La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión este 4 de marzo, introduce por primera vez una regulación específica para el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito político-electoral.
Esta medida busca proteger la autenticidad del sufragio frente a riesgos contemporáneos como la manipulación informativa mediante herramientas tecnológicas.
El eje central de esta propuesta establece que todo contenido relacionado con los procesos electorales que haya sido modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial, o cualquier otra tecnología similar, deberá estar obligatoriamente etiquetado por su emisor.
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El objetivo de este etiquetado es permitir una identificación clara y precisa del origen y la naturaleza del contenido, bajo los términos y especificaciones que la ley determine posteriormente.
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Responsabilidades para medios y plataformas digitales
La propuesta no solo responsabiliza a quien emite el mensaje, sino que extiende obligaciones a los difusores. De acuerdo con el texto de la iniciativa, los siguientes actores serán corresponsables:
- Concesionarios de radio y televisión.
- Plataformas de servicios digitales.
Estas entidades tendrán la responsabilidad legal de identificar, evitar la difusión y advertir a la ciudadanía sobre cualquier contenido electoral que no cumpla con el requisito del etiquetado cuando sea evidente el uso de IA.
Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, la ley establecerá las responsabilidades, medidas preventivas y las sanciones aplicables en caso de omisión.
Origen de la propuesta
La inclusión de la inteligencia artificial en la reforma responde a las preocupaciones expresadas durante 63 audiencias públicas realizadas entre septiembre y diciembre de 2025. En estos foros, especialistas, académicos y ciudadanos señalaron la necesidad de regular el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la competencia política y la libre difusión de ideas.
Con esta regulación, la iniciativa pretende fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que la voluntad popular no sea distorsionada por contenidos tecnológicos que puedan inducir al error durante las campañas y la jornada electoral.
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