Pese al discurso de austeridad que ha acompañado a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde su transformación, el máximo tribunal cuenta con un presupuesto aprobado para 2026 de alrededor de 5 mil 200 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 85% se destina al Capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, es decir, sueldos y prestaciones.
El poder judicial mantiene un gasto proyectado de 70 mil millones en su conjunto, aun cuando la reforma judicial de 2024 fue acompañada por Morena y sus aliados con la promesa de mayor austeridad.
El tema de mayor controversia ha sido la compra de camionetas blindadas para los nueve ministros, con costos de aproximadamente 2.4 millones de pesos por unidad. La adquisición provocó críticas públicas y políticas por contradecir la narrativa de ahorro, lo que llevó a que los ministros a anunciar que no usarán los vehículos y que serán devueltos o reasignados a personas juzgadoras con mayores riesgos.
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Además de las camionetas se dieron a conocer otros gastos como un retrato encargado por la ministra Lenia Batres por 40 mil pesos, lo que la funcionaria desmintió calificándolo de “mentiras” y señaló que hay costos altos incluso por retratos de otros ministros; y el vuelo en primera clase de una ministra durante un viaje oficial, lo que también generó críticas.
Otro episodio que impactó la percepción pública fue el costo de 1 millón 254 mil 121 pesos de la ceremonia de entrega del bastón de mando que marcó el inicio de la nueva Corte el 1 de septiembre de 2025.
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La especialista en temas del poder judicial, Azul Aguiar, señala que estos casos desmoronan el discurso de austeridad que fue central para justificar la reforma judicial. Plantea que la percepción ciudadana de una Corte cercana y austera se ve dañada cuando decisiones como la compra de vehículos de lujo se contraponen a las promesas originales del proyecto.
Aguiar también vincula estas decisiones con una brecha entre la élite judicial y la ciudadanía, y recalca que ni siquiera el argumento de gastar menos puede sostenerse ante estas decisiones.
“Precisamente los argumentos centrales de esta reforma fueron dos, uno fue la democratización y otra la austeridad y ninguno de los dos lo estamos viendo operar, sino todo lo contrario. Cada vez descubrimos evidencia como ésta, de comprarse este tipo de coches y vemos que el problema con el poder judicial no era el dinero que gasta de manera exorbitante, sino sobre todo era su independencia y su profesionalidad como para poder ponerle un alto a las preferencias del Poder Ejecutivo, siempre dentro del margen constitucional”, concluyó.
La académica considera que estos hechos muestran que los objetivos de democratización y austeridad no se están cumpliendo, y que la nueva SCJN parece responder más a un proyecto político que a un objetivo jurisdiccional. También calificó como “superextraña” la conferencia de prensa que ofreció el ministro presidente para aclarar un tema administrativo que, según ella, debió resolverse internamente.
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