La implementación de la Reforma Judicial en México entró en una fase operativa que exige ajustes técnicos y organizativos. En este contexto, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, señaló que la legitimidad del nuevo modelo depende de la preparación de quienes ocupen los cargos.
Durante la presentación del libro “Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México”, indicó que el proceso requiere resultados verificables. También afirmó que la reforma enfrenta una etapa de evaluación pública.
En ese acto, la ministra planteó que el sistema de selección debe incorporar criterios académicos y profesionales. Propuso aplicar un examen nacional obligatorio a las personas aspirantes antes de cualquier postulación. Este mecanismo funcionaría como un filtro previo para acreditar conocimientos jurídicos. La medida busca establecer un estándar técnico común entre quienes participen en el proceso electoral judicial.
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La propuesta incluye la definición precisa de las especialidades de los cargos en disputa. El planteamiento señala que los tribunales requieren perfiles con trayectoria en materias específicas. En ese sentido, pidió que los Comités de Evaluación de los tres Poderes emitan convocatorias con criterios homogéneos. Esta coordinación pretende evitar diferencias en los requisitos de selección y ordenar la integración de candidaturas.
Además, la ministra abordó la integración de las boletas electorales. Indicó que un número amplio de candidaturas dificulta la identificación de perfiles por parte del electorado. Propuso reducir la cantidad de aspirantes para facilitar la decisión ciudadana. También sugirió establecer previamente el género de cada cargo para organizar el proceso de manera anticipada.
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Reglas para ordenar candidaturas
En materia operativa, Esquivel Mossa planteó que el diseño del proceso debe incluir medidas de simplificación. La reducción de nombres en las boletas busca facilitar la participación informada. La definición de especialidades permite vincular experiencia con funciones jurisdiccionales. Estos elementos forman parte de un esquema que prioriza la organización del proceso electoral judicial.
La ministra también se refirió al funcionamiento interno de la Suprema Corte. Señaló que la estructura requiere retomar el trabajo en Salas para atender los asuntos. Indicó que concentrar las decisiones en el Pleno limita la capacidad de resolución. La propuesta busca distribuir los casos conforme a materias específicas. Con ello, el órgano judicial ajusta su dinámica de trabajo.
Este planteamiento incluye la necesidad de mantener un flujo constante en la resolución de expedientes. La organización por Salas permite atender distintos asuntos de forma simultánea. La medida establece un esquema de especialización dentro del tribunal. De esta manera, se plantea una estructura que responda a la carga de trabajo institucional.
Elección judicial en fecha distinta
En el ámbito electoral, la ministra propuso separar la elección judicial de los comicios constitucionales de 2027. Señaló que esta medida permite centrar la atención en los perfiles de las candidaturas judiciales. El planteamiento busca establecer un calendario independiente para este proceso. La propuesta también considera ampliar los periodos de campaña.
Asimismo, planteó ajustes en las reglas para la difusión de candidaturas. Indicó que la ciudadanía requiere información suficiente sobre las personas aspirantes. La ampliación de campañas busca facilitar el conocimiento de trayectorias y propuestas. También propuso incrementar la difusión institucional sobre el proceso electoral judicial.
Finalmente, la ministra indicó que la implementación de la reforma requiere ajustes continuos. Señaló que las medidas propuestas buscan ordenar la selección, la elección y la operación del sistema judicial. El planteamiento integra elementos técnicos, electorales y organizativos. Con ello, el proceso avanza hacia una etapa de aplicación con criterios definidos.
VGB