La publicación del proyecto de Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió un debate entre especialistas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión sobre el alcance de las nuevas disposiciones y su competencia con la legislación vigente.
Una de las voces que se pronunció fue la abogada especializada en telecomunicaciones Irene Levy, quien difundió en redes sociales un análisis con observaciones al documento presentado por el organismo y mencionado durante la conferencia matutina del Gobierno federal.
Levy aclaró que se ha manifestado a favor de los derechos de las audiencias; sin embargo, sostuvo que el proyecto contiene diversas disposiciones que, a su juicio, exceden las facultades regulatorias de la CRT al crear atribuciones, procedimientos, sujetos obligados y posibles consecuencias sancionatorias que no están previstas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR).
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Entre sus observaciones, señaló que el proyecto remite al artículo 282 de la LMTR para sancionar cualquier incumplimiento de los lineamientos, aunque la legislación establece que las multas previstas únicamente aplican a los supuestos específicos contemplados en el artículo 295.
También cuestionó que el documento otorgue a la CRT funciones para revisar las quejas presentadas por las audiencias y confirmar, modificar o revocar las determinaciones de las Defensorías de las Audiencias, facultades que, afirmó, no están previstas expresamente en la ley. Añadió que las resoluciones de la Comisión no admiten recurso administrativo ni suspensión, por lo que cualquier ampliación de sus atribuciones requeriría un fundamento legal específico.
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La especialista indicó además que el proyecto convierte las recomendaciones emitidas por las Defensorías en resoluciones obligatorias y vincula su incumplimiento con el inicio de procedimientos sancionadores, pese a que, según su interpretación, la LMTR no contempla esa posibilidad.
Otra de las observaciones se refiere a la creación de nuevos supuestos sancionables, como el incumplimiento de resoluciones emitidas por la CRT dentro de procedimientos de queja, así como a la regulación de la diferenciación entre información noticiosa y opinión. Levy sostuvo que la ley relaciona esa obligación con el ejercicio del derecho de réplica, mientras que el proyecto la plantea de manera más amplia.
Asimismo, señaló que la legislación únicamente faculta a la Comisión para establecer las obligaciones mínimas de las Defensorías de las Audiencias, pero el proyecto incorpora un procedimiento con etapas de admisión, presentación de pruebas, recursos y resoluciones, lo que, en su opinión, le da un carácter cuasi jurisdiccional.
En su análisis también cuestionó que el régimen previsto para las Defensorías en los servicios de radiodifusión se extienda prácticamente en su totalidad a la televisión de paga, cuando la LMTR no lo establece de forma expresa.
Levy agregó que el proyecto convierte en una obligación general el subtitulado o doblaje de programas en idioma extranjero, mientras que la ley contempla estas medidas como mecanismos de accesibilidad dirigidos a personas con discapacidad.
Otra de sus observaciones se refiere a la posibilidad de que la CRT ordene rectificaciones o modificaciones de contenidos, lo que, según expuso, podría invadir atribuciones que la legislación reserva a la Secretaría de Gobernación. Finalmente, cuestionó que se exija de manera obligatoria un correo electrónico para presentar quejas, al considerar que la ley no condiciona el ejercicio de ese derecho a ese requisito.
La especialista informó que continuará revisando el proyecto y adelantó que dará a conocer nuevas observaciones conforme avance su análisis. Mientras tanto, el documento permanece sujeto al debate público sobre el alcance de las facultades regulatorias de la Comisión y la aplicación de los derechos de las audiencias.
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