Una deportación masiva por más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos costaría al país al menos 315 mil millones de dólares, de acuerdo con un análisis reciente elaborado por American Immigration Council.
Dicha organización advierte que esta política no solo tendría un enorme impacto fiscal, sino que también pondría en riesgo sectores estratégicos como la agricultura, los servicios y, en particular, la industria de la construcción, altamente dependiente de la mano de obra migrante.
El documento titulado “Mass Deportation: Devastating Costs to America, Its Budget and Economy” indica que la promesa de deportar hasta 3 mil personas al día, impulsada por el presidente Donald Trump, tendría efectos profundamente desestabilizadores.
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“Las consecuencias de una deportación masiva serían devastadoras para la economía, las familias y la seguridad pública”, advierte el Consejo.
Además del costo directo, el informe subraya que estas políticas generan un clima de miedo en las comunidades migrantes, lo que reduce su disposición a colaborar con autoridades, incluso en emergencias, y rompe la cohesión social. La organización insiste en que las políticas migratorias deben ser eficaces y humanas, protegiendo los derechos de todos los individuos, independientemente de su estatus legal.
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Redadas migratorias ya afectan a la construcción
Contexto: los efectos de estas medidas ya comienzan a sentirse. En semanas recientes, se han realizado redadas migratorias en sitios de construcción en Florida, Luisiana y Nueva York, que han dejado más de un centenar de detenidos. En Tallahassee, Florida, más de 100 trabajadores fueron arrestados en una obra, mientras que en The Villages, otros dos docenas fueron detenidos días antes.
Estas acciones han provocado que muchos trabajadores migrantes eviten asistir a sus centros de trabajo, lo que amenaza directamente la operación del sector.
“Nosotros, los latinos, somos la fuerza que mueve este país, y ahora vivimos con temor”, dijo a EFE el hondureño Aarón Pineda, quien tiene Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabaja en Miami.
De acuerdo con el American Immigration Council, el 25.7% de los trabajadores de la construcción en Estados Unidos son inmigrantes, y al menos el 14.1% son indocumentados. En ciudades como Miami, esa proporción alcanza hasta el 75% de la fuerza laboral en el sector, según estimaciones del Centro Metropolitano de la Universidad Internacional de Florida (FIU).
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Pérdida de trabajadores y crisis de vivienda
El impacto de las redadas migrantes se proyecta sobre otra crisis que ya enfrenta el país: el déficit de vivienda. Según el Urban Institute, Estados Unidos necesita 3.7 millones de viviendas nuevas, y el sector requiere 454 mil nuevos trabajadores en 2025 para poder cumplir con la demanda. La deportación de 1.8 millones de obreros migrantes agravaría la situación y elevaría aún más los precios del mercado.
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“La construcción es, probablemente, la industria que más sufriría con cualquier disrupción del mercado laboral migrante”, explicó a EFE el economista Ned Murray. Agregó que la falta de mano de obra ya está ralentizando proyectos clave y que las políticas de persecución solo empeoran la situación.
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Organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) también han denunciado que las redadas generan un ambiente de persecución laboral. “Si espantamos a la gente dispuesta a hacer este trabajo, no sé cómo vamos a poder seguir construyendo las viviendas que tanto se necesitan”, advirtió el analista Thomas Kennedy.
El American Immigration Council concluye que una deportación masiva no solo tendría un impacto económico monumental, sino que también provocaría la separación de familias, el debilitamiento de comunidades y la pérdida de trabajadores esenciales. La organización urge al gobierno estadounidense a reconsiderar estas políticas y a optar por soluciones migratorias que fortalezcan el tejido social y económico del país.