Pachuca.— Rufino León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial, afirmó que el organismo mantiene una política de “cero tolerancia” a la corrupción dentro del Poder Judicial de la federación, con un saldo de 43 servidores públicos suspendidos en los últimos meses.
En entrevista con representantes de los medios de comunicación, explicó que este órgano tiene como objetivo garantizar la conducta ética de jueces y magistrados, así como vigilar que sus resoluciones se apeguen a la legalidad y a principios de realidad. “El propósito es claro: que se aplique la justicia por encima de privilegios”, enfatizó.
El magistrado detalló que las sanciones aplicadas incluyen desde amonestaciones hasta inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad de las conductas detectadas. Entre las causas destacan actos de corrupción, nepotismo, emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, así como casos de acoso laboral y sexual.
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Explicó que, en situaciones graves, las suspensiones se dictan como medidas cautelares para evitar que continúen los actos indebidos mientras se desarrollan las investigaciones. “Cuando detectamos actos de corrupción o acoso, se suspende de inmediato al juzgador para proteger a las personas y garantizar una investigación adecuada”, señaló.
Caso Hidalgo: juez suspendido
En la entidad, indicó que un juez fue suspendido tras detectarse que sus decisiones estaban dirigidas a favorecer a una empresa, incluyendo la emisión irregular de suspensiones para descongelar cuentas previamente aseguradas.
Subrayó que este tipo de prácticas no serán toleradas, ya que atentan contra la justicia y fomentan la impunidad.
León Tovar destacó que, además de la vigilancia disciplinaria, el Tribunal impulsa una evaluación constante de jueces y magistrados para asegurar que mantengan estándares de capacidad, honestidad e igualdad durante todo su ejercicio. “La función no termina cuando acceden al cargo; deben mantenerse capacitados y actuar con integridad permanentemente”, dijo.
Respecto a las críticas por la suspensión de jueces y el retraso en los procesos, explicó que se designan sustitutos provisionales mientras el órgano de administración judicial realiza el proceso para nombrar a un titular definitivo.
En cuanto al debido proceso, aclaró que las medidas cautelares no representan una sanción anticipada, ya que los funcionarios mantienen un ingreso mínimo durante la investigación y, en caso de resultar inocentes, son reinstalados con el pago de salarios caídos.
Llamado a fortalecer la justicia
El magistrado reconoció que aún existen retos, como el acceso desigual a la justicia por falta de recursos y las deficiencias en investigaciones ministeriales; sin embargo, afirmó que el Tribunal actuará cuando detecte irregularidades que vulneren derechos.
“No podemos permitir que la falta de dinero o la corrupción sigan siendo obstáculos para acceder a la justicia en el país”, concluyó.
sjl