La reforma que plantea reducir de manera gradual la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales fue avalada por el Senado de la República, junto con una iniciativa que exige a los empleadores cumplir con un registro electrónico de la jornada —bajo sanciones que van de 29 mil 327.50 a 586 mil 550 pesos en caso de incumplimiento—.
Además, se aprobó que los productores agropecuarios deberán certificar el cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y ambientales para poder exportar sus productos.
Ambas propuestas obtuvieron 84 votos a favor, 27 en contra y ninguna abstención, y fueron turnadas al Ejecutivo Federal para su eventual promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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En el caso de la reforma laboral, se contempla la imposición de sanciones económicas que van de 250 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 29 mil 327 y 586 mil 550 pesos, para los empleadores que incumplan con el registro electrónico de la jornada de trabajo.
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Ambas iniciativas fueron enviadas al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Secretaría de Gobernación. La propuesta sobre la reducción de la jornada laboral llegó el 3 de diciembre de 2025, mientras que la referente a la certificación agroexportadora fue turnada el 11 de marzo de 2026.
La reforma laboral plantea una disminución progresiva de la jornada semanal, pasando de 48 a 40 horas. De acuerdo con el régimen transitorio, en 2026 se mantendrán las 48 horas; en 2027 se reducirá a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42, y finalmente en 2030 se alcanzará el objetivo de 40 horas semanales.
El proyecto también establece que esta reducción no deberá traducirse en recortes salariales ni en disminución de prestaciones. Asimismo, obliga a los empleadores a llevar un registro digital detallado de los horarios de entrada y salida de cada trabajador, información que deberá estar disponible para las autoridades en caso de ser requerida.
Por otra parte, la iniciativa en materia agroexportadora busca establecer un Certificado Laboral para la Agroexportación, que será expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este documento acreditará que las empresas cumplen con sus obligaciones laborales y de seguridad social hacia las personas trabajadoras del campo.
Además, la propuesta introduce nuevas disposiciones en la Ley de Comercio Exterior para impedir la exportación de productos agrícolas cuando no se cumplan dichas obligaciones o cuando exista afectación a los ecosistemas, particularmente por procesos de deforestación.
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Aunque se ha hecho énfasis en el caso del aguacate, la regulación aplicará a todos los productos y subproductos agrícolas destinados a mercados internacionales.
Según la exposición de motivos, la agroindustria representa uno de los pilares del comercio exterior mexicano. Destaca que el sector del aguacate genera más de 300 mil empleos, tanto directos como indirectos, y reporta exportaciones anuales superiores a los 3 mil 500 millones de dólares, siendo Estados Unidos su principal destino.
Mier Velazco señaló que ambas iniciativas forman parte de las prioridades legislativas del actual gobierno federal y de la bancada mayoritaria en el Senado.