La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió justicia para los obreros de Altos Hornos de México durante su visita a Monclova, Coahuila, este sábado 21 de febrero de 2026. Frente a trabajadores y autoridades locales, señaló que el proceso de quiebra debe priorizar el pago de salarios y prestaciones pendientes. Indicó que la resolución judicial no puede ignorar la situación laboral que afecta a miles de familias en la región.
La mandataria planteó dos condiciones al órgano jurisdiccional y al síndico encargado del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez. Primero, que los recursos obtenidos en la subasta cubran antes que nada los adeudos laborales conforme a la ley. Segundo, que cualquier operación garantice la reactivación de la planta y no el desmantelamiento de sus instalaciones.
La exigencia surge tras la declaratoria formal de quiebra dictada el 7 de noviembre de 2024 por un juzgado federal en materia de concursos mercantiles. El fallo se emitió después del fracaso en las negociaciones con acreedores financieros y dependencias públicas. La empresa arrastra pasivos superiores a 900 millones de dólares, con adeudos relevantes ante Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
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El conflicto laboral se mantiene desde que la siderúrgica suspendió pagos a su plantilla. Para inicios de 2026, los trabajadores acumulan alrededor de 80 semanas sin recibir salario, aguinaldo ni otras prestaciones contractuales. La falta de ingresos impacta a 14 mil empleados directos y a unas 70 mil familias en las regiones Centro, Carbonífera y Desierto de Coahuila.
Origen de la crisis financiera
Altos Hornos de México se fundó en 1942 y operó como empresa estatal hasta su privatización en 1991, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El control pasó a Alonso Ancira, propietario de Grupo Acerero del Norte. Desde entonces, la compañía sostuvo su operación mediante créditos respaldados por activos y producción, lo que incrementó su nivel de endeudamiento.
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En 2013, la empresa vendió la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos cuando la dirigía Emilio Lozoya. La Auditoría Superior de la Federación documentó un sobreprecio de 127 por ciento en la transacción. Autoridades investigaron el pago de 3.5 millones de dólares para facilitar la operación.
Alonso Ancira fue detenido en 2019 en España y después enfrentó un proceso judicial en México. En 2021 firmó un acuerdo reparatorio por 216.6 millones de dólares para cubrir el daño patrimonial. Cumplió con dos exhibiciones, pero incumplió el pago restante de 112.6 millones de dólares cuyo plazo venció en noviembre de 2023.
El incumplimiento aceleró la insolvencia de la empresa. A la par, la Comisión Federal de Electricidad canceló contratos y suspendió el suministro eléctrico por falta de pago. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas bancarias, lo que limitó la operación productiva.
Quiebra y afectación regional
Con la declaración de quiebra, el juzgado designó a un síndico para administrar los activos y organizar su venta. La subasta de bienes inició en febrero de 2026 con el objetivo de cubrir adeudos. Entre los interesados aparecen Ternium, ArcelorMittal e Ignition Industries.
Especialistas estiman que la reactivación requiere entre 300 y 400 millones de dólares para poner en marcha la Planta 1 y saldar compromisos operativos inmediatos. La infraestructura se ubica cerca de yacimientos de mineral y cuenta con conexiones ferroviarias estratégicas. Antes del cierre, la siderúrgica producía cerca de cuatro millones de toneladas anuales, lo que representaba 15 por ciento del acero nacional.
El cese de actividades impactó a proveedores y comercios locales que dependían de la derrama económica mensual. Empresas de transporte, servicios industriales y pequeñas tiendas reportan disminución de ingresos desde la paralización. La contracción productiva afecta cadenas vinculadas con la industria automotriz, de construcción y ferroviaria.
Trabajadores mantienen guardias en accesos de la planta para resguardar maquinaria y equipo. Buscan evitar la extracción irregular de materiales que puedan disminuir el valor de los activos. La vigilancia se organiza en turnos y se coordina con autoridades locales.
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Condiciones del Gobierno federal
En Monclova, la presidenta sostuvo que la ley establece prelación para créditos laborales dentro del concurso mercantil. Señaló que el Estado vigilará que los obreros cobren antes que bancos o fondos de inversión. Indicó que la recuperación económica de la región depende de una solución que combine pago de adeudos y continuidad productiva.
Sheinbaum afirmó que la venta no puede fragmentar instalaciones para comercializarlas como chatarra. Expresó que el proceso debe orientarse a conservar la unidad industrial y mantener empleos. Agregó que el Gobierno federal dará seguimiento al procedimiento judicial en coordinación con autoridades estatales.
El reclamo de justicia se centra en salarios retenidos, ahorro, fondo de vivienda y otras prestaciones acumuladas. Sindicatos locales documentan retrasos que superan año y medio. La definición del proceso de subasta determinará si los trabajadores reciben liquidación completa o si la empresa retoma operaciones bajo nueva administración.
Mientras avanza la etapa de venta de activos, la resolución judicial marcará el futuro de la siderúrgica y de miles de familias en Coahuila. El Ejecutivo federal mantiene su postura de priorizar derechos laborales dentro del marco legal vigente. La decisión final dependerá del resultado del procedimiento concursal en curso.
VGB