La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) alertó que cualquier modificación legal que pretenda someter la impartición de justicia a criterios políticos o procesos electorales constituye una violación directa a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
En un comunicado, la JUFED indicó que la independencia judicial no es un privilegio de los juzgadores, sino una garantía institucional diseñada para proteger a la sociedad frente a la concentración autoritaria del poder.
En el marco de las deliberaciones legislativas actuales, la JUFED sostiene que la historia constitucional demuestra que la ausencia de jueces independientes debilita los contrapesos necesarios para la supervivencia de la democracia.
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Riesgos de la "contaminación partidista" La asociación enfatizó que la Carrera Judicial es el único mecanismo que asegura la excelencia técnica y la autonomía de quienes resuelven conflictos legales. La implementación de mecanismos de elección o criterios políticos introduciría una "contaminación partidista" que anularía la imparcialidad necesaria para administrar justicia.
En este sentido, la JUFED subrayó los siguientes puntos críticos:
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- Vulneración de Derechos: Someter la justicia a la voluntad política convierte al derecho en una herramienta del poder y no en un límite para este.
- Indefensión Ciudadana: El debilitamiento de las instituciones judiciales, incluido el Juicio de Amparo, dejaría a la población en un estado de indefensión frente a la arbitrariedad del Estado.
- Simulación Democrática: Los juzgadores advirtieron que pretender "democratizar" la justicia mediante elecciones es, en realidad, un intento de desmantelar el sistema de justicia profesional.
La JUFED reiteró que no es jurídicamente congruente afirmar que se defiende la Constitución mientras se impulsan mecanismos que la socavan, señalando que la independencia judicial es la única barrera que impide que el sistema legal sea utilizado como un instrumento de voluntad política.
JUFED critica “reforma a la reforma”
Contexto: para la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales (JUFED), trasladar la elección a 2028 es la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original. Tal como JUFED lo ha informado con anterioridad, aplazar un año el ejercicio, equivale a posponer un error sistémico sin atender las causas de fondo.
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“La reducción, por ejemplo, del número de candidatos (de 81 a 54 para la SCJN y de 45 a 30 para el TDJ) y la "simplificación" de las boletas son medidas insuficientes. Estas modificaciones no resuelven la fatiga de boleta ni el riesgo de que la elección judicial quede atrapada en la dinámica de los partidos políticos durante los procesos ordinarios.
Asimismo, la creación de una ‘Comisión Coordinadora’ para homologar criterios de evaluación confirma que los Comités de Evaluación de 2025 carecieron de la metodología técnica necesaria para garantizar perfiles de excelencia”, indicó.
En un comunicado, la JUFED dijo que esta "reforma a la reforma" genera una zona de incertidumbre jurídica que solo incrementará la litigiosidad y la falta de certeza para la ciudadanía que busca justicia.
VGB