Más de 800 pensionados de la tercera edad, extrabajadores de dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Banobras y Banrural, se manifestaron a las afueras de los tribunales colegiados de distrito en materia administrativa para protestar por los fallos de jueces federales que, afirman, han avalado la reducción de sus pensiones.
De acuerdo con los manifestantes, los juzgadores federales han tenido una “actuación corrupta y sumisa”.
Los inconformes señalaron directamente a los jueces Joaquín Barrientos Zamudio (Juzgado Primero), Guadalupe González Hernández (Juzgado Décimo Quinto) y Gabriel Regis López (Juzgado Décimo Sexto), así como a los magistrados del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, a quienes acusaron de operar con favoritismo hacia el gobierno federal al desechar, de manera sistemática, cientos de juicios de amparo que buscan revertir los recortes aplicados a sus pensiones.
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“Se perdió la separación de poderes”
Para los afectados, la reducción de sus ingresos —que en algunos casos alcanza entre el 30% y el 70% de lo que percibían— ha afectado sus proyectos de vida y los ha colocado en una situación de vulnerabilidad económica.
Luis Fernando Araujo, ingeniero industrial con maestría y jubilado de Pemex en 2015 tras 32 años de servicio, relató el impacto que ha tenido esta medida en su cotidianidad:
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“Ahorita estoy recibiendo la mitad de lo que me correspondía. Me cambia mucho la vida, sobre todo porque tengo créditos hipotecarios y problemas de salud. Aquí no se está respetando ni la justicia ni la legalidad. Hay jueces que le tienen que rendir pleitesía al gobierno federal; no hay una separación de poderes. Hoy me lo hacen a mí, mañana se lo pueden hacer a cualquiera”.
La situación se torna aún más crítica ante la falta de medicamentos en instituciones de salud. Isabel Lozano, también jubilada de la petrolera estatal tras 33 años de labor y quien sufrió un recorte del 30%, denunció que las familias completas están pagando el costo de estas decisiones.
"Nos estamos moviendo a base de préstamos, nos estamos endeudando porque no queda de otra. Estamos faltando a los pagos de créditos hipotecarios y padeciendo enfermedades. Muchos compañeros ya han muerto porque no tienen para las medicinas y el hospital de Pemex no cuenta con ellas. Este gobierno está aplastando nuestra dignidad", acusó Lozano, quien recordó que el artículo 1 constitucional establece la progresividad y no retroactividad de los derechos adquiridos.
Denuncian desechamiento de amparos en 30 minutos
Rodolfo Martínez, abogado constitucionalista de la firma Trusan & Román, que promovió amparos para más de dos mil pensionados, arremetió contra los criterios utilizados por el Poder Judicial para blindar la política financiera del Estado.
El litigante calificó de "cobardes y sumisos" a los juzgadores, al afirmar que argumentan falsamente que no existen violaciones directas a la Constitución para desechar los recursos. Asimismo, cuestionó la rapidez con la que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado resuelve las impugnaciones.
"¿Quién puede creer que en una sesión se pueden resolver 200 recursos de queja en 30 minutos? Es una burla y un fraude a la Constitución. Eso quería el gobierno: tener jueces a modo, doblados, que perdieron su talante de defensa de los derechos humanos", sentenció el abogado, al advertir que los afectados no levantarán el plantón hasta ser recibidos cara a cara por los magistrados.
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El mito de las "pensiones doradas"
Por su parte, Antonio Truyo, otro de los afectados con 26 años de servicio y un descuento del 30%, lamentó que desde el discurso oficial se intente criminalizar sus ingresos etiquetándolos como "pensiones doradas" o de privilegio, cuando representan el esfuerzo de una vida que inició desde el escalafón de obrero general.
VGB