Aunque fueron mencionados por alias “Santo”, el testigo que declaró contra los marinos Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna, varios mandos y exfuncionarios no están bajo indagatoria ni forman parte de las líneas de investigación de la Fiscalía, pese a que sus nombres aparecen en declaraciones y reportes de inteligencia integrados al expediente.
El abogado Epigmenio Mendieta, defensor de dos exmandos de la Secretaría de Marina detenidos por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustibles, afirmó que la investigación de la Fiscalía es selectiva y presenta omisiones relevantes al centrar las acusaciones en personal de nivel medio, pese a que en la carpeta de investigación se menciona a mandos, funcionarios y civiles que no tienen procesos judiciales en su contra.
Aunque la Fiscalía identificó en sus análisis integrados a la causa penal 325/2025 de vínculos a por lo menos 26 personas físicas con presuntas actividades ilícitas, solo están detenidas 14 personas.
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Huachicoleo desde 2020
En entrevista, Mendieta sostuvo que el esquema que hoy se investiga no es nuevo y que existen antecedentes documentados desde 2020. Aseguró que la Fiscalía no ha seguido líneas de investigación fundamentales, como la ruta del dinero, los beneficiarios económicos ni la posible responsabilidad de titulares de dependencias federales.
Entre los mandos y funcionarios señalados por el testigo, de acuerdo con la causa penal 325/2025 que se presentó ante un juez federal en el penal del Altiplano. se encuentra Felipe “S”, vicealmirante retirado de la Secretaría de Marina con antecedentes de participación en tareas relacionadas con aduanas, identificado como Director General de Operación Aduanera. El expediente señala que la red le pagaba para que mantuviera su posición de poder en la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y permitiera que el capitán Humberto López Arellano, quien sí está bajo proceso, gestionara los cambios de personal que la organización criminal requería.
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En el mismo supuesto se ubica personal vinculado a la Secretaría de Marina y a áreas aduaneras, como el director de la Aduana de Tampico, de nombre Gastón; el director de la Aduana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de nombre Rafael; y un capitán de navío llamado Federico, así como el almirante retirado Luis Jorge, quien es mencionado en la carpeta como posible reemplazo del testigo “Santo”. Pese a ser referidos en las declaraciones, estos nombres no figuran en la orden judicial ni en los registros de personas detenidas por este caso.
También aparecen mencionados mandos relacionados con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) y la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) entre ellos el vicealmirante Salvador; y dos personas más, Abraham Jeremías y Raúl, sin que exista constancia de órdenes de aprehensión o procesos penales abiertos en su contra dentro de esta investigación.
Asimismo, en la carpeta se identifican enlaces y civiles referidos por nombre o clave, como “O” (Osvaldo u Osvel), “Rubén”, Iván Merino y el representante legal conocido como “Capiterucho Pinto”.
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Mandos superiores con responsabilidad
Mendieta subrayó que sus defendidos no tenían mando ni personal a su cargo, ni administraban recursos públicos. Señaló que cualquier pago institucional, nómina extraordinaria o movimiento presupuestal debe ser autorizado por los titulares de las dependencias y pasar por filtros administrativos y fiscales. “Ellos no podían autoasignarse recursos ni autorizar transferencias”, afirmó.
El abogado insistió en que la Fiscalía no ha investigado a quienes, por jerarquía y funciones, debieron conocer y autorizar operaciones de esa magnitud. En ese sentido, sostuvo que tendrían que indagarse las responsabilidades de los secretarios de Marina, Hacienda y otras áreas vinculadas con aduanas y comercio exterior.
Mendieta reveló que existe una carta escrita a mano por el testigo principal de la Fiscalía, identificado como “SANTO”, en la que se reconoce que el entonces secretario tenía conocimiento de los hechos. En ese mismo documento, dijo, el testigo señala que no tiene certeza de que los hermanos Farías supieran que su nombre estaba siendo utilizado dentro del esquema investigado.
“Hay una carta es escrita a puño y letra de quien ahora se convirtió en el testigo estelar de la fiscalía y y es a quien le denominan santo y de hecho él menciona que sabía el secretario sabía, pero además dice que lo que no tiene certeza de que los hermanos supieran que se estaba utilizando su nombre”, añadió.
Mendieta informó que la defensa obtuvo una orden judicial para que la Fiscalía entregue la carpeta de investigación completa, incluidas las intervenciones telefónicas y demás técnicas de investigación, y adelantó que una vez revisada esa información se definirá la estrategia jurídica a seguir.
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Contexto:
Bajo la causa penal 325/2025, la Fiscalía General de la República acusó a 13 personas de delincuencia organizada por coordinarse para introducir combustible declarándolo como aditivos o aceite para no pagar la cuota de importación.
De acuerdo con la causa penal, la red estaba encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sólo en el cargamento del buque Procyon, detenido en la aduana de Tampico, se introdujeron 20 millones de litros de combustible.
En declaraciones a la prensa en la Cámara de Diputados, Grisel Galeano, procuradora fiscal federal, dijo que el daño al erario causado por la red superó los 600 mil millones de pesos.
VGB