La iniciativa de reforma para retrasar la elección de jueces parece un dejà vu, algo ya visto, señalaron a La Silla Rota conocedores del Poder Judicial.
La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión incluye propuestas que son iguales a los planteados en la iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, durante los foros organizados por el Poder Legislativo antes de aprobarla, en septiembre de 2024.
“No hay absolutamente nada de lo que están revirtiendo ahora que no se hubiera advertido antes. Todo se dijo montones de veces en los foros y en lo que te puedas imaginar”, dijo el exsecretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Guerrero Zazueta.
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En los foros se pidió no desaparecer las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la sugerencia no se aceptó, además, la decisión fue “a cuento de nada”.
“Eso no tuvo diagnóstico, nunca dijeron por qué realmente y ahora están regresándolas como ‘secciones’. Y para no reconocer que se equivocaron, están invirtiendo los temas. En lugar de que la primera sección, como antes la primera sala, sea civil y penal, ahora sería la administrativa laboral. Y la segunda va a ser la civil y penal. Son cosas de no reconocer que la regaron”, criticó.
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A los críticos a la reforma judicial también se les ignoró en la propuesta de aplicar un examen de conocimientos a los aspirantes a juzgadores. A Guerrero Zazueta, quien también fue secretario de Estudio y Cuenta en la SCJN, le gustaría que se dijera que tuvieron razón.
Proponen en ley lo que hizo el INE en 2025
Sobre la iniciativa de que el Instituto Nacional Electoral divida cada circuito judicial en tantos distritos electorales como cargos correspondan a la especialidad más numerosa dentro de ese circuito, recordó que fue un mecanismo que el INE puso en marcha en la primera elección judicial, en junio del 2025. Lo hizo a raíz de que el presupuesto solicitado pasó de 13 mil millones a alrededor de 6 mil 200 millones de pesos.
“De ahí maniataron al INE y se armó un relajo”, definió Guerrero Zazueta.
Ese ajuste lo hizo el instituto y con la reforma ya sería constitucional. Si son 32 cargos, se dividen en 32 distritos. La vez pasada se hizo un cálculo de cantidad de población en función de las casillas que podían instalar porque todo fue a través de los recursos disponibles.
“Para hacerlo manejable dijeron, ‘vamos a dividirlo’. Pero esto que están haciendo ahora ya cristalizado en la reforma constitucional va en contra de la idea misma de la reforma. ¿Por qué? Porque se supone que la reforma es para que cada uno pueda ver a las juezas y jueces que eligen. En teoría nos tienen que representar. Pero hay juzgados, por ejemplo, que tienen sede en Ciudad de México, pero que tienen competencia nacional. Y no es uno, son un montón”, describió.
Hay plenos regionales que tienen competencia en la mitad del país. Hay juzgados y tribunales de telecomunicaciones y competencia económica. Hay en materia concursal de concursos mercantiles y casos de quiebras. Hay mercantiles y extinción de dominio. Y otros de ejecución penal.
“Todos esos tienen competencia a nivel nacional. ¿Por qué los juzgados de competencia a nivel nacional los va a elegir la Ciudad de México? Si se supone que esto es democrático y representativo, pues qué pasa con la gente de Sinaloa, de Tamaulipas, de Quintana Roo. Entonces, de entrada, eso ya rompe con todo el principio que se supone que busca la elección”.
Además, están viendo un principio de representación como siempre han entendido en cuestión política, donde se representas un distrito o un estado con algo que no tiene nada que ver, porque en materia judicial no hay magistradas y magistrados por distritos, así como lo está planteando la iniciativa de reforma.
“Tu asunto cae en tribunales colegiados administrativos y se turna entre todos. Entonces, a ti te va a juzgar el magistrado que eligieron en quién sabe qué alcaldía. Entiendo la practicidad, pero va en contra de todo lo que dicen que está buscando la reforma. Es hacerlo más fácil, pero no es votar por tu juez”.
Candidatos buscarán apoyos políticos
Para la jueza en retiro Marlén Ángeles, la propuesta de que los juzgadores que aspiren a otro cargo deban renunciar de manera expresa e irrevocable obligará a los candidatos a buscar más apoyos políticos.
“Casi deben tener amarrado el cargo con algún acuerdo político o similar. No se van a aventar a renunciar si no tienen ‘asegurado’ el cargo. Seguirá la cooptación de juzgadores independientes y los acuerdos en lo oscurito”, previó.
Respecto a la evaluación, en la que los comités de los tres poderes deben ponerse de acuerdo en los más altos estándares para seleccionar a los aspirantes a candidatos a juzgadores, la vio con escepticismo, porque al final los comités seguirán en mano del grupo político mayoritario, el de Morena.
La iniciativa eliminó la certificación por parte de la Escuela Nacional de Formación Judicial, de la que se había hablado. Por lo cual no hay un parámetro o base general sobre cómo serán los ‘más altos estándares’ de evaluación, consideró.
Ángeles criticó que siga la insaculación para definir a los candidatos, aunque se diga que es para evitar la captura de grupos de interés o influencias indebidas, ya que eso seguirá ocurriendo, a través de la selección que realizarán los comités de los mejores evaluados.
“¡Solo están simplificando la cooptación con menos candidaturas!”, lamentó.
Tampoco habrá manera que la ciudadanía conozca con profundidad los perfiles de las candidaturas. Sí conocerán las promesas de campaña, pero no el perfil técnico como son los conocimientos y experiencia, dijo.
Ángeles, que ha sido de las juzgadoras que ha marchado para pedir el pago de la indemnización que la reforma judicial, en su décimo transitorio prevé para los jueces cesados por la reforma, ya sea porque declinaron participar en la elección o no ganaron la elección, criticó que la iniciativa no incluya nada en relación con la liquidación de quienes entren en esta situación.
“Para efectos de seguridad jurídica, es importante reiterar lo relativo a derechos laborales de juzgadores cesados en 2028”, enfatizó.
Contexto: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó al Congreso de la Unión este 20 de mayo la iniciativa de reforma a la reforma judicial. Quien recibió la iniciativa fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier.
El legislador indicó que el propósito del proyecto es garantizar el pleno cumplimiento de lo que establece el artículo 39 constitucional, con relación a que los mexicanos elijan a los integrantes de los tres poderes.
djh