La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para aplazar la elección judicial a 2028, ante la gran cantidad de cargos que deberán renovarse en 2027.
La propuesta fue presentada por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, con el objetivo de facilitar la organización y desarrollo del proceso electoral judicial.
Entre los principales cambios planteados se encuentra el traslado de la elección al domingo 4 de junio de 2028, así como la creación de una comisión coordinadora que homologará metodologías y criterios de evaluación entre los comités de los tres poderes.
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Además, la iniciativa contempla reducir el número de candidaturas por cada poder y simplificar las boletas electorales para hacer más ágil y accesible la votación.
Alcalde Luján señaló que para la elección judicial de 2028 estarán en juego los siguientes puestos:
- 4 magistraturas de la Sala Superior del TEPJF
- 463 magistrados de Circuito y 385 jueces de Distrito
- 25 estados del país se renovarán 424 magistraturas y 2 mil 831 jueces locales
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La iniciativa que será enviada al Congreso contempla una serie de cambios clave para reorganizar y facilitar la elección judicial como son:
- Comisión Coordinadora
- Reducción de candidatos por poder para facilitar la elección
- Simplificación de boletas
- Capacitación permanente obligatoria de jueces y magistrados
- Elecciones judiciales y las ordinarias podrán hacerse en la misma ubicación
- Escrutinio y cómputo de votos se hará en las mismas casillas donde fueron emitidos
- En caso de ausencia por renuncia, muerte o destitución de los juzgadores, el cargo quedará para renovarse en la próxima elección
La segunda mitad de la elección del Poder Judicial está programada para realizarse en 2027, al mismo tiempo que las elecciones locales y las intermedias federales, que abarcan la renovación de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum considera aplazarla hasta 2028 para generar ahorros, mientras que el INE ha manifestado desde su propuesta la necesidad de diferir la fecha, al menos unos meses.
Monreal anuncia periodo extraordinario para analizar iniciativa
El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, informó que el próximo jueves se tomaría la decisión de convocar a un periodo extraordinario para analizar la propuesta que busca modificar la fecha de la elección judicial y aplazarla hasta el 4 de junio de 2028.
Monreal aseguró que la Cámara de Diputados será un espacio de diálogo, acuerdos y trabajo en favor del país, al tiempo que subrayó que el proceso se conducirá con responsabilidad institucional y apego a la Constitución.
La iniciativa forma parte de la reforma judicial anunciada por el Ejecutivo federal, la cual será discutida por las y los legisladores en caso de concretarse el periodo extraordinario.
Desde el 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno analiza la posibilidad de aplazar la elección judicial contemplada dentro de la reforma al Poder Judicial, al señalar que existen complicaciones presupuestales y operativas para llevar a cabo el proceso en los tiempos originalmente planteados.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la iniciativa, presentada por diputados y senadores de Morena, ya se encuentra en revisión junto con autoridades electorales y la Secretaría de Gobernación.
JUFED critica “reforma a la reforma”
Para la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales (JUFED), trasladar la elección a 2028 es la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original. Tal como JUFED lo ha informado con anterioridad, aplazar un año el ejercicio, equivale a posponer un error sistémico sin atender las causas de fondo.
“La reducción, por ejemplo, del número de candidatos (de 81 a 54 para la SCJN y de 45 a 30 para el TDJ) y la "simplificación" de las boletas son medidas insuficientes. Estas modificaciones no resuelven la fatiga de boleta ni el riesgo de que la elección judicial quede atrapada en la dinámica de los partidos políticos durante los procesos ordinarios. Asimismo, la creación de una ‘Comisión Coordinadora’ para homologar criterios de evaluación confirma que los Comités de Evaluación de 2025 carecieron de la metodología técnica necesaria para garantizar perfiles de excelencia”, indicó.
En un comunicado, la JUFED dijo que esta "reforma a la reforma" genera una zona de incertidumbre jurídica que solo incrementará la litigiosidad y la falta de certeza para la ciudadanía que busca justicia.
“Nuestra organización demanda que, si ha de existir una elección, ésta se limite exclusivamente a las vacantes reales generadas por causas naturales (renuncia, jubilación o fallecimiento). Proponemos que se abra la posibilidad para que las personas cesadas en 2025 que deseen ostentar el cargo de juezas, jueces, o magistradas y magistrados, sean consideradas con reglas diferenciadas, toda vez que ya ocuparon esos cargos”.
En tanto, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC) observa con preocupación que la iniciativa anunciada hoy por la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal plantea postergar la elección judicial prevista para 2027 sin modificar de fondo el modelo de elección popular de personas juzgadoras ni corregir los elementos estructurales que han comprometido la independencia judicial, la calidad técnica del sistema y la estabilidad institucional.
Para la AMJAC, las declaraciones oficiales reconocen implícitamente que el proceso implementado presentó fallas relevantes: baja participación ciudadana, deficiencias en los mecanismos de evaluación, complejidad operativa y preocupaciones sobre la idoneidad y experiencia de perfiles electos. Sin embargo, la respuesta planteada se limita principalmente a ajustes logísticos y procedimentales, sin atender el problema central del diseño constitucional adoptado.
La Asociación Mexicana de Juzgadoras calificó como no aceptable prolongar un modelo "que ya ha generado afectaciones a derechos humanos de personas juzgadoras cesadas o sujetas a condiciones de presión institucional, sin antes establecer mecanismos claros de protección".
Además, advirtió que es ilegítimo construir una pretendida "corrección" de la reforma sin revisar integralmente el diseño que generó los problemas hoy reconocidos incluso por sus propios impulsores.
Ante el anuncio del gobierno de la República sobre una eventual discusión de ajustes en el Congreso de la Unión, la Coparmex consideró indispensable promover un diálogo abierto, técnico, académico y ciudadano que permita incorporar propuestas que enriquezcan el texto final de la iniciativa.
Sobre la reducción del número de candidaturas y la simplificación de las boletas electorales, la Coparmex indicó que atienden parte de las complicaciones identificadas durante el proceso anterior. “Sin embargo, insistimos en que cualquier modificación debe garantizar que la ciudadanía cuente con información suficiente y condiciones que permitan un voto informado y responsable. La legitimidad del sistema judicial no puede depender únicamente de procesos electorales, sino de la solidez institucional y la capacidad técnica de quienes integran los órganos jurisdiccionales”.
kach