Han pasado cinco años desde que Víctor “Pushkin” Olague murió arrollado por una unidad del Metrobús en la esquina de Balderas y Artículo 123, en el Centro de la Ciudad de México. Hasta hoy el expediente no ha producido responsables ni sanciones. Su madre, Mercedes Meneses, sostiene que la investigación no sólo se estancó, sino que la propia autoridad le informó que la carpeta está extraviada. A la pérdida de su hijo —dice— se suma la opacidad de un proceso que, lejos de esclarecer los hechos, se diluye entre la burocracia.
El caso de Víctor no es un hecho aislado. Se inscribe en un patrón observado en diversos expedientes cuando unidades del transporte público están involucradas en hechos de tránsito fatales: investigaciones prolongadas, procesos que avanzan con lentitud y ausencia de sentencias firmes. En varios casos documentados, los conductores señalados enfrentan los procesos en libertad mientras las indagatorias continúan abiertas.
Durante los últimos tres años, las unidades del Metrobús se han visto involucradas en más de 5 mil hechos de tránsito, los cuales han dejado, al menos, 20 personas fallecidas. De acuerdo a cifras oficiales obtenidas por La Silla Rota vía transparencia, en 2023 nueve personas fallecieron después de ser atropelladas o impactarse con un autobús de Metrobús. Cinco de ellos eran peatones, un ciclista, mientras que tres viajaban a bordo de un automóvil.
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En 2024, perdieron la vida, nueve más, tras verse involucradas en un hecho de tránsito con una unidad de Metrobús. Cuatro peatones, dos motociclistas y tres personas que viajan en automóvil.
Mientras que en 2025 se tiene registro de una víctima mortal por “colisión de vehículos en movimiento” y la muerte de un ciclista tras ser arrollado por una unidad de la Línea 5 del Metrobús el 2 de diciembre.
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De acuerdo con el Gobierno capitalino, en la mayoría de los casos la culpa fue de los automovilistas, peatones o ciclistas, no de los choferes.
El martirio de Mercedes tras la muerte de Víctor
En febrero de 2021, Víctor circulaba sobre la calle Artículo 123 cuando al intentar cruzar la avenida Balderas fue arrollado por la unidad 2616 del Metrobús.
En entrevista con La Silla Rota, Mercedes Meneses, madre de la víctima, relata que su hijo solía salir en bicicleta hacia su trabajo en un centro de atención telefónica cerca de la avenida Reforma. Según cuenta la señora Meneses, el día del incidente ella estaba en su casa y notó llamadas perdidas de números desconocidos. Al devolver la llamada, personal de una ambulancia le informó que Víctor había tenido un accidente y se encontraba en el hospital Balbuena.
Al llegar al nosocomio, el personal médico le comunicó que el joven de 21 años estaba en estado delicado. Veinte minutos después, le informaron sobre su fallecimiento. Mercedes narra que su hijo no presentaba golpes visibles en la parte superior del cuerpo, pero estaba destruido de la cintura hacia abajo. Según el testimonio de una oficial de policía que presenció los hechos, lo último que pidió Víctor antes de perder el conocimiento fue que detuvieran al conductor de la unidad.
A partir de ese momento, Mercedes explica que comenzó un martirio legal caracterizado por irregularidades y acusaciones contra la víctima.
La madre señala que las autoridades ministeriales intentaron responsabilizar a su hijo desde el primer momento. Mercedes Meneses afirma que “un licenciado” le dijo verbalmente que el culpable era su hijo porque supuestamente venía en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y se había pasado el alto, por lo cual el chofer no podía quedar detenido.
Sin embargo, Mercedes realizó el trámite para obtener los resultados del examen toxicológico y la necropsia en el centro de servicios forenses. El certificado oficial que ella presentó ante la fiscalía demuestra que Víctor estaba totalmente limpio de cualquier sustancia.
Metrobús arrolló a Víctor a 48 km por hora
La velocidad máxima permitida para las unidades del Metrobús en la Ciudad de México es generalmente de 50 kilómetros por hora en avenidas principales, disminuyendo en zonas escolares o de alta concentración peatonal por seguridad.
Sin embargo, el Reglamento de Tránsito, en su artículo 9, señala que los conductores de vehículos deberán respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial. En vías primarias el límite es de 50 kilómetros por hora, mientras que en vías secundarias la velocidad máxima debe ser de 40 kilómetros por hora.
La avenida Balderas, donde circulaba la unidad que arrolló a Víctor, es considerada una vía secundaria, por lo cual el transporte no debía rebasar ese límite. Además, al ser una zona de tránsito calmado, el límite regular es de 30 kilómetros por hora.
No obstante, Mercedes Meneses sostiene que de acuerdo con los videos analizados tras el incidente, la unidad circulaba a 48 kilómetros por hora y en aumento al momento del impacto.
En las grabaciones se observa el momento en que el vehículo arrolla al joven y le pasa por encima, contradiciendo las versiones iniciales de la autoridad que hablaban de un impacto provocado por el ciclista.
Conductor identificado nunca enfrentó a la familia
A pesar de las pruebas en video y de la insistencia de Mercedes por buscar justicia, las autoridades nunca permitieron que ella viera al chofer que manejaba la unidad. La señora Meneses afirma que sabe que el conductor se llama Gilberto Ambriz Landín y conoce detalles sobre su lugar de residencia y su familia.
