Cuando una niña, niño o adolescente acusa a alguno de sus padres de violencia familiar, su testimonio puede ser una pieza importante dentro de un juicio, pero ¿qué ocurre si el menor pudo haber sido influido por otra persona para hacer esa acusación?
Una tesis publicada por el Semanario Judicial de la Federación establece que esta posibilidad debe ser investigada por los jueces mediante pruebas especializadas antes de emitir una resolución.
El criterio deriva de un caso ocurrido en Hidalgo, donde una mujer fue condenada por violencia familiar en contra de su hijo menor de edad, en donde durante la revisión del asunto, un tribunal federal detectó que no se realizaron estudios especializados para determinar si el menor pudo haber sido influido por alguno de sus progenitores.
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Por ello, se ordenó la reposición de parte del procedimiento y la realización de peritajes psicológicos para esclarecer la situación y los magistrados concluyeron que el juez que conoció originalmente el caso incurrió en omisiones relevantes al no juzgar con perspectiva de género y de infancia.
De acuerdo con la resolución, existían indicios y alegatos sobre una posible alienación o manipulación parental, pero no se ordenaron las pruebas necesarias para confirmarlo o descartarlo, lo que provocó que no se contara con elementos técnicos suficientes para valorar de forma integral el testimonio del menor ni el contexto familiar en el que ocurrieron los hechos.
Para el tribunal, la ausencia de pruebas impidió determinar si las declaraciones del niño respondían únicamente a su experiencia personal o si pudieron haber estado influenciadas por factores externos, por lo que el Tribunal Colegiado concedió el amparo a la persona sentenciada y ordenó la reposición del procedimiento.
Análisis del interés superior de la niñez
Las autoridades deberán ordenar de oficio la realización de dictámenes periciales en psicología y otras pruebas especializadas necesarias para esclarecer los hechos, esto con el objetivo es que especialistas evalúen el entorno del menor y determinen, con base científica y metodológica, si existió alguna influencia indebida por parte de alguno de los progenitores.
La tesis no valida ni reconoce automáticamente la llamada “alienación parental”, ni sugiere que los menores mientan o que las denuncias de violencia familiar sean falsas. Tampoco establece que exista manipulación en todos los casos. Lo que indica es que, cuando se alegue posible influencia sobre el menor, los jueces deben recabar evidencia especializada para confirmarla o descartarla.
El tribunal recordó que debe prevalecer el interés superior de la niñez, principio que obliga a que todas las decisiones judiciales sobre menores prioricen su bienestar. Por ello, los jueces pueden ordenar pruebas de oficio, incluso si las partes no las solicitan, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos.
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Guía judicial para casos familiares complejos
Este criterio ofrece una guía más clara para los tribunales cuando existan dudas sobre la posible influencia en el testimonio de una persona menor de edad y refuerza la idea de que los casos familiares requieren un análisis integral y apoyo de especialistas antes de emitir decisiones que puedan impactar la vida de un menor.
Aunque se trata de una tesis aislada, y no de una jurisprudencia obligatoria para todos los jueces, sí representa un criterio orientador relevante en la práctica judicial.
JL