Lejos de ser un escenario de ciencia ficción, el uso de inteligencia artificial (IA) por parte del crimen organizado es una realidad actual que está reconfigurando el panorama delictivo en América Latina y el mundo. Un reciente estudio del programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea ofrece un mapeo detallado de cómo diversas estructuras criminales, desde cárteles tradicionales hasta plataformas autónomas, están adoptando tecnologías algorítmicas para optimizar sus operaciones ilícitas, diversificar sus crímenes y expandir su alcance transnacional.
El análisis revela una transformación estructural en la organización delictiva, que se aleja de un modelo único para abarcar un ecosistema diverso de actores. El estudio propone una clasificación funcional basada en la morfología y el grado de autonomía de estos grupos, identificando cuatro tipologías principales que operan a nivel global.
1. Organizaciones Jerárquicas Tradicionales: Grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México no han sido desplazados por la tecnología, sino que la han integrado como una extensión estratégica de su poder. Estos cárteles utilizan IA para optimizar rutas de tráfico, clonar voces para extorsiones emocionales y lanzar campañas de phishing financiero, manteniendo sus estructuras de mando vertical pero subcontratando servicios tecnológicos a través de intermediarios. Su poder ya no reside solo en la confrontación armada, sino en la capacidad de generar amenazas digitales creíbles y automatizar la violencia.
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2. Redes Distribuidas y Cibercolectivos: En contraste con la rigidez de los cárteles, actores como los Yahoo Boys de Nigeria, las bandas de "Montadeudas" en México o el Sindicato del Piso 13 en Camboya operan sin una jerarquía fija. Estos grupos funcionan como comunidades colaborativas con nodos semiautónomos que comparten recursos y técnicas en foros cerrados. La IA actúa como un "pegamento técnico" que les permite automatizar fraudes, extraer datos masivamente (scraping) y coordinar ataques de ransomware. Su flexibilidad estructural y anonimato los hacen especialmente resistentes al desmantelamiento.
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3. Plataformas Criminales Autónomas (Crime-as-a-Service): Esta categoría representa una mutación ontológica del crimen. Sistemas como Xanthorox AI o los "Dark LLMs" (WormGPT, FraudGPT) no son organizaciones con miembros, sino infraestructuras algorítmicas que ofrecen delitos como un servicio por suscripción. Permiten a usuarios sin conocimientos técnicos ejecutar ciberataques complejos, generar deepfakes o diseñar malware a través de simples instrucciones en lenguaje natural. En este modelo, el crimen se despersonaliza: el perpetrador es un sistema y el daño se ejecuta sin intermediación humana visible.
4. Actores Paraestatales y Proxies Geopolíticos: Grupos vinculados a intereses estatales, como Cotton Sandstorm (Irán) y el ecosistema Doppelgänger-Matryoshka (Rusia), emplean la IA para la guerra simbólica. Su objetivo no es el lucro, sino la desestabilización institucional, la interferencia electoral y la erosión de la confianza pública. Replican sitios web de medios de comunicación, generan testimonios falsos con deepfakes y contaminan modelos de IA con desinformación para manipular la percepción colectiva en un nuevo campo de batalla cognitivo.
Mapeo Regional: Cómo la IA Transforma el Delito en América Latina y Más Allá
El estudio documenta casos paradigmáticos que ilustran la adaptación regional de estas tecnologías, demostrando que la adopción de IA responde a lógicas criminales específicas y a las condiciones de cada territorio.
En México, el CJNG ha sido pionero en esquemas de extorsión automatizada mediante la clonación de voz y bots conversacionales para estafas de fraude emocional como el "pig butchering". Por su parte, el Cártel de Sinaloa ha adoptado un modelo de replicación descentralizado, donde múltiples células operan campañas de smishing y utilizan criptomonedas y redes de cambio chinas para blanquear ganancias del tráfico de fentanilo.
En Bolivia, el caso del Clan San Roque evidenció cómo una red criminal operando desde una cárcel logró clonar la voz del Ministro de Educación para cometer fraudes, ofreciendo falsos puestos de trabajo a cambio de dinero. Este incidente subraya la capacidad de grupos criminales para simular la autoridad del Estado y explotar la confianza ciudadana desde los márgenes físicos del sistema.
El fenómeno de los "Montadeudas" en la Ciudad de México ilustra un modelo de extorsión algorítmica a gran escala. A través de aplicaciones de préstamos fraudulentas, estas redes extraen datos personales masivamente y luego emplean bots de amenazas y deepfakes para ejercer una coerción psicológica automatizada, afectando desproporcionadamente a mujeres y poblaciones vulnerables.
Más allá de América Latina, el informe destaca centros de esclavitud digital como KK Park en Myanmar, una "ciudad del crimen digital" financiada por mafias chinas donde decenas de miles de trabajadores forzados son obligados a ejecutar estafas globales mediante IA. Asimismo, se analiza Operation Cumberland, la primera redada multinacional contra redes que distribuían material de abuso sexual infantil generado sintéticamente con IA (AI-CSAM), un caso que redefine el concepto de víctima y daño en la era digital.
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Un Desafío Estructural para los Estados
La convergencia entre IA y crimen organizado presenta un desafío sin precedentes para los sistemas de justicia. La velocidad de adopción tecnológica por parte de los delincuentes supera con creces la capacidad de respuesta institucional. Las legislaciones actuales son insuficientes para tipificar delitos como la manipulación algorítmica o el fraude automatizado, y las fuerzas de seguridad carecen de las herramientas y protocolos necesarios para investigar y judicializar evidencia sintética.
El estudio concluye con un llamado urgente a la acción, proponiendo una hoja de ruta centrada en la reforma regulatoria, el fortalecimiento institucional y, sobre todo, una cooperación regional e internacional sin precedentes. La lucha contra el crimen algorítmico, que no reconoce fronteras, exige una respuesta coordinada que actúe en red para desmantelar las infraestructuras técnicas y no solo perseguir a actores aislados.
djh