Especialistas advirtieron que al dar facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que congele cuentas sin orden judicial de por medio, se corre el riesgo de que se utilice de forma discrecional o como forma de presión política.
A propuesta de la ministra Loretta Ortiz, la Corte determinó que se trata de una medida cautelar administrativa, y no de una sanción penal, de acuerdo con un análisis al artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para concluir que no es una sanción.
Juvenal Lobato, especialista en derecho constitucional y tributario, alertó que se le otorga a la UIF una facultad discrecional para que decidan, de acuerdo con indicios y sospechas, si pueden bloquear una cuenta.
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“Me parece que son un par de resoluciones que lo que hacen es fortalecer más las funciones del Estado en detrimento de los derechos de los ciudadanos”, apuntó.
Señaló que el riesgo es que se use como una herramienta de presión política, en lugar de investigar posibles casos de lavado de dinero.
El especialista explicó que, en la teoría, da mayor facilidad a la UIF para congelar los movimientos de cuentas sospechosas, si se utiliza de la forma correcta.
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Señaló que con esta decisión, la Corte abandonó un criterio anterior que establecía que el bloqueo de cuentas era un tema penal que requería una orden judicial.
Otro cambio, explicó, fue que antes se requería una solicitud por parte de autoridades internacionales, pero con la nueva resolución, bastará que haya una petición de autoridades mexicanas para bloquear las cuentas.
Por su parte, Luis Enrique Pereda, integrante del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, apuntó que el cambio de criterio implica un debilitamiento del ciudadano, que cuenta con menos herramientas para defenderse ante el Estado, y se minimiza la presunción de inocencia.
“Piensa en una empresa, en un changarro, en una cocina económica, en una cafetería, una tortillería, dueños de esos negocios, de esas personas morales necesitan pagar con su cuenta bancaria, necesitan pagarle a los empleados, a los proveedores, necesitan hacer transacciones con los clientes. Si de repente la UIF les dice; ‘oye, por indicios te voy a congelar tus cuentas, pero tranquilo porque es una medida preventiva’, le acabas de arruinar la vida”, dijo.
A la par de la discusión, la ministra María Estela Ríos se pronunció previamente sobre este tema cuando fue consejera jurídica de la Presidencia, por lo que Pereda consideró que sí debía excusarse para garantizar la imparcialidad de la resolución.
“Un juez que sea imparcial, pero no transmite ese mensaje, no manda ese esa imagen, no manda esa posición y no es leída así por la gente hace casi tanto daño como si no fuera imparcial”, expuso.
En tanto, Luis Pérez de Acha, experto en derecho constitucional y fiscal, expuso que esto cambia la defensa en tribunales, porque en este caso deberá impugnarse la arbitrariedad de las autoridades en el caso concreto, ya sea por la falta de evidencia o de "indicios suficientes" para considerar las operaciones como sospechosas.
Es decir, que además del procedimiento que se siga ante la UIF, las personas cuyas cuentas sean bloqueadas tendrán la oportunidad de probar ante el juez de amparo la licitud de los recursos bloqueados.
Explicó que la UIF debe seguir el procedimiento que garantiza el derecho de audiencia de la persona afectada, respetando los plazos fijos y definidos para que las personas afectadas puedan defenderse: cinco días hábiles a los interesados para solicitar una audiencia tras ser notificados, diez días para presentar pruebas y alegatos, y debe emitirse una resolución en un máximo de quince días.
En caso de lograrlo, se podrá otorgar la suspensión definitiva del bloqueo como está previsto en la Ley de Amparo.
Bloqueo de cuentas provocará inseguridad jurídica
La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de facilitar el bloqueo de cuentas bancarias generará un ambiente de inseguridad jurídica y afectará el flujo de dinero a las empresas que puedan ser señaladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, aseveran expertos.
