaciones con suficiente anticipación sobre cambios en procedimientos aduaneros o requisitos fiscales, y que en ocasiones los comunica con menos de dos semanas antes de su entrada en vigor. También identifican interpretaciones inconsistentes de los requisitos regulatorios en distintos puntos fronterizos, así como una aplicación desigual de normas mexicanas de etiquetado.
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Reportan restricciones logísticas que afectan especialmente a pequeñas y medianas empresas exportadoras, al limitar la entrada de mercancías a ciertos puertos. Aunque el T-MEC prohíbe limitaciones arbitrarias, el artículo 161 de la Ley Aduanera mexicana impide a los agentes aduanales operar en más de cuatro puertos si no forman parte de una agencia. Además, mencionan que México no implementa la opción de pago periódico para envíos exprés, como lo establece el tratado.
También se introduce un nuevo requisito: los destinatarios deben contar con una identificación fiscal mexicana para utilizar procedimientos simplificados en envíos menores a 2,500 dólares, lo cual contraviene lo estipulado en el T-MEC.
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Restricciones en sectores farmacéutico, agrícola y de telecomunicaciones
En el sector salud, se describen retrasos de hasta 24 meses en la aprobación de registros sanitarios y permisos de importación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), incluso para productos ya aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA). Esta situación se atribuye a la falta de personal y capacidades en la agencia.
Respecto a productos agrícolas, el gobierno mexicano rechaza permisos de importación para productos con glifosato sin consultar al público ni presentar evidencia científica, además de imponer cuotas reducidas para su importación. También se reportan retrasos en el registro de plaguicidas y químicos agrícolas, y la pérdida de licencias por la no renovación de registros.
En materia de biotecnología agrícola, COFEPRIS retrasa autorizaciones de productos genéticamente modificados (GE), como el maíz y el algodón, sin justificación científica. Un decreto emitido en 2023 prohíbe el uso de maíz GE en tortillas y masa, e impone restricciones graduales para su uso en alimentos, pese a un fallo del panel de solución de controversias del T-MEC a favor de EU. en diciembre de 2024.
En telecomunicaciones, se destaca que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) exige pruebas en territorio mexicano con estándares desactualizados, lo cual genera demoras. Además, una enmienda constitucional aprobada en diciembre de 2024 elimina agencias reguladoras autónomas, incluido el IFT, lo que genera inquietud sobre el cumplimiento del T-MEC.
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Propiedad intelectual: piratería y falta de aplicación
Estados Unidos advierte sobre la amplia disponibilidad de productos falsificados y pirateados en México, tanto en mercados físicos como en plataformas digitales. Identifica una débil aplicación penal de los derechos de propiedad intelectual, caracterizada por escasa coordinación entre autoridades, falta de recursos y sanciones ineficaces.
También señala el registro de marcas de mala fe, así como la lentitud en procedimientos por infracción de patentes y marcas. A esto se suma la incertidumbre en los sectores creativo e innovador por la falta de reglamentos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor, cuya implementación sigue pendiente hasta diciembre de 2024.
Servicios: obstáculos en pagos, seguros y telecomunicaciones
El marco normativo mexicano limita la operación transfronteriza de proveedores estadounidenses de servicios de pagos electrónicos, restringiendo la oferta completa de servicios como la protección contra el fraude. También se señala que el proceso de aprobación para el uso de servicios de computación en la nube es largo y complejo.
En el sector asegurador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cambia su interpretación legal y exige el pago retroactivo del IVA sobre reclamaciones de daños desde 2015, lo que podría generar insolvencia en algunas aseguradoras.
Por otro lado, en el sector de telecomunicaciones, persiste la posición dominante de un proveedor con casi el 70% del mercado móvil. El alto costo del espectro, basado en una tarifa anual elevada, se considera contrario a buenas prácticas internacionales y podría beneficiar al operador dominante.
Energía y minería: limitaciones a la inversión privada
El reporte identifica múltiples restricciones en el sector energético. Estas incluyen la priorización de electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la de empresas privadas, así como demoras o negaciones en permisos para operar instalaciones, importar combustibles o participar en proyectos de energía renovable.
También documenta extensiones regulatorias a Petróleos Mexicanos (PEMEX) que le permiten no cumplir con requisitos ambientales. Una política obliga a los usuarios de la red de gas a adquirir gas natural de PEMEX o CFE, situación que ha provocado la salida de empresas del mercado.
Respecto a la minería, se destaca la reforma de 2022 que otorga control estatal sobre el litio a través de la empresa LitioMx. Se autoriza también la posibilidad de declarar otros minerales como estratégicos. Además, se mantiene en discusión una propuesta de reforma constitucional que prohibiría la minería a cielo abierto, salvo en casos excepcionales.
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Límites legales a la inversión extranjera
La Ley de Inversión Extranjera en México mantiene restricciones en sectores específicos. La infraestructura de transporte, por ejemplo, está completamente cerrada a la inversión extranjera. También existen límites del 49% para la participación foránea en empresas de entrega exprés, terrenos agrícolas, ganaderos, forestales y servicios de administración portuaria.
VGB