El principal riesgo de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias es que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya no es un órgano autónomo, sino que depende del Poder Ejecutivo, plantearon expertos en Telecomunicaciones, en entrevistas, por separado, con La Silla Rota.
La ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), María Elena Estavillo, aseveró que sin un organismo autónomo, la propuesta de reforma a la ley de Telecomunicaciones para garantizar la protección del derecho de las audiencias, se puede convertir en un instrumento político en contra de concesionarios de radio y televisión.
Por su parte, Jorge Bravo, presidente ejecutivo de DPL Group y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), puntualizó que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias podrían convertirse en una herramienta para proteger al gobierno de las críticas de los medios de comunicación y no necesariamente a las audiencias.
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Está semana, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los cuales permanecerán en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto.
La propuesta desarrolla la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y establece obligaciones para radio y televisión, entre ellas contar con códigos de ética, defensorías de las audiencias y mecanismos para atender quejas.
No hay contrapeso en el regulador
La exfuncionaria del IFT, María Elena Estavillo, planteó que es un falso dilema plantear que o se protegen los derechos de las audiencias, como plantea el gobierno federal, o el derecho a la libertad de expresión, como dicen los concesionarios de radio y televisión. Se pueden defender ambos, pero para hacerlo se requiere una autoridad encargada de hacerlo que sea independiente y un contrapeso al gobierno y actualmente no la hay, luego de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Así lo expresa a La Silla Rota, luego de ser consultada sobre la propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones, presentada el 28 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Tenemos que lograr maneras de equilibrarlos y de protegerlos ambos. Pero por eso es tan importante que para este tipo de derechos contemos con autoridades independientes que rindan cuentas, que tengan contrapesos”, explica.
“Si no tenemos eso, entonces ponemos unos grandes instrumentos poderosos en manos de autoridades que no son independientes y que pueden tener intereses políticos. Y en esa situación estamos hoy, sin tener un marco de instituciones que nos den esas seguridades”.
"Lineamientos terminarían defendiendo al gobierno"
El presidente de la AMEDI reconoció que aunque fortalecer los derechos de las audiencias es una discusión pendiente desde hace más de una década, el nuevo diseño institucional modifica por completo el debate, pues el regulador ya no cuenta con la autonomía que tenía el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Bravo afirmó que la principal diferencia respecto a intentos anteriores es que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, por lo que, dijo, existe el riesgo de que las quejas de las audiencias terminen utilizándose con criterios políticos y no estrictamente técnicos.
“Lo nuevo de estos lineamientos es que el gobierno podría aprovechar algunas opiniones que pudieran molestarle de los conductores, periodistas o comunicadores para que, a nombre de las audiencias, pudiera establecerse algún tipo de sanción, pero que ya tendría más un toque político, ideológico, y no de defensa de las audiencias”, dijo en entrevista con La Silla Rota.
El analista consideró que ese cambio institucional genera un escenario distinto al que existía cuando el IFT emitió lineamientos similares, pues ahora el regulador “ya no es autónomo, ya no es independiente”.
“Estaríamos hablando que estos lineamientos terminarían defendiendo al gobierno y no a las audiencias”, afirmó.
Bravo añadió que, si un periodista publica información incómoda para el gobierno, existe el riesgo de que los derechos de las audiencias sean utilizados como fundamento para limitar la libertad de expresión.
Gobierno intenta controlar la narrativa
Para Bravo, el momento en que fueron presentados los lineamientos tampoco es casual. Aseguró que el Gobierno federal ha mantenido una confrontación constante con distintos medios de comunicación y consideró que las nuevas reglas pueden convertirse en una herramienta adicional para influir sobre los contenidos.
“Sí hay una intención del gobierno de controlar la narrativa. De hecho, por eso existe la mañanera. Quieren controlar la narrativa y los derechos de las audiencias pueden ser una estrategia para ello”, sostuvo.
No obstante, señaló que, de aprobarse en su redacción actual, los lineamientos también serían aplicables a los medios públicos, donde, afirmó, también existe una mezcla entre opinión e información.