Si bien la Corte aseguró que se trata de procesos administrativos, "sí tiene un perjuicio económico y si es una suspensión, no vas a hacer operaciones con ninguna institución financiera", puntualizó Luis Yáñez, Gerente de la Práctica Legal de Baker Tilly.
“La inclusión en estas listas implica que estas listas se hacen del conocimiento de las instituciones financieras, si bien son confidenciales, en caso de que se quiera consultar quién está. Las instituciones financieras en principio tienen prohibido y deben suspender operaciones con estas personas, lo cual implica inmovilizar completamente la actividad financiera de quien esté incluido en estas listas”, enfatizó.
Afirmó que sí bien el implicado podrá defenderse ante el bloqueo de cuentas, por sospechas de estar ligado a lavado de dinero, solamente lo podrá hacer una vez que se congelaron sus cuentas bancarias, afirmó en entrevista con La Silla Rota.
“En la Ley de Instituciones de Crédito, sí hay un procedimiento definido y establecido mediante el cual sí se da la oportunidad de de ofrecer pruebas, de formular alegatos, argumentos que permitan desvirtuar la situación de esta persona que haya sido incluida en las listas. La realidad, lo que sí es cierto es que este procedimiento viene después de que se te bloquean las cuentas”, aseveró.
El plazo establecido es de 10 días para ofrecer pruebas que acrediten el origen de los recursos.
El plazo establecido es de 10 días para ofrecer pruebas que acrediten el origen de los recursos.
Cuestionado sobre si se daña la seguridad jurídica de las empresas, aseveró con la decisión de la Corte se tendrá una facultad “relativamente discrecional” de la autoridad en el sentido de que la inclusión a estas listas a determinadas personas ya no tiene que venir necesariamente de una solicitud expresa de una autoridad extranjera, con lo cual “puede ir a una línea muy delgada de vulnerar la seguridad jurídica”.
BBVA acatará
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, aseguró que, ante la decisión de la Corte, la institución financiera respetará y acatará, porque son respetuosos de la ley.
“El banco es respetuoso de la Suprema Corte, en el banco vamos a ejecutar las órdenes que vienen de la Corte. Esta es una decisión de la Corte y el banco lo va a acatar y cuando se pida que se congelen cuentas porque hay indicios de que hay dinero procedente de un ilícito, el banco, sin lugar a duda, va a cumplir con estas órdenes”, dijo.
Serrano enfatizó BBVA está listo para hacer todo lo que haga falta para cooperar con el gobierno en materia de prevención de lavado de dinero.
Se cuadran con el GAFI
Luis Yáñez, Gerente de la Práctica Legal de Baker Tilly dijo que la Corte dejó de lado algunas jurisprudencias previas que ya había emitido, en donde reconocía que se podían bloquear cuentas bancarias, pero solamente mediante una solicitud expresa de una autoridad extranjera.
Además de que México tiene un marco de compromisos que ha asumido de frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y todos estos tratados de terrorismo, en donde esos organismos internacionales también tienen listas en donde identifican cuáles son las jurisdicciones y los países con mayor riesgo en ese tipo de cuestiones.
“Pues justamente también en muchos de estos casos pues solicitan de manera expresa, en este caso pues a las autoridades mexicanas, incluidas determinadas personas que se tienen una sospecha, un indicio o pruebas contundentes de que están inmiscuidas en este tipo de operaciones de lavado de dinero, lo cual sí cobra relevancia. Creo que el mensaje justamente es tener un mayor nivel de cumplimiento a los sujetos que les aplica todas estas disposiciones legales”, dijo puntualizó Luis Yáñez, Gerente de la Práctica Legal de Baker Tilly.
El experto añadió que la finalidad no es mala “partiendo de la premisa de que no se utilice discrecionalmente como para un tipo de persecución política.
Añadió que la medida está alineada con los compromisos internacionales que México ha estado este teniendo con el GAFI, pero sí debería delimitar un poco más el procedimiento para brindar mayor claridad del bloqueo que va a venir de manera previa.
djh