El magistrado en retiro Manuel Muñoz Bastida se jubiló del Poder Judicial de la Federación el 22 de junio 2025, luego de 29 años y ocho meses de trabajo. Desde entonces, no recibe su pensión que le ayudaría a cubrir algunos gastos familiares, pese a cumplir con los requisitos que la reforma judicial estableció para los jueces que decidieran jubilarse.
“Son mínimos, pero al final los ingresos nos permiten sortear los gastos con la familia. Tengo dos hijos que están estudiando en la universidad. Es complicado no poder reactivarme por un problema de salud y no recibir la pensión complementaria”, dijo en entrevista con La Silla Rota, sentado en una silla de ruedas, debido a un accidente automovilístico que le afectó el pie izquierdo.
Muñoz Bastida dijo que ha llamado a los teléfonos del Órgano de Administración Judicial encargados de dar información sobre la pensión complementaria y la respuesta que obtiene es que su caso está en revisión, cuando por ley ya cuenta con el derecho a la pensión.
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“Es una respuesta vacía que digan que están revisando nuestros casos. El mes pasado nos pidieron llamar este junio para ver si teníamos alguna noticia de si nos van a pagar o no. Entiendo que son personas sin capacidad de decisión y están a expensas de quienes si pueden decidir. En términos generales sólo nos están bateando”.
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El caso del magistrado en retiro Muñoz Bastida no es el único. Tanto él como otros juzgadores cesados por la reforma judicial aprobada en 2024 acudieron este 23 de junio al Senado y la Secretaría de Gobernación a presentar escritos para exponer la situación y solicitar audiencias con legisladores, así como con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, para que les paguen.
Sin explicaciones
Otra exjuzgadora que participó en la protesta fue la magistrada en retiro Beatriz Moguel, quien tuvo casi 38 años de carrera judicial, siempre en la materia penal. Su última adscripción fue en Xochitepec, Morelos. Ella no ha recibido la indemnización a la que tiene derecho según el artículo décimo transitorio de la reforma judicial.
“Recibí por parte del órgano un oficio indicándome que no me la darían. La razón que nos esgrimen es ninguna, no nos dicen por qué, solo que no la merecemos”, se quejó.
Moguel, quien acudió a la protesta con una toga, enfatizó que el décimo transitorio es un texto constitucional que el Congreso de la Unión aprobó y recordó que la titular del Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que todo trabajador que lo separan del trabajo por cualquier motivo, tiene derecho a una indemnización.
No hay dinero, les dicen
Un caso más es el del juez en retiro Juan José Contreras Madero, quien permaneció en el Poder Judicial por 25 años.
En su caso cuando se aprobó la reforma judicial decidió seguir en su función de juez, en la que sumaba 10 años. Incluso, contempló la posibilidad de competir en la elección del 1 de junio del 2025. “Decidí continuar, soy de carrera judicial. Pero luego supe que había que sujetarse a ciertas decisiones u órdenes de arriba y preferí ya no participar”, recordó.
En su caso, le han dicho que no le pueden pagar por falta de presupuesto.
“Eso es mentira. ¿Por qué? Porque ya existían fideicomisos que tenían destinada cierta cantidad de dinero para estos pagos”, enfatizó.
El tema presupuestal no es un obstáculo. Pero no hay otra respuesta que le hayan dado “Simplemente se han quedado callados.
Hemos formulado diversas y múltiples peticiones y no hay respuesta. Esto forma parte de una estrategia para ir alargando el caso, creemos que para buscar ciertas prescripciones. También nos queda la duda de qué pasó con ese dinero”.
Entre los compañeros se habla de que el dinero existe pero que posiblemente el OAJ se lo esté jineteando y esté generando intereses.
“No es que estemos exigiendo algo que no nos corresponda, es algo que nos ganamos a través de más de 20, 25, 30, de 40 años de servicio al Estado mexicano”, exclamó. Aunque han presentado demandas de amparo, se han desechado, aseguró.
Si no nos respetan, tampoco lo van a hacer con cualquier ciudadano
Un caso más de pensión complementaria es el de la jueza en retiro Alejandra Domínguez Santos. El Órgano de Administración Judicial no ha calculado cuánto le corresponde por la pensión. Aunque ha presentado diversos escritos, no le han dado respuesta.
“De manera económica nos dicen que no tienen dinero”.
Lamenta que, pese al décimo transitorio, no se respetan los derechos a los jueces y magistrados.
“Si eso pasa, tampoco lo va a hacer por cualquier ciudadano”.
Sin dinero para ayudar a su madre
El magistrado Francisco Miguel Padilla Gómez es otro exjuzgador que no ha recibido su indemnización. Estuvo 35 años de servicio en el Poder Judicial. Cuando se aprobó la reforma judicial ya no seguir ahí.
“No cuadraba para poder desempeñar las nuevas condiciones que se iban a establecer con dichas reformas. Así que decidí retirarme, presenté mi declinación a participar en las elecciones del 2025 y de acuerdo con eso me jubilé”, recordó.
Pero a la fecha no le han pagado su indemnización.
“Extraoficialmente nos han dicho que es porque no presentamos una declinación ante el Senado. Sin embargo, cuando nosotros presentamos nuestra declinación, la reforma constitucional no establecía que teníamos que hacer esa declinación”, explicó.
Después de que se retiró, salió el decreto, preguntó al Consejo de la Judicatura y le respondieron que no tenían la obligación de presentar ante el Senado la renuncia porque ya lo habían hecho ante el consejo directamente y que este iba a mandar esa declinación.
Pero lo que supieron es que en ningún momento el Consejo de la Judicatura al momento de que desapareció, mandó al Senado la lista de alrededor de 100 declinaciones.
“Ahora se nos dice que no tenemos derecho porque no sucedió eso. Nuestro argumento es que no teníamos por qué hacerlo porque nos fuimos antes de que existiera ese decreto”.
En su caso él contaba con la indemnización para ayudar a su madre de 97 años, que está muy enferma y no tiene bienes.
“El poco dinero que junté pues lo tengo que estar dedicando a mi madre para sus achaques y enfermedades que ya tiene por la edad. Mi esposa tiene una enfermedad de también delicada y tengo que estar pagando medicamentos muy caros”, concluyó.
Contexto
El artículo décimo transitorio de la reforma judicial prometió que se respetarían los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
“Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables”.
De acuerdo con la reforma impulsada por Morena y aliados, los magistrados de circuito y jueces de distrito que se negaran a competir en la elección del 1 de junio, o que no ganaran la elección, tendrían derecho a un pago de tres meses de salario integrado y veinte días de salario por cada año trabajado, así como a las demás prestaciones a que tuvieran “mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro”.
Jueces y magistrados en retiro han hecho diversas protestas, una de las cuales fue a la embajada de Estados Unidos el 25 de mayo, pero también han acudido al OAJ, a la Suprema Corte Justicia de la Nación y a Palacio Nacional.
djh