Un tribunal colegiado concedió una suspensión a extrabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que cese de inmediato la reducción de sus pensiones dispuesta por la llamada reforma a las “pensiones doradas”.
Con el voto unánime de tres magistrados se concedió a los jubilados la protección contra la reforma al artículo 127 que impide a cualquier ciudadano percibir ingresos mayores que de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo.
La reforma, aprobada por todos los partidos en el Senado y la Cámara de Diputados, obligó a CFE a reducir sustancialmente las pensiones de sus extrabajadores.
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De acuerdo con el proyecto aprobado por los magistrados, la reforma pone en riesgo la integridad física y psicológica, salud, vida digna, mínimos vital y supervivencia de los jubilados, “en atención a lo abrupto de la reducción de sus pensiones, dado que ese ingreso era indispensable para su alimentación, tratamientos médicos, vivienda y dependientes económicos”.
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El tribunal sostuvo que la suspensión se justifica como una medida indispensable para proteger la integridad de los jubilados que promovieron el amparo, debido al impacto emocional y psicológico derivado de la afectación repentina a su patrimonio y a sus derechos de seguridad social, ambos reconocidos y protegidos por la Constitución.
Dentro del análisis del caso, los magistrados revisaron la demanda presentada por extrabajadores contra actos atribuidos a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad y otras autoridades federales, relacionados con la aplicación del decreto que reformó el artículo 127 constitucional en materia de límites salariales y pensiones para servidores públicos.
Los quejosos argumentaron que la reforma no debía aplicarse a sus casos particulares, debido a que no desempeñaban cargos de confianza y porque sus haberes de retiro se encuentran protegidos por disposiciones transitorias contenidas en la propia reforma constitucional.
La resolución también señaló que, tratándose de personas adultas mayores, una afectación abrupta a los ingresos pensionarios puede generar consecuencias graves de carácter físico y psicológico. El tribunal indicó que la pensión constituye un derecho de propiedad y representa el principal medio de subsistencia para cubrir alimentación, vivienda, medicamentos, consultas médicas, tratamientos y manutención de familiares dependientes.
Los magistrados advirtieron que una disminución inmediata en esos recursos podría provocar suspensión de tratamientos médicos, cancelación de seguros, agravamiento de enfermedades crónicas, endeudamiento o pérdida de vivienda, daños que no podrían repararse completamente aun cuando los jubilados obtuvieran una sentencia favorable en el futuro.
Los promoventes del amparo también sostuvieron que la aplicación de la reforma vulnera distintos derechos constitucionales relacionados con seguridad jurídica, propiedad, seguridad social y protección reforzada para personas jubiladas, pensionadas, adultas mayores y con problemas de salud.