Integrantes de organizaciones contra los desalojos de vivienda y la gentrificación doblegaron a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos, que bajó su proyecto sobre desalojos de la lista de temas de la SCJN.
Ello, después de que los integrantes de las organizaciones se plantaron este lunes en la sede de la Suprema Corte, desde las 8am, con pancartas de “desalojo no, vivienda sí”, cerraron los accesos, tanto de la calle Corregidora como de Erasmo Castellanos.
Su intención fue exigir a la ministra María Estela Ríos que pospusiera la discusión de su proyecto, que se discutiría este 19 de enero, ya que consideran va contra los derechos humanos de quienes son desalojados en la Ciudad de México.
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No solo consiguieron que el proyecto se bajara, sino que además algunos integrantes se reunieron con los ministros Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, e Irving Espinosa.
El integrante del Frente Antigentrificación, Eduardo Alanís dijo a La Silla Rota que en 2019 legisladores del Congreso capitalino rasuraron en la ley de derechos humanos, derechos humanos a los afectados por desalojos, con una redacción ambigua para que los empresarios inmobiliarios hagan y deshagan y quitarle el derecho de audiencia para quienes están en riesgo de ser desalojados.
Se forman para entrar
Debido al cierre, decenas de empleados que entraban a las 8 ingresaron hasta las 9:40am, cuando los manifestantes abrieron el acceso por 15 minutos.
En ese lapso no todos entraron, y solo lo hicieron los restantes después de las 11am, cuando algunos representantes lograron ingresar para reunirse con los ministros, que los iban a recibir después de la sesión, que concluyó a las 2pm.
El proyecto de desalojos no fue el único que se retiró de la lista de temas, ya que otro sobre incautación de bienes sin mediar orden judicial, también de la ministra Ríos, fue retirado.
Contexto: El proyecto de la Acción de Inconstitucionalidad 73/2019, promovido por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, programado para su discusión en la Suprema Corte este 19 de enero de 2026, analiza la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Los puntos más importantes del documento elaborado por la ministra María Estela Ríos son los siguientes:
1. El Objeto de la Controversia
El núcleo del debate es si el artículo 60 de la mencionada ley invade facultades del Congreso capitalino o si vulnera el derecho a la propiedad privada al establecer requisitos estrictos para ejecutar desalojos (lanzamientos) en la Ciudad de México.
2. Reconocimiento de los Desalojos Forzosos
El proyecto propone que el artículo es constitucional porque no busca impedir los desalojos legales, sino regular los desalojos forzosos (aquellos que ocurren sin garantías procesales). Establece que:
El desalojo es una medida de último recurso.
Debe realizarse respetando la dignidad humana y bajo el debido proceso judicial.
3. Protección a Grupos Vulnerables
Uno de los puntos clave es la obligación de las autoridades de identificar si las personas a ser desalojadas pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad (niños, adultos mayores, personas con discapacidad). En estos casos:
Se debe dar aviso a las autoridades competentes (como el DIF o la Secretaría de Vivienda) para que intervengan antes del desalojo.
Se busca evitar que estas personas queden en situación de calle, aunque el proyecto aclara que esto no significa que el dueño del inmueble deba proporcionarles casa, sino que es una responsabilidad del Estado.
4. No Invasión de Facultades Procesales
El proyecto argumenta que el artículo 60 no invade la materia procesal civil (que es facultad federal), sino que establece lineamientos de derechos humanos que deben observar los jueces locales al aplicar las leyes existentes.
5. El Derecho a la Vivienda vs. Derecho a la Propiedad
El documento intenta equilibrar ambos derechos:
Para el propietario: Se ratifica que tiene derecho a recuperar su propiedad si hay un incumplimiento de contrato o término del mismo.
Para el ocupante: Se le garantiza que el Estado debe agotar alternativas (como la mediación o refugios temporales) antes de emplear la fuerza pública.
6. Criterio de "Razonabilidad"
El proyecto propone que los requisitos adicionales para un desalojo (como la presencia de personal social o la notificación a organismos de derechos humanos) son razonables y proporcionales para evitar violaciones graves a los derechos humanos en una ciudad con alto déficit de vivienda.
En resumen, el proyecto de la Ministra María Estela Rios busca declarar la validez del artículo, permitiendo que sigan vigentes estas protecciones especiales contra desalojos arbitrarios en la Ciudad de México, siempre y cuando no se anule el derecho de los propietarios a recuperar sus inmuebles mediante la vía judicial.