México registró en 2024 un nivel elevado de impunidad penal institucional, con un promedio nacional de 89.42% de acuerdo con la Radiografía de la Impunidad 2024. Este indicador mide la proporción de casos que no alcanzan una resolución dentro del sistema de justicia. Los datos muestran diferencias entre entidades, con concentraciones más altas en zonas urbanas.
Jalisco, Edomex y la Ciudad de México encabezan el listado nacional con los mayores niveles de impunidad. En ambas entidades, el volumen de casos y la capacidad de procesamiento del sistema generan un desbalance en la resolución de delitos. Esta condición impacta el avance de las investigaciones y el acceso a resultados judiciales.
El análisis considera el flujo de casos desde su inicio hasta su resolución. También incorpora el rezago acumulado de años previos y las decisiones institucionales que definen el destino de las investigaciones. Estos elementos permiten identificar puntos donde los procesos se detienen o no avanzan.
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Jalisco y CDMX en los niveles más altos
Jalisco registró un índice de impunidad de 97.81%, el más alto del país. Durante 2024, la entidad inició más de 122 mil carpetas de investigación y mantuvo un acumulado superior a 470 mil casos pendientes. Esta carga influye en la capacidad operativa de la fiscalía estatal.
Una parte relevante de los expedientes en Jalisco se canaliza al archivo temporal. Esta figura suspende los procesos sin una resolución definitiva. El 75.95% de los casos en la entidad se ubicó en esta condición, lo que mantiene investigaciones sin avance procesal.
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La Ciudad de México reportó un nivel de impunidad de 96.01%. El sistema local procesa un alto volumen de casos y enfrenta limitaciones en la etapa de investigación y judicialización. Esta dinámica reduce la proporción de asuntos que llegan a una conclusión formal.
En la capital, las salidas como suspensión condicional y procedimiento abreviado representaron 1.35% y 1.11% del total de casos. Estos mecanismos forman parte de las opciones para cerrar procesos, pero su uso se mantiene en una proporción limitada frente al total de expedientes.
Coordinación y flujo de casos
El reporte identifica una brecha entre los reportes policiales y las investigaciones formales. A nivel nacional, solo el 25.9% de las llamadas relacionadas con seguridad deriva en la apertura de carpetas de investigación. Esta diferencia marca el inicio del proceso penal.
En entidades como Jalisco y Ciudad de México, esta desconexión reduce el aprovechamiento de la información generada por cuerpos de seguridad. La falta de integración entre instancias impide que los reportes se conviertan en pruebas dentro del sistema judicial.
El flujo procesal permite ubicar los puntos donde los casos se detienen. Este modelo observa el tránsito desde la denuncia hasta la resolución judicial. A partir de este seguimiento, el estudio identifica rezagos y etapas con menor avance.
La acumulación de expedientes pendientes se suma a los nuevos ingresos cada año. Esta combinación genera una presión constante sobre las instituciones encargadas de investigar y resolver delitos.
Estados con mayor y menor impunidad
Además de Jalisco y Ciudad de México, otras entidades presentan niveles altos de impunidad. Morelos registró 97.61%, Guerrero 96.19% y el Estado de México 96.03%. Estos estados comparten altos volúmenes de casos y rezagos acumulados.
En contraste, algunas entidades reportan niveles más bajos. Michoacán alcanzó 67.68%, Nayarit 73.07% y Yucatán 74.23%. Puebla y Tlaxcala también se ubicaron por debajo del promedio nacional.
Estas diferencias se relacionan con la proporción de casos que logran una salida jurídica. Las entidades con menor impunidad registran mayor uso de mecanismos alternativos y resoluciones dentro del sistema penal.
El estudio excluyó a Baja California Sur, Sonora y Tabasco por falta de información completa. Hidalgo solicitó no participar en la medición y Chiapas quedó fuera por valores considerados atípicos.
Cómo se mide la impunidad
El Índice de Impunidad Penal Institucional calcula la proporción de casos sin resolución frente al total que el sistema debe atender. Este universo incluye nuevas carpetas, rezagos y expedientes en archivo temporal.
Las soluciones efectivas consideran acuerdos reparatorios cumplidos, suspensiones condicionales, criterios de oportunidad y sentencias. Estas salidas implican una conclusión formal del proceso penal.
El cálculo también descuenta desestimaciones, que corresponden a casos sin condiciones para resolverse en el periodo analizado. Esta depuración evita distorsiones en el resultado final.
El indicador se expresa en una escala de 1 a 100. Un valor más alto indica menor capacidad del sistema para resolver casos. En 2024, los niveles registrados muestran una proporción elevada de expedientes sin conclusión dentro del sistema de justicia penal.
VGB