Era necesaria
La ex coordinadora de la Agencia Mexicana de Derecho a la Información, Aleida Calleja, también consultada por La Silla Rota, considera que la propuesta de derechos a las audiencias, que incluye la posibilidad de que los medios de comunicación se autorregulen, es necesaria.
Eso, ante algunos excesos cometidos por concesionarios de radio y televisión, como la discriminación en contra de grupos indígenas, por no distinguir entre información y entrevistas pagadas, como ocurre en época electoral, o incluso hacer montajes informativos, como se vio en el caso de la francesa Florence Cassez.
Pero coincide con Estavillo en decir que uno de los puntos que hacen falta es contar con un organismo independiente, como era el IFT.
“Hay que poner los candados necesarios para que no exista un ejercicio arbitrario de la autoridad. Ahí es donde nos está haciendo falta el organismo autónomo. Porque ahorita quien va a dirimir finalmente es la comisión reguladora, que es una instancia gubernamental que no tiene la autonomía constitucional que tenía el IFT. Pero insisto, existe el estricto control judicial para que se puedan judicializar los casos en el caso de las inconformidades”, matizó.
México llega tarde a la discusión sobre derechos de las audiencias
Bravo recordó que los derechos de las audiencias comenzaron a incorporarse al marco jurídico mexicano con la reforma constitucional de 2013 y posteriormente fueron desarrollados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.
Sin embargo, señaló que la discusión se interrumpió tras la contrarreforma de 2017 y sólo fue retomada después de que la Suprema Corte invalidó esos cambios. Ese mismo recorrido fue expuesto por el Gobierno federal al presentar los lineamientos durante la conferencia matutina.
Aun así, consideró que México sigue rezagado frente a otros países.
“Seguimos sin quien los tutele realmente. México es uno de los países que llega más tardíamente a los derechos de las audiencias; estos existen en Europa, en Estados Unidos, desde finales del siglo XX”, afirmó.
Añadió que el país retoma ahora esa discusión cuando gran parte del consumo informativo ya migró hacia las redes sociales, lo que vuelve más complejo el debate sobre la regulación de los medios electrónicos.
Plantea aprovechar la consulta pública
El especialista consideró que los 20 días de consulta pública representan una oportunidad para flexibilizar los lineamientos y construir consensos con la industria, de modo que la protección de las audiencias no termine limitando el ejercicio periodístico.
A su juicio, el objetivo debe ser garantizar los derechos de las audiencias sin generar mecanismos que inhiban la crítica o la libertad de expresión, particularmente en lo relacionado con la obligación de distinguir entre información y opinión, que calificó como el punto más controvertido de la propuesta.
Para Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y el Caribe, a las audiencias no hay que tutelarlas, ya que pueden perfectamente elegir qué ver y qué no. “Con un marco regulatorio tan agresivo, al final las propias audiencias saldrán perjudicadas”, pronostica.
Contexto: el 28 de julio la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que los lineamientos fueron emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y su objetivo es hacer efectivos los derechos de las audiencias. Recalcó que son de carácter obligatorio para las Concesionarias de Televisión Abierta y Radio, las Concesionarias de Televisión y Audio de Paga, así como las Programadoras de uso comercial, público y social.
Entre los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios de comunicación están los siguientes:
?No difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.
? Distinguir entre información noticiosa y opinión: Garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas.
? Distinguir entre publicidad y contenido: Asegurar la diferencia entre publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas.
? Los medios deberán informar, al menos en internet, que las audiencias tienen derecho de réplica cuando se publiquen o difundan hechos de su persona que consideren inexactos o falsos.
Además, en el Código de Ética debe haber mención expresa de los derechos de las audiencias; definir el procedimiento para presentar quejas ante la persona defensora de las audiencias; y criterios editoriales y valores que aseguren que al difundir información noticiosa se cuenta con elementos para concluir que la información es veraz.
