La detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, junto con su director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa; el titular de Catastro, Juan Gabriel Toribio Villareal, y el director de Obras Públicas, Isaac Carbajal Villaseñor, no es un episodio aislado ni un golpe de suerte. Es la confirmación de que el Operativo Enjambre está funcionando y, sobre todo, de que el Estado mexicano decidió volver a disputar el territorio institucional que el crimen organizado llevaba años colonizando desde dentro de los ayuntamientos.
Porque el mensaje es claro: ya no basta con patrullas, decomisos o discursos. El verdadero corazón del problema —y de la solución— está en la red de protección política y administrativa que permite que los cárteles operen con permisos, información privilegiada, contratos, obra pública, nombramientos y, en el peor de los casos, con policías municipales al servicio de los delincuentes.
En Tequila, la clave es precisamente esa: no se trata de detener “a un alcalde”, sino de desmontar una estructura municipal completa. Las labores de inteligencia del gabinete de seguridad federal permitieron vincular a estos ex funcionarios con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Y eso vuelve el caso simbólico: en Jalisco, donde el CJNG no es un actor marginal sino un poder fáctico, detener a un alcalde en funciones equivale a enviar un mensaje directo a quienes todavía creen que el cargo público sirve para blindarse.
Te podría interesar
El Operativo Enjambre, implementado desde noviembre de 2024, ya acumula 61 funcionarios municipales capturados por delitos que retratan el tamaño del cáncer: vínculos con el crimen organizado, extorsión, secuestro exprés, desvío de recursos y homicidio. No es una cifra menor; es un patrón. Y en política, cuando el patrón cambia, cambia el sistema de incentivos: la impunidad deja de ser negociable.
Más aún: Enjambre no “carga” contra un solo partido. Entre los 14 presidentes municipales detenidos hay cinco de Morena, cuatro de PRI-PAN-PRD (solos o en coalición), tres de Movimiento Ciudadano, uno del PVEM y uno de un partido local (Chiapas Unido). Ese dato importa porque reduce la coartada favorita de siempre —la persecución política selectiva— y refuerza el sentido real del operativo: el objetivo no es adversarios, es estructuras criminales incrustadas en gobiernos locales.
Y el operativo no se está quedando en detenciones mediáticas. Ya hay sentencias. Ahí está el caso de María Elena Martínez Robles, ex alcaldesa de Amanalco, Estado de México, condenada a 70 años de prisión por homicidio. O la sentencia contra ocho policías municipales de Nicolás Romero y el subdirector operativo, vinculados con el hallazgo de 10 cuerpos en fosas clandestinas. O Ulises González Hernández, ex comisario de Seguridad Pública de Acambay, con 68 años por desaparición forzada. En otras palabras: Enjambre está intentando cerrar el ciclo completo —investigar, detener, procesar y condenar—, que es justo lo que durante décadas no ocurría.
Por eso Tequila tiene un peso adicional. No solo por el nombre del municipio, cargado de simbolismo nacional e internacional, sino porque muestra que el gabinete federal está dispuesto a tocar intereses donde duele: en el municipio, la célula básica del poder político, donde se reparten permisos, se “administran” policías, se asignan obras y se negocia la vida cotidiana de la gente. Si ese nivel está capturado, el crimen organizado no necesita ganar elecciones: solo necesita controlar al que firma.
También hay un segundo mensaje, hacia afuera del estado: el gobierno federal no va a tolerar “zonas de excepción” donde los pactos locales pretendan imponerse sobre el Estado de derecho. Y un tercer mensaje, hacia adentro: cualquier servidor público —del partido que sea— que se haya servido del cargo para delinquir, financiarse o proteger criminales, será investigado y detenido.
Había múltiples denuncias contra el alcalde de Tequila; incluso se ha dicho que la presidenta Sheinbaum recibió algunas. Eso vuelve todavía más relevante el desenlace: cuando las denuncias dejan de dormir el sueño burocrático y se convierten en órdenes de captura, el poder público recupera credibilidad.
En síntesis: el éxito del Operativo Enjambre en Tequila no está solo en los nombres detenidos. Está en el precedente. En demostrar que un ayuntamiento no es un feudo y que un cargo no es un escudo. Y en advertir, con hechos, que la era en la que la impunidad se podía negociar —con dinero, con influencias o con miedo— empieza a cerrarse. A quien esté involucrado, le alcanzará la investigación. Y si hay pruebas, también la detención.