La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró y dio trámite formal a una segunda demanda internacional colectiva interpuesta en representación de más de 400 jueces federales y magistrados de México. Con esta resolución, el organismo de la OEA dictó un emplazamiento oficial que obliga al Estado mexicano a justificar legalmente las afectaciones de la polémica reforma judicial en un plazo improrrogable de cuatro meses.
Así lo confirmó Víctor Rodríguez Rescia, director de la organización Servicios Internacionales de Profesionales en Derechos Humanos (SIPDH), mediante una declaración en video donde detalló el avance de la estrategia legal internacional frente al desmantelamiento de la carrera judicial en el país.
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De acuerdo con Rodríguez Rescia, la notificación del órgano interamericano valida la fundamentación jurídica de los recursos interpuestos por los juzgadores. El jurista destacó el carácter urgente y la gravedad institucional bajo la cual la Comisión decidió dar curso al expediente:
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"Acabamos de recibir hoy la notificación de la Comisión Interamericana de que ya registró y le dio trámite a la demanda... es la segunda que ya registra y admite la Comisión Interamericana en nombre de más de 400 jueces que nosotros representamos, jueces federales y magistrados", puntualizó el litigante, en un video difundido en Facebook por Petroleros unidos por México.
El director de SIPDH subrayó que este dictamen representa un "respiro" para el bloque de juzgadores afectados, confirmando que la ruta del litigio estratégico internacional es la correcta ante el agotamiento de las instancias de defensa dentro de las fronteras mexicanas.
Siete años de degradación y el fin de la seguridad jurídica
En su mensaje, Rodríguez Rescia contextualizó que la crisis en el Poder Judicial de la Federación no es nueva, sino el resultado de una política sistemática de presiones presupuestales e institucionales que se agudizó radicalmente con las enmiendas constitucionales de los últimos años.
"Son jueces federales y magistrados que han venido siendo ultrajados por 7 años. Les han venido disminuyendo los salarios, la independencia judicial; pero hace 2 años que hicieron una reforma a la justicia que la gente creyó que iba a afectar solo a los jueces y tal vez no hicieron nada por defender".
El especialista lanzó una fuerte advertencia a la sociedad civil y a otros sectores productivos y autónomos de México, señalando que la vulneración a las leyes ha escalado hacia un escenario donde "ya no hay una seguridad jurídica", afectando el principio de los derechos adquiridos. "Ahora la gente se sorprende de que van por otros grupos", lamentó.
El contexto: la ofensiva legal contra la reforma en México
El conflicto escaló a instancias internacionales luego de que el Congreso mexicano y el Ejecutivo Federal consolidaran una profunda reforma constitucional orientada a destituir de forma masiva a las personas juzgadoras en funciones para implementar su elección por medio del voto popular.
A pesar de que múltiples juzgados locales y federales emitieron suspensiones contra el proceso normativo y electoral, las autoridades mexicanas desatendieron los mandatos judiciales nacionales. Ante el bloqueo de las vías internas, diversas coaliciones de juzgadores —asesoradas por firmas globales y organismos como el Vance Center y el IIRESODH— recurrieron en masa a Washington.
El plazo de 4 meses impuesto por la CIDH forzará a la Cancillería de México a comparecer técnicamente. De no convencer al organismo, el expediente se elevará a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tribunal con facultades para emitir condenas vinculantes que obliguen a México a reparar los daños y reformar sus leyes internas.
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Perfil: ¿quién es Víctor Rodríguez Rescia?
El estratega detrás de esta demanda es un reconocido jurista de origen costarricense y experto de escala global en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Actualmente funge como Director de SIPDH y Presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH).
Cuenta con un amplio historial en el derecho internacional, habiendo fungido como Presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Es autor de múltiples textos doctrinales y guías metodológicas sobre la ejecución y el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte IDH en Latinoamérica.
VGB