Un alumno de la Escuela Libre de Derecho ganó una batalla legal contra la propia institución, tras una serie de decisiones administrativas que, según determinó el Poder Judicial de la Federación, vulneraron su derecho a la educación y obstaculizaron injustificadamente su camino hacia la titulación.
El conflicto, que escaló hasta los tribunales federales, comenzó cuando la institución tomó medidas unilaterales que afectaron directamente la trayectoria académica del estudiante.
Una historia de obstáculos y resistencia
El conflicto comenzó cuando el estudiante, cursando el quinto año de la carrera de Derecho, presentó su examen extraordinario de Derecho Internacional Privado el 25 de junio de 2024, obteniendo una calificación aprobatoria. Sin embargo, poco después, el 29 de julio, la Junta Directiva de la Escuela Libre de Derecho determinó anular su examen sin procedimiento transparente.
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La notificación oficial llegó hasta el 2 de agosto, tiempo en el que el alumno ya había solicitado los documentos necesarios para iniciar su servicio social, un requisito indispensable para obtener el título profesional.
La institución argumentó una supuesta vulneración al sistema electrónico de examinación, invalidando el resultado sin haberle otorgado al estudiante una garantía de audiencia previa
Lejos de obtener una respuesta favorable, la escuela no solo le negó la constancia de créditos aprobados, sino que además modificó su estatus académico, eliminándolo como alumno vigente en el sistema. Esta acción impidió que pudiera inscribirse a otros exámenes extraordinarios y, en consecuencia, bloqueó su egreso de la carrera.
La Escuela Libre de Derecho también se negó a expedirle constancias de materias acreditadas y la carta de créditos indispensable para iniciar su servicio social. La escuela llegó a emitir un comunicado afirmando que el joven ya no era alumno de la institución, lo que le impedía realizar los trámites finales para su titulación.
Acude al Poder Judicial
Ante la negativa institucional, el alumno acudió a los tribunales federalesy promovió un juicio de amparo. Aunque inicialmente una jueza de distrito sobreseyó el caso al considerar que la universidad privada no actuaba como autoridad, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó dicha decisión.
El tribunal determinó que, al tratarse de omisiones en la entrega de certificados y la gestión del servicio social —requisitos legales para el ejercicio profesional—, la Escuela Libre de Derecho sí realizó actos equiparables a los de una autoridad e incurrió en actos arbitrarios, sin sustento normativo, que afectaron el derecho constitucional a la educación del quejoso.
“No otorgarle los documentos y facilidades necesarias para que el estudiante lo realice, constituye una vulneración al derecho a la educación”, señala el fallo.
El fallo judicial: restitución de derechos
La sentencia revoca una decisión anterior que desestimaba la demanda del estudiante y ordena una serie de medidas para garantizar su egreso, entre ellas:
- Restituir la calificación aprobatoria del examen anulado y dejar sin efecto la resolución del 29 de julio.
- Emitir la constancia de materias acreditadas que el estudiante solicitó en agosto de 2024.
- Entregar la carta de comprobación de créditos para que pueda iniciar su servicio social.
- Permitirle recursar únicamente las materias de Derecho Fiscal y Derecho Financiero.
- Abstenerse de imponerle cargas administrativas sin fundamento.
- Garantizar todas las facilidades necesarias para que pueda concluir la carrera de abogado.
El tribunal fue claro al señalar que las medidas impuestas por la escuela no solo fueron arbitrarias, sino que se sustentaron en criterios ajenos al marco jurídico vigente. La falta de notificación de los procedimientos sancionadores y la modificación unilateral del estatus académico del alumno fueron claves para la resolución del juicio de amparo.
djh