La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024, en los cuales se incluyó una revisión exhaustiva a la gestión financiera de la empresa estatal Tren Maya, SA de CV.
El informe general de la ASF concluyó que, si bien la estructura administrativa y los mecanismos de control interno estaban en una fase de maduración y diseño, la gestión financiera y el registro contable de los recursos del Tren Maya se efectuaron en cumplimiento de la normativa, contando con el sustento documental para cada operación realizada durante 2024.
Alcance de la fiscalización
Para este ejercicio, la ASF auditó una muestra casi total de los movimientos financieros de la entidad. En cuanto a los ingresos, se revisaron 29,998.1 millones de pesos, lo que representó el 99.4% del universo seleccionado. Respecto a los egresos, la muestra alcanzó los 14,878.5 mdp, equivalentes al 88.7% del gasto reportado.
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Principales observaciones: control interno en desarrollo
La observación más relevante de carácter administrativo fue que el control interno institucional del Tren Maya se encontraba todavía en proceso de diseño al momento de la auditoría. Esto incluía la falta de formalización y autorización de su estructura organizacional y normativa interna.
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No obstante, la entidad logró acreditar ante la ASF las gestiones realizadas durante el año 2024 para solventar estas deficiencias e implementar los manuales y procedimientos necesarios.
Resultados de la gestión financiera: cumplimiento y transparencia, dice la ASF.
La revisión financiera del Tren Maya no arrojó irregularidades económicas graves en los rubros auditados:
- Transparencia Contable: se determinó que las cifras reportadas contaron con toda la documentación soporte necesaria. Se acreditó correctamente la obtención de recursos fiscales, el cobro de ingresos propios y sus respectivos depósitos bancarios.
- Gestión de nómina: el pago al personal se realizó estrictamente bajo la normativa vigente. La ASF confirmó que no se identificaron pagos indebidos ni sueldos que excedieran los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda.
- Contrataciones y servicios: se revisaron siete contratos pagados tanto con recursos fiscales como a través del Fideicomiso del proyecto. En todos los casos, se constató que los contratos se formalizaron legalmente, los bienes y servicios fueron entregados conforme a lo pactado y los pagos estuvieron debidamente justificados.
- Aportaciones al Fideicomiso: las transferencias realizadas bajo el concepto de "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" contaron con la documentación justificativa y comprobatoria requerida por la ley.
En una segunda auditoría enfocada específicamente en las inversiones físicas del Proyecto Tren Maya, la ASF revisó 15,587.9 millones de pesos ejercidos en 2024 por Fonatur Tren Maya.
La revisión incluyó recursos destinados a liberación de derecho de vía indemnizaciones, ejecución de obra en los distintos tramos.
Durante el proceso se determinaron cuatro resultados, de los cuales dos presentaron observaciones iniciales. Sin embargo, según la ASF, la entidad entregó documentación adicional que permitió solventarlas.
Tren Maya en la cuenta pública 2023
En conjunto, las irregularidades identificadas en los ejercicios 2023 y 2024 suman 57 mil 802.6 millones de pesos pendientes de aclaración, de los cuales la mayor parte corresponde a obras ferroviarias como el Tren Maya, Interurbano, proyectos hidráulicos, carreteras y desarrollos urbanos de gran escala.
Dentro de los megaproyectos, el Tren Maya destacó como el caso más representativo por la concentración de presunto daño patrimonial en múltiples tramos. En la Cuenta Pública 2023, la ASF emitió 20 Pliegos de Observaciones vinculados al sector turismo, la mayoría relacionados con este proyecto ferroviario.
Los tramos con mayores montos por aclarar fueron: Tramo 1 (Palenque–Escárcega): 1,098.4 millones de pesos, el daño individual más alto detectado en el proyecto. Tramo 4 (Izamal–Cancún): 422.6 millones de pesos; tramo 2 (Escárcega–Calkiní): 396.3 millones de pesos; tramo 5 Sur (Playa del Carmen–Tulum): 362.1 millones de pesos.
Además del daño patrimonial presunto, la ASF documentó faltas de documentación comprobatoria, promovió responsabilidades administrativas contra más de 20 servidores públicos y emitió recomendaciones por debilidades de desempeño y control, particularmente en el Tramo 5 Sur.