La viabilidad operativa y presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) quedó bajo discusión en el marco de la iniciativa de reforma electoral que analiza el Gobierno federal. La posible reducción de sus atribuciones, planteada como una vía para abaratar las elecciones y eliminar duplicidades, se enfrenta a un escenario de recortes presupuestales, indefiniciones legales y una carga operativa creciente rumbo a los comicios de 2027, advierten consejerías electorales locales.
En entrevistas con La Silla Rota, sostienen que una reforma electoral debe garantizar un presupuesto suficiente; delimitar las funciones del INE y OPLES; fortalecer las acciones afirmativas para grupos discriminados y blindarlas de un uso indebido; uso de urnas electrónicas y voto por internet y eliminar la duplicidad de funciones.
El consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Rodríguez, puntualizó que se deben garantizar recursos suficientes para su operación. Pese a que su entidad renovará Congreso, éste les aplicó un recorte de 100 millones de pesos.
“Que tengamos un presupuesto asegurado, así como las prerrogativas de los partidos políticos; que no pueda disminuirse, que no sea un capricho de los gobiernos locales, sino que tengamos asegurada una la capacidad técnico-operativa y económica para hacer frente a las elecciones”, afirmó.
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Por tanto, consideró que eliminar a estas instituciones o recortar su presupuesto no representaría un ahorro, e incluso podría ser más caro porque implica que algún órgano asuma esta facultad. Además, recordó que su presupuesto representa menos del 1% de los recursos estatales.
El consejero expuso que deben fortalecerse las acciones afirmativas y establecer reglas para evitar fraudes a la ley, es decir, contra aquellas personas que buscan acceder a candidaturas sin pertenecer a uno de estos grupos.
“Yo creo que apostarle a que el INE con todas las elecciones que se vienen para el año 27 es algo complicado. Ellos mismos han reconocido que incluso va a ser difícil o muy complicado llevar a cabo las elecciones ordinarias con las judiciales”, subrayó el consejero.
Por su parte, el consejero electoral de Chihuahua Luis Gutiérrez, quien preside la Red Nacional de Consejerías Electorales por una Democracia Incluyente (Renacedi), aseguró que desaparecer a los OPLES no disminuye costos, ya que se tendría que destinar a la organización de las elecciones un gasto operativo, financiero, humano y material.
“Imagina pasarle a un Instituto Nacional Electoral con nuevas atribuciones que tendría un par de meses para asumir todas las tareas. Primero, entender cuál es la magnitud del número de cargos que se van a elegir, desde regidurías, presidencias municipales, diputaciones, más las gubernaturas; ver cuál es la normativa de cada estado; sustanciación a registros de candidaturas; a las quejas y denuncias en materia de procedimiento sancionadores; la realización de las boletas y material, que tampoco son iguales”, explicó.
En conjunto, los 32 OPLE solicitaron alrededor de 10 mil 249 millones de pesos para operar en 2026, monto destinado a su funcionamiento básico y los procesos electorales locales.
El presidente de Renacedi apuntó que el uso de tecnologías como la urna electrónica y el voto por internet sí representarían una reducción en el costo de las elecciones, por lo que debería contemplarse en la reforma.
“Lejos de estar pensando en una desaparición, creo que tenemos que pensar en un fortalecimiento y una base muy importante es la posibilidad de contar con los recursos necesarios y suficientes para cumplir con nuestras obligaciones”, enfatizó.
La consejera de Aguascalientes, Hilda Hermosillo, sostuvo que se debe fortalecer el ejercicio presupuestal de los OPLES, reforzar el sistema de fiscalización, así como eliminar duplicidad de funciones derivadas de la ambigüedad de la ley actual.
“Las elecciones locales no dependen del presupuesto federal. Cada estado del país y acorde a su relación con la autoridad electoral, a la situación política y a un montón de factores determina la suficiencia presupuestal de cada organismo. Te puedes encontrar a institutos como el de Ciudad de México, como el Estado de México que presupuestalmente se encuentran muy sólidos; y en contraste OPLES como el de Colima donde no les alcanza ni para pagar la nómina, constantemente tienen esos problemas”, señaló.
Sostuvo que hay temas que deben incluirse y regularse en la reforma, como uso de tecnologías para emitir el voto, violencia digital contra las mujeres, incluso el uso de la inteligencia artificial, ya que esta última será una “bomba de tiempo” para la elección de 2027.
¿Por qué mantener los OPLES?
La presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales, Alma Alonso, señaló que desaparecer los OPLES, como han perfilado legisladores y militantes del partido en el poder, aumentaría la burocracia, lejos de disminuir el gasto a nivel estatal.
La consejera electoral de Sonora, consideró que también estaría en riesgo la operatividad ante la renovación de 17 gubernaturas, así como la elección judicial, al desconocer las particularidades y contextos de cada entidad.
"Esto significaría una concentración de atribuciones en el INE o el organismo que se determine en la reforma. Se nulifica la participación de las entidades federativas en la conducción de sus propios procesos democráticos (...) El INE crearía otra burocracia con mayores gastos", apuntó.
Persiste asfixia electoral
La insuficiencia presupuestal en los OPLES es un problema que ha persistido en los últimos años, debido a los recortes aplicados por los Congresos estatales, que ha puesto en riesgo la operación, gastos para elecciones y hasta pago de nómina a su personal.
De acuerdo con datos del INE, 15 entidades tuvieron una disminución superior al 20% de su presupuesto aprobado en 2025, considerando gastos operativos y para la organización de la elección del Poder Judicial.
La situación más crítica la tiene el OPLE de Zacatecas, que durante el año pasado se mantuvo en clasificación de riesgo alto, porque no contaban con recursos para la contratación de capacitadores asistentes electorales por un monto de 17 millones de pesos, así como un adeudo por el convenio con el INE por 11 millones de pesos.
Contexto: los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) son las autoridades encargadas de organizar las elecciones en las entidades federativas, como comicios para gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y mecanismos de participación ciudadana. Aunque operan a nivel estatal, forman parte del Sistema Nacional Electoral y trabajan de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE), que conserva facultades clave como la fiscalización, el padrón electoral y la designación de sus consejerías.
Los OPLE surgieron en su configuración actual a partir de la reforma político-electoral de 2014, que transformó los antiguos institutos electorales estatales. Esa reforma buscó homologar reglas, fortalecer la imparcialidad y reducir la influencia de los gobiernos locales en los procesos electorales, al tiempo que centralizó en el INE funciones estratégicas y dejó en los organismos locales la operación directa de las elecciones en los estados.
Desde entonces, el modelo ha sido objeto de debate permanente. Mientras sus defensores sostienen que permite atender la complejidad territorial y normativa de cada entidad, sus críticos argumentan que genera duplicidad de funciones y altos costos. En ese contexto, la posible reforma electoral reabre la discusión sobre su permanencia, atribuciones y financiamiento, en un escenario marcado por recortes presupuestales y elecciones cada vez más complejas rumbo a 2027.
djh