Sady Loaiza, alto funcionario en la Dirección de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cercano a su titular, Marx Arriaga, fue denunciado por trabajadores de la dependencia por cobrarles moches y presionarlos para entregar hasta dos meses de salario.
La denuncia que se presentó ante el Órgano de Control Interno (OIC) de la SEP establece que Loaiza, cercano excolaborador del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también fue denunciado por ejercer violencia contra los empleados de la dirección y amenazarlos con no renovar su contrato si se negaban a entregar sus salarios.
Antes de enrolarse en las filas de la DGME, Loaiza Escalona fue funcionario en el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, donde ocupó diversos cargos en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, y el Instituto Socialista para la Pesca y la Acuicultura.
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En la SEP, Loaiza Escalona fue titular de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos (DDIME) desde 2022 hasta 2025, área responsable del contenido de los cuestionados libros de texto gratuitos que se distribuyen en todo el país a niñas y niños de educación básica.
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Moches a la cuenta de un cercano
Los trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios en la DDIME son personal especializado en diversas áreas de conocimiento didáctico como lenguaje, matemáticas, ciencias, ética, inglés y se les contrata bajo convenios semestrales (enero a junio y julio a diciembre); sus tareas consisten en la elaboración de contenidos de los libros de texto gratuitos y otros materiales didácticos.
De acuerdo con testimonios recabados para este reportaje, en marzo de 2025 trabajadores especializados recibieron llamadas telefónicas de personas cercanas a Loaiza Escalona, que les pidieron devolver o transferir entre uno y dos meses de salario con el pretexto de que los recursos se destinarían a pagar diversos servicios, como financiar visitas a escuelas multigrado o adquirir un software antiplagio.
Los subordinados de Loaiza Escalona proporcionaron los números de tres tarjetas bancarias. En dos casos, para invisibilizar al titular de las cuentas dieron nombres falsos, es decir, se hizo creer a subordinados, trabajadoras y trabajadores que las transferencias de dinero se harían a dos personas de nombres Viviana López Fernández y Rafael Rojas Jiménez, pero en realidad, el titular de las tres cuentas es una persona de treinta y cinco años de edad, de origen venezolano, que cuenta con documento migratorio de estancia legal en México y no tiene ningún vínculo de tipo laboral con la SEP. Dicho personaje es Darwin Enrique Camacaro Gutiérrez, pareja sentimental de Loaiza Escalona.
La Silla Rota posee comprobantes de depósito que se hicieron a cuentas de Banorte y BBVA entre marzo y julio de 2025, que en realidad pertenecen a Camacaro.
Las personas que por temor a perder su trabajo hicieron la transferencia solicitada se extrañaron de que las cuentas estuvieran a nombre de personas físicas. En respuesta se les dijo que las cuentas correspondían a “representantes legales de la SEP”.
Además de la transferencia bancaria también se solicitó la devolución en efectivo. En un audio en poder de La Silla Rota se escucha la voz de un hombre, identificado como Luis Enrique, que pide a un trabajador devolver un mes de salario en efectivo, el cual debía entregarse en un sobre cerrado.
Luis Enrique Pereyra Zetina tenía cargo de subdirector de área en la DGME y, según las personas afectadas, era el hombre de confianza de Loaiza Escalona. El subdirector, en su declaración patrimonial de conclusión asienta que causó baja de la SEP el 18 de julio de 2025, fecha que coincide con la revelación de los hechos aquí narrados y el despido de su jefe.
Al menos nueve personas hicieron devoluciones de parte de su salario por un monto promedio de 40 mil pesos cada una.
La Silla Rota buscó a Loaiza y Arriaga para obtener su versión de los hechos, pero no se obtuvo respuesta.
Violencia laboral
Sady Arturo Loaiza Escalona también es señalado de ejercer violencia laboral sobre trabajadoras y trabajadores.
Juan Pablo (seudónimo) comenta que en una reunión de trabajo sufrió una agresión. Ante una pregunta que hizo, el funcionario reaccionó con enojo, gritó y pretendió exhibirlo como ignorante ante los demás asistentes.
Elena (seudónimo) sostiene que Loaiza Escalona se dirigía al personal con groserías gritos y manotazos en la mesa. Agrega, “te encerraba en una sala de juntas, te acusaba de traición y te advertía, ‘o estás conmigo o estás contra mí’”.
Isela (seudónimo) asegura que mientras en el discurso el funcionario promovía el diálogo, la apertura y la pluralidad, en la práctica sucedían cosas distintas, pues las personas eran excluidas, ignoradas y hasta castigadas por él.
Debido a su reiterada conducta violenta, Marx Arriaga le “sugirió” a Loaiza Escalona (oficio DGME/282/2025) tomar un curso sobre perspectiva de género, prevención del hostigamiento y acoso laboral, o sensibilización para un entorno laboral libre de violencia.
Cae "hacia arriba"
La salida de Loaiza Escalona de la DGME se dio después de que algunos integrantes del personal especializado de la DDIME denunciaron ante el Órgano Interno de Control de la SEP los hechos relatados en este informe.
El 17 de julio Loaiza Escalona reunió al personal a su cargo para comunicarle que dejaría el puesto de dirección de área. Se abstuvo de expresar el verdadero motivo de su salida, dijo que se iba porque necesitaba tiempo para dedicárselo a su bebé.
Seis días después, su pareja, Camacaro Gutiérrez, publicó en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje: “Volvemos a desplegar nuestras alas, pero esta vez no somos dos: ahora volamos tres, y así será por siempre. Nueva historia como papás de E.M.L.C.”
Lejos de dejar el cargo en la DGME para dedicar tiempo a la bebé, Loaiza Escalona ascendió en su carrera burocrática. A partir de septiembre tomó posesión como Subsecretario de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica del estado de Nayarit.
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Las personas que denuncian señalaron que en el artículo 215 del Código Penal Federal se establece que “cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que […] obtengan, exijan o soliciten sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios”.
El delito de abuso de autoridad se sanciona con una pena de uno a ocho años de prisión y de cincuenta a cien días de multa.
Loaiza Escalona es autor de El credo de la Nueva Escuela Mexicana y sus materiales educativos, difundido por la DGME en la revista Asalto al cielo. El primer principio de esa doctrina dice: “Creo en los principios de la transformación: no robar, no mentir, no traicionar como rectores éticos de la vida pública del país”.
VGB