Pachuca.- Tras ser informados sobre la propuesta de Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Hidalgo, periodistas hidalguenses señalaron que diversos artículos podrían utilizarse para coartar la libertad de expresión, controlar a la prensa estatal y restringir información de interés público, por lo que llamaron a realizar una propuesta que proteja a reporteros y fotoperiodistas, y no para limitarlos.
La semana pasada, la diputada Tania Meza Escorza informó que el 10 de marzo se presentará la propuesta mencionada ante el pleno del Congreso de Hidalgo. El documento fue compartido con reporteros y reporteras, y tras su lectura, notaron diversas deficiencias, "algunos puntos nos inquietan", escribieron en el comunicado difundido a través de redes sociales.
"...para los aquí firmantes algunos artículos de la iniciativa generan preocupación por la forma en que están redactados, ya que denotan esquemas de censura previa, lo cual contraviene tratados internacionales y la Constitución Mexicana", externaron.
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Los integrantes del gremio periodístico señalaron varios artículos y disposiciones en la ley que podrían ser utilizados para ejercer censura previa, esquemas de control del Poder Ejecutivo sobre la prensa y acciones para coartar la libertad de expresión en el estado.
"Requerimos una ley que sirva de protección y salvaguarda, no para limitar el trabajo periodístico de quienes lo ejercemos en la zona Metropolitana de Pachuca-Tizayuca, Huasteca, región Tula-Tepeji, Valle del Mezquital, Altiplano y Región Tulancingo (mención no limitativa a esos espacios geográficos). Insistimos, no se trata de evitar que contemos con una legislación en la materia, sino de que no sea perjudicial para el ejercicio periodístico".
Observan censura previa
Los reporteros hidalguenses refirieron que el Artículo 10 de la propuesta podría utilizarse para sancionar la publicación de información de interés público, pues dicta que las personas periodistas deben abstenerse de difundir información “de carácter reservado” según lo dispuesto en la ley, pero la redacción "se interpreta como una prohibición amplia".
Se recordó que el periodismo, en especial el de investigación, ha demostrado actos de corrupción con la difusión de información clasificada como reservada, "por ello, resulta importante que la legislación establezca con claridad que la difusión de información de interés público se encuentra protegida por el derecho a informar".
Cabe mencionar que los mecanismos nacionales e internaciones prohíben la censura previa, pues las restricciones a la libertad de expresión solo pueden implicar responsabilidades posteriores y nunca mecanismos de censura anticipada en México.
En ese mismo sentido, se observó el Artículo 18 que condiciona el acceso a la información pública a que esta sea considerada de “relevancia pública”, lo que, acusan, es una interpretación subjetiva por parte de las autoridades que podrían restringir el acceso a datos de interés.
Registro de periodistas
Otra de las preocupaciones del gremio fue lo relacionado con la acreditación y el registro de periodistas, pues sería la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH), a través de la Fiscalía de Protección a Periodistas, la encargada de emitir acreditaciones oficiales y administrar el padrón estatal; "ninguna instancia pública debe decir quién es periodista o quién no", sentenciaron y citaron el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OC-05/85).
"Aunque la iniciativa plantea que el registro no sería obligatorio para ejercer la actividad, la existencia de un padrón y de credenciales oficiales puede derivar en mecanismos de control, clasificación o exclusión de periodistas, particularmente si el acceso a ciertos beneficios o mecanismos de protección se supedita a ese registro", se leyó en el posicionamiento.
A esto incluyeron la inquietud de que sea la fiscalía la instancia central del Mecanismo Estatal de Protección, pues a menudo las agresiones contra periodistas involucran servidores públicos, "qué sucederá si las agresiones provienen del Poder Ejecutivo, instancia a la cual pertenece la PGJEH", cuestionaron.
Otras observaciones fueron el otorgamiento a “las asociaciones de periodistas y personas comunicadoras”, la facultad para designar a los representantes del gremio en el mecanismo de protección, lo que les resultó excluyente derivado de que "la gran mayoría no se siente representada por agrupaciones". Y la pertinencia de que en la Junta de Gobierno se tenga presencia y toma de decisión de “la persona titular de la Oficina de Comunicación Social y Agenda Digital del Gobierno del Estado de Hidalgo".
Que no se límite el trabajo periodístico
Los periodistas hidalguenses aseguraron que no se busca descalificar la propuesta, pero exigieron que la ley esté diseñada para proteger el ejercicio periodístico, que garantice los principios de libertad de expresión, acceso a la información y pluralidad informativa.
Por lo anterior, pidieron al Poder Legislativo mantener abierto el diálogo con periodistas y especialistas en libertad de expresión para lograr una normativa que salvaguardar y no límite el trabajo periodístico.
Finalmente, se recordó que, en semanas pasadas, se registraron al menos dos agresiones a reporteros y reporteras de Tula y Atotonilco de Tula, a quienes expresaron su solidaridad y exigieron a las autoridades la sanción correspondiente contra los agresores, incluidos los policías municipales.
sjl