Políticos y funcionarios han adoptado una conducta para acallar información u opiniones incómodas: presentar quejas por violencia política de género.
Javier Martín Reyes, experto en materia electoral, observó dos grandes problemas en algunas sentencias de violencia política de género (VPG), elaboradas por tribunales electorales.
El primero es que tanto en la ley como en decisiones de los tribunales se ha confeccionado una definición tan amplia de VPG que no solo abarca los casos donde es claro y evidente un acto violento que inhibe el ejercicio de los derechos políticos-electorales, sino también otro tipo de conductas como la libertad de expresión, que tendrían que estar constitucionalmente protegidas.
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Recordó el caso del periodista Héctor de Mauleón. Él reportó en 2025 un asunto de interés público que eran los posibles vínculos de la exconsejera jurídica del gobierno de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, con actividades ilícitas. Ella aspiraba a ser magistrada del Supremo Tribunal de Justicia estatal.
Por la información que De Mauleón publicó al respecto, Contreras López lo acusó de violencia política de género y el Tribunal electoral de Tamaulipas ordenó al periodista y al diario El Universal eliminar la columna respectiva.
“Este es un tipo de escrutinio necesario en una democracia, necesitamos saber cuáles son las ligas y los antecedentes de quienes aspiran a los cargos de elección popular. Ahora los cargos judiciales también están ahí y se necesita un escrutinio”, dijo Martín Reyes.
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De Mauleón también expresó que la candidata era la carta fuerte de Morena. Se entiende que es simple y sencillamente una expresión coloquial que no tiene connotaciones de género. Como decir que la carta fuerte del PAN a la presidencia en 2030 es Ricardo Anaya, o alguna persona en particular para ciertos sectores empresariales.
“No tiene una connotación de violencia política de género, pero claro, este entendimiento tan amplio se nos ha desbordado”, observó.
El caso de Dato Protegido
Otro caso es el de Dato protegido, también del año pasado. Una ciudadana -Karla Estrella- hizo un comentario crítico sobre la diputada federal Diana Karina Barreras, a quien le atribuyó su cargo a ser esposa de un legislador, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, actual vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
“Eso revela una realidad. En México las candidaturas no se otorgan ni por mérito ni por procedimientos democráticos. Tan es así que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso, en su fallida iniciativa de reforma electoral, listas abiertas o mejores perdedores.
Entonces, que una ciudadana haga una crítica a una persona que además está casada con una figura muy influyente de la política, como Gutiérrez Luna, es algo que se vale decir y discutir, aunque incomode”.
Pero lo que ocurrió fue que se usó el concepto de violencia política de género desde el poder, porque la diputada activó el procedimiento y el vicepresidente de la Cámara de Diputados salió en su defensa para silenciar a una ciudadana.
Autoridades electorales han perdido independencia
A ello se suma otra dimensión del problema, relacionada con la independencia e imparcialidad de las autoridades encargadas de resolver este tipo de controversias. Eso se presta de nueva cuenta a problemas de vaguedad y a que se incluyan casos que no deberían estarlo.
Además que las autoridades electorales cada vez están más capturadas. El mejor ejemplo de eso es la Sala Superior del TEPJF. Hoy ya no es un tribunal constitucional, es un órgano que decide a partir de criterios políticos y no jurídicos, afirmó Javier Martín Reyes.
“La Sala Superior hoy es un tribunal ya muy capturado. Fue al único órgano a nivel federal que no solo no se les destituyó, no solo se les respetó su periodo de encargo, incluso se llegó al extremo de ampliárselos. ¿Y por qué? Porque ya era un órgano que estaba resolviendo a favor de Morena y en consecuencia, ya no era necesario capturarlo porque ya lo estaba”, añadió el experto.
Respecto a las salas regionales, estas fueron electas por voto popular, a través de los acordeones que circularon a lo largo y ancho del del país. Mientras, los tribunales electorales locales son nombrados por el Senado.
“Morena y sus aliados se las han repartido a partir de la lógica de las cuotas y de los cuates, no a partir del mérito o de imparcialidad. Entonces, el problema es doble”.
Lo que se ve es a autoridades electorales que, más que dispuestas a aplicar con rigor y con imparcialidad las reglas del juego, están deseosas de quedar bien con el poder en turno y en este momento quien está en el poder son Morena y sus aliados, concluyó el también columnista.
Buscan violencia política de género en conversaciones privadas
Otro caso relacionado con violencia política de género fue el de Emma Zermeño, acusada por la diputada local con licencia de Sinaloa e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Almendra Negrete. La morenista usó conversaciones privadas en WhatsApp para pedir al Tribunal Electoral de Sinaloa sancionar a la ciudadana.
El caso escaló y llegó hasta la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que ante la resonancia mediática que tomó el caso, lo desechó al considerar que no era constitucional usar las conversaciones privadas, aunque en un primer proyecto sí proponía sancionar a Zermeño.
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La abogada Mónica Calles, que asesoró a Zermeño, observó que la magistrada Rebeca Barrera Amador, de la Sala Regional Jalisco, que antes de que el caso llegara a la Sala Superior sí ordenó sancionar a la ciudadana, justificó la resolución.
La razón es que según la magistrada electoral, Zermeño cometió wollying -que significa mujer que hostiga a otra- según la sentencia mencionada contra Negrete.
El problema es que ese término ni siquiera se acepta jurídicamente, criticó Calles.
Pero además Negrete publicó en su Facebook una foto de ella diciendo alto al wallyng con la mano enfrente, tal como estaba en un cartel de la magistrada Barrera Amador. “Hay una clara coincidencia y también en los hashtags que están pidiendo que se difundan”, observó la abogada.
No es lo único.
A muy temprana hora del 9 de marzo el Instituto Nacional Electoral publicó un cartel para invitar a un evento sobre el wollyng, que ni siquiera es un concepto aceptado entre la academia o en la doctrina electoral. Lo sacaron de un artículo de una abogada que lo escribió en 2020 más o menos y habla de una actitud de hostilidad y de chismes entre compañeras de trabajo, dijo Calles.
“En el derecho esto no es suficiente. No es nada más de que te encuentres un término para que lo puedas adoptar como una aportación doctrinal”.
Se coordinan para fomentar el tema
Se requiere una base amplia, una metodología, un análisis para incorporarlo como parte de una figura doctrinal sólida para llevar una sentencia, dijo la abogada.
Lo que le llama la atención es que es un término que además no tenían en el radar las instituciones, lo pusieron con el asunto de Zermeño y el INE ya tenía un foro preparado, que parecía mostrar que las instituciones del Estado se están coordinando para fomentar el tema.
“Veo el riesgo de que están institucionalizando la censura hacia ciudadanos y su vida privada, porque están normalizando lo que hicieron, tanto que ahora quieren dar solo foros para explicarnos lo que van a sancionar de aquí en adelante y eso es gravísimo”.
djh