El Consejo General del INE aprobó reducir a casi la mitad las sanciones contra partidos políticos nacionales y locales para dar plazo a investigaciones exhaustivas, por lo que libraron, de momento, 244 millones en multas por irregularidades detectadas en los egresos y gastos del año 2024, mediante adendas y erratas que se metieron de último minuto.
El proyecto inicial contemplaba sanciones por 706.9 millones de pesos, de los cuales 633 millones de pesos correspondían a los siete partidos políticos nacionales y 73.5 a partidos políticos locales. Con la actualización, el monto total de las sanciones asciende a 462 millones 950 mil pesos.
El más beneficiado con este ajuste es el Partido del Trabajo, que tenía proyectada una multa por 215 millones de pesos a nivel nacional y local, y que bajó a 93.5 millones de pesos. Le sigue el PRI que deberá pagar 98.8 millones de pesos; Morena, 59.5 millones; PAN, 45.1 millones; Movimiento Ciudadano, 20.1 millones y el Partido Verde, 19.9 millones. Mientras que los partidos locales acumulan 125 millones de pesos en sanciones.
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El representante del PT, José Alberto Benavides, reconoció que su partido envió adendas para postergar la imposición de sanciones y que se haga una revisión exhaustiva de ciertos casos.
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Señaló que los gastos relacionados con viáticos responden a la vida organizativa del partido, que realiza reuniones de forma periódica y están dentro de sus actividades ordinarias.
Al respecto, el consejero Arturo Castillo respaldó la propuesta de mandar a seguimiento ciertas conclusiones del Partido del Trabajo por considerar que eran gastos no partidistas como alimentos, gasolina y hospedaje.
Sin embargo, de forma preliminar podrían estar relacionados con las reuniones que tienen semanalmente en el Partido del Trabajo en la Ciudad de México, por lo que abren la posibilidad de que haya una revisión exhaustiva.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera, advirtió que se circularon adendas de última ahora que, de aprobarse, modificarían significativamente el monto de las sanciones a la baja.
En algunos casos, se proponía dar seguimiento para revisar con mayor detenimiento y que se revise hasta el siguiente informe, es decir, en un año.
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"Los seguimientos, podemos decir, deberían adoptarse por excepción, no como regla, cuando hay dudas razonables sobre casos específicos y no de manera generalizada para cierto tipo de conductas", expuso el consejero.
"Esta práctica cuando se adopta con poca mesura podría viciar los dictámenes, favorecer o incentivar los incumplimientos o propiciar incluso tantos cambios de última hora que se vuelve imposible valorarlos y, por lo tanto, llegar a este punto de demasiadas adendas que traslada a seguimiento puede deberse o a estrategias de los sujetos obligados para presentar tardíamente sus alegatos o pruebas, o a desórdenes internos que les impidió hacerlo a tiempo", subrayó.
Señaló que el reporte de gastos por parte de los partidos, la revisión por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización y el plazo que tienen los partidos para aclaraciones y solventar errores duró 14 meses, por lo que insistió en que no deben realizarse correcciones horas antes de que sesione el Consejo General.
AJA