La propuesta incluye mecanismos de protección a través de quejas: Se presenta, la defensoría la recibe y pide un informe, si se vulneraron los derechos emite recomendaciones al medio. En caso de no ser atendidas o de que la audiencia considere que no se restituyeron sus derechos, la Comisión Reguladora intervendrá y se impondrán sanciones y multas económicas.
Los derechos de las audiencias son importantes
Estavillo recuerda que ha habido una lucha muy larga de muchos años por hacer realidad los derechos de las audiencias, que forman parte de todo el marco de derechos con el acceso a la información, con la libertad de expresión pero ha sido ha sido muy difícil hacerlos realidad.
“Ahora que surge esta propuesta de lineamientos se hace patente que nos hemos alejado mucho de las posibilidades de realizarlos de una manera consistente, con la protección de todos estos derechos. Hay algunas críticas que lo plantean como si fuera una disyuntiva. O protegemos los derechos de las audiencias o los de la libertad de expresión. Esto es un falso dilema.
“Hay muchos países que han logrado tener un equilibrio y proteger este marco de derechos porque además son complementarios, no compiten. Pero es muy difícil hacerlo porque se necesitan una serie de elementos, unos de los cuales estábamos construyendo pero ya no contamos con eso. ¿Sabes cuáles son? Contrapesos y autoridades independientes”.
La excomisionada del IFT dice que los lineamientos propuestos se parecen a los que el instituto propuso el año pasado, antes de su desaparición, con la diferencia que se están yendo más hacia un corte sancionador de multas.
Donde además todas las decisiones que tendrían que emitir un defensor de las audiencias independiente, las va a poder estar revisando el Poder Ejecutivo.
“Ya se va transformando esto en algo que debería ser un ejercicio de la ciudadanía, fincado en la revisión, la transparencia, en recomendaciones, en mecanismos reputacionales y se está yendo hacia un corte de castigo y decidido por la autoridad y no por defensores independientes”.
Un riesgo que observa es que los concesionarios, en lugar de apostar por la autorregulación, se autocensuren.
“Ese es el riesgo, que por temor a verse involucrados en un tema de estos, se censuren. Esto, además es algo que ya estamos viendo. Hemos ido perdiendo en libertad de expresión, en democracia y es algo de lo que deberíamos estar muy alertas y lejos de seguir debilitando estos mecanismos, deberíamos estarlos fortaleciendo porque estamos retrocediendo”.
Los excesos de los medios
Para Aleida Calleja, se trata de una regulación necesaria.
“La libertad de expresión no es un derecho absoluto para que particulares violen derechos de terceros. Con esta propuesta se sientan bases para que cuando haya derechos afectados, tengamos herramientas para defendernos”.
Habría que afinar puntos como el tema de la información descontextualizada. También ha habido excesos de medios y está bien pedirles que se autorregulen, considera. Ejemplifica con la representación de personas indígenas, como fue el caso de la India María. Otro es el tratamiento hacia mujeres donde ha habido misoginia.
Otro ejemplo es el caso Cassez, por el montaje que se hizo para mostrar su detención. Se hizo un juicio mediático y los medios de comunicación decidieron quién era el culpable. Eso está descontextualizado y los medios deben estar obligados a poner todas las partes, concluye.
Es propio de gobiernos dictatoriales
Leopoldo Maldonado recuerda que este tipo de marcos regulatorios restrictivos se han impuesto en Nicaragua, Cuba, Venezuela, Sudán del Sur, Tailandia y Camboya, cuyos marcos regulatorios bajo diversos pretextos, tratan de controlar contenidos.
“Ya sea por leyes contra las noticias falsas, contra la desinformación. La justificación es muy diversa, pero el objetivo es el mismo. ¿A qué ha llevado? A la censura.
Se trata de países con contextos abiertamente dictatoriales, de conflictos armados o de gobiernos autoritarios.
“Es decir, no hay en este sentido un ápice de democracia cuando se pretende regular bajo criterios de veracidad establecidos por el propio Poder Ejecutivo”.