Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza se manifestaron para exigir que no se aplique la retroactividad en la reforma contra las "pensiones doradas", además de pedir que se corrija la contradicción que existe en la Constitución.
Los trabajadores de confianza han sido los principales afectados, ya que a los sindicalizados no han tenido ajustes en sus pensiones, señalan.
Martín Jaime Lara, jubilado con 29 años de servicio en Pemex, subrayó que la medida implementada para ajustar los topes de pago no resuelve el problema de la retroactividad.
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Tras la aprobación de la reforma, explicó en entrevista con La Silla Rota que por cada peso de su pensión le quitaban 60 centavos, después del ajuste la disminución es de 17 centavos.
"Pero no me deben de quitar nada, porque es un derecho adquirido", sostuvo.
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Señaló que esta ley afectó en inicio a 90 mil personas, pero cuando se dieron cuenta del impacto económico que esto representaba, hicieron un ajuste modificando un criterio.
Expuso que la reforma pretende invalidar el artículo 14 constitucional que establece que una ley no puede ser retroactiva, aunque en la práctica sí se esté haciendo.
“Muchos de nuestros compañeros quedaron sin problema aparentemente, porque el problema radica que ley esté afectando de manera retroactiva”, dijo.
Otra de las afectadas es Norma Tello Pineda, quien laboró en Pemex Exploración y Producción durante 22 años.
De acuerdo con sus cálculos, su pensión se redujo un 60% tras la implementación de la reforma en abril pasado. Y fue hasta junio que les restituyeron el pago mediante un acuerdo.
Sin embargo, alertó que sigue siendo una solución provisional que no se reflejada en la Constitución, por lo que enfatizó la necesidad de tener certeza jurídica.
“Nos ha afectado emocionalmente, económicamente, en todos los sentidos. Trabajamos aproximadamente 30 años para obtener una pensión, una seguridad a futuro y de un plumazo nos la quitaron. Tenemos necesidades médicas, comprar medicamentos por fuera que no tiene nuestro servicio médico”, expresó.
El vocero de la Alianza Nacional de Jubilados, Antonio Vega, sostuvo que el Gobierno de México ya reconoció que hubo un error en la redacción de la reforma, por lo que hizo un llamado a continuar con las mesas de diálogo.
“Cuando alguien adquiere un derecho sólo se lo puedes quitar mediante un juicio, lo cual no ha ocurrido, fue una legislación que afectó a miles de trabajadores. Si el gobierno tiene elementos para decir que alguien se llevó algo indebidamente que actúe”, apuntó.
Contexto: el Congreso aprobó una reforma contra las llamadas “pensiones doradas” de jubilados de empresas estatales y organismos como Pemex y CFE, para que estos pagos no excedieran la mitad del sueldo que recibe el titular del Ejecutivo.
Sin embargo, tras reconocer que había una contradicción en la redacción de la reforma, se hizo un ajuste para que el tope sea equivalente al salario de la Presidenta, por lo que pasó de 67 mil a 134 mil pesos mensuales.
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde explicó que el límite de 50% del salario del titular del Ejecutivo no es compatible con la disposición que permite calcular una pensión a partir del salario recibido durante la etapa laboral.
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