Más de 1.7 billones de pesos ha destinado el gobierno federal entre 2018 y 2024 a proyectos prioritarios de infraestructura, pero en el caso específico de la ampliación del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es uno de los casos que no generó beneficios significativos en materia de empleo, según un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El informe del CIEP analiza el efecto de cinco proyectos emblemáticos del sexenio en el empleo formal: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Tren Interurbano México–Toluca, el Corredor Interoceánico del Istmo y la conexión ferroviaria al AIFA.
Si bien algunos de ellos lograron detonar ocupación, la obra en torno al AIFA destaca por una fuerte contracción laboral. A diferencia de otros megaproyectos, mostró un impacto negativo pese a los recursos ejercidos.
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AIFA: caída de hasta 86% en empleos vinculados a la obra
Entre 2022 y 2024, el proyecto para conectar el AIFA con la red del Tren Suburbano registró una disminución del 83.2% en empleos del sector construcción, así como una reducción total del 86.1% en ocupaciones asociadas a la obra, según los datos del estudio.
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La ampliación al AIFA, en el estado de México, registró un gasto total de 8 mil 66 millones de pesos, según información del CEIP.
La población ocupada en 2022 fue de 7 millones 736 mil 227, una cifra que se contrajo contra 2024 a un millón 77 mil 869.
El sector secundario registró una contracción, en el periodo, de 87.8%; el de la construcción cayó 83.2% y el primario bajó 53.7%.
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Contexto: De acuerdo con el CIEP, esta contracción se explica por el modelo de ejecución a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que utilizó principalmente a elementos del Ejército en activo, sin contratación de trabajadores civiles ni generación de nuevas plazas laborales en los municipios cercanos al proyecto.
“La obra del AIFA fue ejecutada por personal militar, lo cual impidió que se reflejara un impacto real en la ocupación laboral civil”, detalla el informe.
Además, advierte que este tipo de modelos centralizados y cerrados reducen el efecto multiplicador de la inversión pública y limitan los beneficios sociales esperados.
El análisis elaborado por el CIEP también destaca la falta de mecanismos de evaluación y transparencia en los contratos gestionados por dependencias castrenses, lo que complica analizar con precisión el rendimiento económico de las obras públicas ejecutadas por la Sedena.
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Otros proyectos sí impulsaron el empleo formal
En contraste, el informe del CIEP muestra que otros proyectos prioritarios del actual sexenio sí registraron impactos positivos en la generación de empleo formal.
Por ejemplo, el Tren Maya —con presencia en Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo— reportó un aumento acumulado del 19% en ocupación formal entre 2018 y 2024, con mayor concentración en construcción, transporte y servicios vinculados.
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Asimismo, la refinería de Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco, generó un incremento del 31% en empleos formales en ese mismo periodo, siendo uno de los proyectos con mayor dinamismo laboral. También destacan, aunque en menor medida, el Tren Interurbano México–Toluca y el Corredor Interoceánico del Istmo, que mostraron impactos regionales positivos al favorecer el desarrollo urbano y logístico.
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Estos resultados reflejan que la naturaleza del modelo de ejecución —ya sea con contrataciones abiertas, participación de empresas privadas o con enfoque comunitario— influye directamente en el alcance económico de una obra pública. Para el CIEP, una infraestructura no debe evaluarse solo por su finalización, sino por su capacidad de generar empleo, encadenamientos productivos y desarrollo local.
