El uso del bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se incrementó de forma acelerada a partir de 2019; sin embargo, la mayoría de los recursos congelados ha terminado de regreso en manos de sus titulares, tras resoluciones judiciales y administrativas.
De acuerdo con datos oficiales, la UIF pasó de incluir a 57 personas en la Lista de Personas Bloqueadas a mil 371 en ese año, marcando un cambio drástico en el uso de esta herramienta como medida cautelar contra presuntos delitos financieros.
Entre 2021 y 2023, la dependencia reportó el congelamiento de 10 mil 905 cuentas presuntamente vinculadas con delincuencia organizada, por un monto de mil 860 millones de pesos.
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No obstante, el impacto real de estas acciones ha sido limitado. Durante las gestiones de Santiago Nieto y Pablo Gómez al frente de la UIF, se bloquearon recursos por 32 mil 531 millones de pesos, pero más de 28 mil millones —equivalentes al 87%— fueron liberados y devueltos a sus titulares.
Las devoluciones derivaron de resoluciones judiciales, administrativas o de la propia Unidad, lo que ha evidenciado la fragilidad de estos bloqueos frente a los mecanismos legales de defensa.
El fenómeno se ha intensificado en años recientes. Tan solo en el primer semestre de 2025, se desbloquearon 22 mil 945 millones de pesos, además de 127.7 millones de dólares y 20 mil 425 euros, como resultado del cumplimiento de 136 suspensiones definitivas en juicios de amparo.
Estas cifras incluyen recursos cuyo desbloqueo se concretó en este periodo, aunque los procesos judiciales se originaron desde años anteriores.
Enfrentan juicios para recuperar recursos de cuentas
En paralelo, la UIF enfrentó 877 juicios de amparo relacionados con el bloqueo de cuentas, principalmente contra la Lista de Personas Bloqueadas, mecanismo utilizado para prevenir operaciones vinculadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
En la práctica, la liberación de recursos implica que el dinero deja de estar inmovilizado sin que pase al erario público, regresando al control de personas o empresas previamente señaladas. El saldo es que apenas alrededor del 12% de los montos congelados permanece bajo bloqueo, sin garantía de recuperación para el Estado.
Pese a ello, la UIF mantiene su papel en la detección de operaciones ilícitas. Como resultado de sus análisis, presentó 98 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las que se involucró a 854 personas.
El informe también señala que la Unidad continúa generando inteligencia financiera, emitiendo alertas preventivas y colaborando con autoridades nacionales e internacionales en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.