La reforma al Poder Judicial en México, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en 2024, han generado dudas sobre el clima de inversión, particularmente en los sectores de energía, agricultura y administración de pensiones de empleo formal, advirtió el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“Las reformas judiciales de 2024 podrían impactar aún más el panorama legal para los inversionistas extranjeros, al afectar la previsibilidad e imparcialidad de las decisiones judiciales, así como la reciprocidad en la resolución de disputas”, enfatizó.
Además de que las empresas estadounidenses que invierten o hacen negocios en México deben familiarizarse con las leyes y procedimientos mexicanos que permiten que casos penales paralelos, a menudo basados ??en acusaciones de fraude, se tramiten simultáneamente con disputas comerciales.
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T-MEC
Además, los inversionistas estadounidenses también han expresado incertidumbre sobre la evolución de las políticas bilaterales y el resultado de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de 2026.
“El Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) entró en vigor en julio de 2020, pero el Gobierno de México no ha emitido regulaciones de implementación en varias áreas, según inversionistas, lo que complica el entorno operativo para los sectores de telecomunicaciones, servicios financieros y energía”, enfatizó.
En el documento “Declaraciones de Clima de Inversión 2025: México”, los inversores expresan sus preocupaciones, por los siguientes temas: falta de acceso a energía confiable; inseguridad; corrupción y la incertidumbre regulatoria.
Contexto: Estados Unidos es la principal fuente de Inversión Extranjera Directa en México, con 36% del total en 2023, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De acuerdo con la Secretaría de Economía, los flujos totales de IED en 2024 ascendieron a 36.9 mil millones de dólares. Los sectores automotriz, aeroespacial, de telecomunicaciones, de servicios financieros y electrónico suelen recibir grandes cantidades de recursos.
Sector energético
El reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos destacó que el actual Gobierno de México ha implementado importantes cambios regulatorios y de políticas que favorecen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a los participantes privados.
Destacó que, en octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto constitucional que redefine a Pemex como una “empresa pública” en lugar de una “empresa productiva”, estableciendo un mecanismo para brindarle a petrolera mexicana un trato más favorable en los mercados de hidrocarburos de México en relación con sus competidores del sector privado.
“Como resultado de la reforma energética constitucional y la legislación de implementación posterior, Pemex ahora tiene el derecho de preferencia en la exploración y extracción de nuevos bloques de petróleo y gas. El nuevo marco legal permite a Pemex asociarse con empresas privadas en caso de limitaciones técnicas o financieras, como proyectos de aguas profundas o de crudo pesado, pero Pemex debe mantener al menos el 40% de la propiedad en cualquier nuevo desarrollo”, destacó.
Cofepris
En el documento se establece que las empresas estadounidenses informan que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la cual regula la seguridad de los alimentos y los productos sanitarios, ha avanzado en un atraso en el registro sanitario y las aprobaciones de permisos de importación, principalmente, pero limitado a, dispositivos farmacéuticos y médicos.
“Sin embargo, las empresas estadounidenses siguen preocupadas porque los retrasos acumulados en las aprobaciones impiden la introducción de productos innovadores para el cuidado de la salud y otros productos”, expuso.