Casi cuatro décadas después del inicio de una concesión minera en la costa de Quintana Roo, uno de los conflictos más prolongados entre el Estado mexicano y una empresa de Estados Unidos llegó a su desenlace. El caso Calica, operado por la estadounidense Vulcan Materials, recorrió distintos gobiernos, pasó de un proyecto de extracción de piedra caliza a un litigio internacional y terminó por convertirse en el último gran diferendo de la Cuarta Transformación con una compañía estadounidense.
La resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) cerró esta semana ese capítulo. El tribunal desestimó la mayor parte de las reclamaciones de Vulcan Materials y determinó que México pagará alrededor de 17 millones de dólares por la clausura parcial aplicada en 2018.
La cantidad representa una fracción de los más de mil 700 millones de dólares que la empresa reclamó durante el arbitraje iniciado bajo las reglas del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La Secretaría de Economía recibió la notificación del laudo y revisa el documento para definir los siguientes pasos jurídicos.
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El fallo permanecerá bajo reserva durante 30 días, plazo en el que ambas partes decidirán si utilizan los mecanismos previstos dentro del procedimiento arbitral internacional.
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De una concesión al litigio internacional
La historia comenzó en 1986, cuando el gobierno federal autorizó la explotación de roca caliza en un predio cercano a Playa del Carmen. Un año después, la filial Calica construyó el muelle de Punta Venado para exportar el material hacia Estados Unidos, donde se utilizó principalmente en proyectos carreteros.
En el año 2000, el gobierno federal amplió las condiciones para la operación minera al extender los permisos por dos décadas. Esa decisión permitió que la extracción continuara en una zona que con el paso del tiempo quedó rodeada por ecosistemas de alto valor ambiental en la Riviera Maya.
El conflicto dio un giro en enero de 2018. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detectó operaciones fuera del polígono autorizado y ordenó una clausura parcial. A partir de esa medida, Vulcan Materials presentó una demanda de arbitraje internacional contra el Estado mexicano y solicitó una compensación millonaria.
La disputa tomó una nueva dimensión durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En 2022, las autoridades clausuraron de forma total las actividades extractivas en el predio conocido como La Rosita al señalar afectaciones en cenotes, selva y corrientes subterráneas de agua.
El conflicto creció durante la 4T
El gobierno federal propuso adquirir los terrenos por alrededor de 6 mil 500 millones de pesos para destinarlos a un proyecto de conservación ambiental. Vulcan Materials rechazó la oferta y mantuvo el litigio ante el organismo arbitral vinculado al Banco Mundial.
La controversia sumó un nuevo episodio en marzo de 2023, cuando elementos de la Secretaría de Marina resguardaron las instalaciones del puerto de Punta Venado. La empresa sostuvo que la medida afectó sus activos, mientras las autoridades permitieron operaciones logísticas relacionadas con una cementera mexicana.
El diferendo también escaló al terreno político en Estados Unidos. Legisladores republicanos, principalmente de Alabama, estado donde se ubica la sede de Vulcan Materials, promovieron iniciativas para responder a las decisiones del gobierno mexicano sobre el complejo minero.
Entre esas propuestas figuró la Defense of American Property Abroad Act (DAPA), un proyecto que planteó restricciones para embarcaciones que utilizaran la infraestructura portuaria de Punta Venado. El caso también apareció en discursos de legisladores que cuestionaron la política mexicana hacia la inversión extranjera.
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El blindaje ambiental
En septiembre de 2024, el gobierno federal publicó el decreto que declaró Área Natural Protegida más de 53 mil hectáreas donde operaba Calica. La medida prohibió la extracción minera dentro del polígono y cambió el destino previsto para esos terrenos.
Durante 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó la vigencia del decreto ambiental. La mandataria precisó que Vulcan Materials conserva la propiedad del terreno, pero la legislación vigente impide cualquier actividad extractiva dentro del área protegida.
Con ese marco legal vigente llegó la resolución del CIADI. El tribunal rechazó la mayor parte de las reclamaciones de la empresa y únicamente reconoció una compensación relacionada con la clausura parcial aplicada en 2018.
La indemnización asciende a cerca de 17 millones de dólares, una cifra que representa alrededor del uno por ciento del monto reclamado por la empresa al inicio del procedimiento. La Secretaría de Economía analiza el contenido del laudo antes de definir la estrategia jurídica que seguirá el gobierno mexicano.
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El último gran diferendo con una empresa de EU
El caso Calica trascendió la discusión ambiental. La disputa involucró decisiones de distintos gobiernos mexicanos, litigios internacionales, pronunciamientos políticos en Estados Unidos y un debate sobre la protección de inversiones extranjeras frente a las políticas ambientales.
Durante el proceso, legisladores republicanos utilizaron el conflicto para cuestionar las acciones del gobierno mexicano e impulsar iniciativas relacionadas con la protección de empresas estadounidenses que operan fuera de su territorio. El expediente también mantuvo la atención de organismos empresariales de ambos países.
Con la resolución del CIADI, el litigio internacional entra en su etapa final. México cubrirá la indemnización fijada por el tribunal, mientras la declaratoria de Área Natural Protegida mantiene sin posibilidad de explotación minera las más de 53 mil hectáreas ubicadas en la costa de Quintana Roo.
La empresa conserva la propiedad del predio y del puerto de Punta Venado, pero el marco legal vigente impide reactivar la extracción de roca caliza. De esta forma concluye el último gran conflicto que la administración de la Cuarta Transformación sostuvo con una empresa de Estados Unidos, un caso que marcó la relación bilateral en materia ambiental, comercial y de inversión durante los últimos años.
VGB