Ante ello, Mercedes menciona que algunos conocidos le han propuesto buscarlo directamente, pero ella ha preferido mantener el caso por la vía legal.
“Sé dónde vive, sé su familia. Pero nunca me he querido manchar las manos, ni lo pienso hacer, definitivamente. Ni tampoco quiero que nadie se manche las manos por algo así, cuando la justicia debería de actuar”, afirma.
Asimismo, la madre de Víctor asegura que ella estaría conforme si le dieran un argumento concreto que demostrara una culpabilidad real su hijo. Por esta razón, afirma que seguirá luchando “hasta el último día de su vida”.
“El chofer sólo estuvo detenido durante 48 horas tras el atropellamiento y posteriormente fue puesto en libertad”, recuerda Mercedes.
Expediente del caso de Víctor está perdido
Cinco años después del fallecimiento de Víctor y tras múltiples peticiones de la comunidad ciclista, la justicia no ha avanzado. Mercedes Meneses denuncia que recientemente en la Fiscalía le informaron que el expediente de su hijo está perdido.
La madre explica que le indicaron que el caso fue enviado a un área de determinación para cerrarlo bajo el argumento de que la culpa fue de la víctima, pero al buscar el documento en las oficinas correspondientes, este no aparece.
Actualmente, Mercedes no cuenta con representación legal porque afirma que los abogados que han intentado apoyarla terminan retirándose debido a que les cierran el paso. A pesar de esto, ella conserva un expediente de mil hojas con los estudios que demuestran que su hijo no consumió alcohol ni drogas y posee los videos del momento del atropellamiento, aunque argumenta que dichos materiales están manipulados por la autoridad.
Mercedes subraya que el seguro del Metrobús y el gobierno no se hicieron cargo de ningún gasto, por lo cual los servicios funerarios fueron cubiertos por el seguro del trabajo de su hijo y por el apoyo de la comunidad ciclista.
Modus operandi: Culpar a la víctima
Al igual que en el caso de Víctor, otros casos muestran que la primera respuesta institucional es responsabilizar a quien muere en la vía pública.
Montserrat Paredes falleció el 17 de noviembre de 2015 cuando fue atropellada por un camión de la concesionaria Bicentenario RFM mientras pedaleaba una unidad de Ecobici en el Paseo de la Reforma.
A pesar de circular en un carril marcado como de prioridad ciclista, la Contraloría capitalina de aquel entonces señaló que la joven fue la culpable porque supuestamente se puso en riesgo por voluntad propia.
Una de las resoluciones del caso indica que “se trató de un hecho y circunstancia consentido por Montserrat, puesto que se colocó en ese evento sin ser obligada y aceptó un riesgo como toda persona que circula en la Ciudad de México”.
En entrevista, elpadre de la víctima, Gabriel Paredes, afirma que el conductor de la unidad estuvo amedrentando a los ciclistas y a su propia hija desde casi dos kilómetros antes del impacto.
Gabriel sostiene que existen cámaras que muestran que el conductor nunca tomó las precauciones debidas y que peritajes de la procuraduría y privados confirmaron la culpabilidad del chofer.
El chofer tampoco pisó la cárcel
En el caso de Montserrat, el conductor de la unidad de transporte público siempre enfrentó el proceso en libertad. Gabriel Paredes relata que durante la vía penal las autoridades determinaron que el camión fue responsable de privar de la vida a su hija, pero argumentaron que no se podía constatar que el chofer identificado fuera quien iba manejando ese día. Lo anterior ocurrió a pesar de que el propio conductor y un checador habían declarado inicialmente que él estaba al frente de la unidad.
Gabriel Paredes asegura que tanto las empresas de transporte como las aseguradoras y el gobierno han alargado el juicio por diez años.
“Lo que quieren es que las familias se cansen, se agoten sus recursos económicos y todo para llegar a acuerdos muy bajos. Este no ha sido el caso. Estamos luchando para que quede un precedente”, afirma.
La desigualdad legal frente a las operadoras
Areli Carreón, activista en materia de seguridad vial, explica que las empresas que operan las líneas del Metrobús y servicios concesionados cuentan con sistemas jurídicos y despachos de abogados especializados para estos casos.
De acuerdo con la experta, estos equipos legales entran “inmediatamente a proteger lo más posible tanto a la empresa como al operador responsable”.
Carreón señala que las empresas suelen alegar inmediatamente una invasión de carril para culpar a la víctima y abrumar a los familiares, quienes muchas veces no denuncian o conceden el perdón rápidamente por la prioridad de atender la emergencia médica o el duelo.
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La activista subraya que en casos como el de Víctor se pudo comprobar que él tenía el derecho de paso y que el operador del Metrobús ignoró la luz roja, pero la falta de recursos de una madre soltera dificulta responder con la misma fuerza legal que una empresa operadora.
Finalmente, la especialista afirma que resulta preocupante ver a una administración más ocupada en resolver rápidamente los expedientes y enterrar el problema que en actuar para prevenir que estos siniestros ocurran.
“Para nosotros como activistas de la seguridad vial es penosísimo ver a una administración que se preocupa por resolver rápidamente los casos, así como enterrar el muerto y acabar con el problema, en lugar de actuar para prevenir que suceda el siniestro en primera instancia”, sentencia.
VGB