Especialistas en política energética aseguraron que el modelo mexicano de energía incumple con las obligaciones del T-MEC, además de que es costoso, ineficiente y riesgoso para la seguridad del suministro.
Aseveraron que, el trato preferencial que el gobierno otorga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) generará presiones en la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos.
Además de que constituye una violación clara al T-MEC, y la falta de voluntad política para corregir el rumbo colocará a México en una situación delicada durante la próxima revisión del acuerdo comercial.
Te podría interesar
El Congreso de Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en la disputa comercial con México al presentar una iniciativa que busca obligar al gobierno estadounidense a actuar frente al trato preferencial que México otorga a Pemex y la CFE.
“Es clara la violación del T-MEC. No sé qué se esté tratando de negociar a cambio del tema energético, porque esta política, además de resultarnos cara e ineficiente, atenta contra la seguridad de suministro, encarece los productos en México y nos puede poner en serios problemas para la revisión”, aseguró Susana Cazorla, especialista en energía.
Estados Unidos argumenta que México está violando al menos tres capítulos, el 2, 14 y 22 del T-MEC.
Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), coincidió en que México ha incumplido el acuerdo comercial al otorgar un favoritismo explícito a las empresas estatales del sector energético.
Recordó que, durante la negociación del T-MEC, el capítulo automotriz fue uno de los más difíciles de cerrar. Sin embargo, advirtió que, en la administración actual, las presiones no solo vendrán por esa vía, sino por múltiples frentes, comenzando por la política energética.
Apertura y piso parejo, la salida
De acuerdo con Ocampo, México podría evitar las tensiones con sus socios comerciales con relativa facilidad; si decide abrir de nuevo el sector y garantizar un piso parejo entre empresas estatales y privadas.
“La queja estadounidense se basa en un punto claro del tratado: ningún país puede dar preferencia a una empresa estatal sobre actores privados, y toda operación debe regirse por una regulación imparcial y condiciones de mercado”, aseveró.
Sin embargo, señaló que la regulación energética mexicana vigente hace lo contrario al favorecer a Pemex y la CFE. El especialista destacó que este es, paradójicamente, uno de los frentes donde México podría “salir campante”.
La solución no requiere cambios estructurales profundos, sino garantizar que el regulador funcione de manera independiente y restablecer la apertura del sector energético.
“Con la ley actual puedes, en principio, dar apertura total a las empresas; lo único necesario es un regulador independiente que dé piso parejo para todos”, señaló.
Ocampo añadió que abrir el sector no solo ayudaría a destrabar la tensión con Estados Unidos, sino que mejoraría la competitividad energética del país.
Aunque reconoció que se trata de un tema de voluntad política, consideró que la presión externa podría motivar al gobierno a tomar decisiones más pragmáticas en la mesa de negociación del T-MEC.