Memoria del procurador: el próximo 26 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En 2014, Iñaki Blanco era procurador de Justicia en Guerrero y este es su testimonio del caso, el cual compartimos en 3 partes.
Tercera de tres partes.
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Las referencias hacia mi persona, derivadas de la imputación que me formuló Omar Gómez Trejo.
La principal diferencia entre el trabajo de Omar Gómez Trejo y el de la Procuraduría General de Justicia que encabecé entre 2013 y 2014, es que esta última institución ministerial estaba investigando a los Guerreros Unidos desde antes de los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre, y que, en distintos momentos, se solicitó a la Procuraduría General de la República que detuviera al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez por sus vínculos con la delincuencia organizada. Así también, cabe recordar que, en ese entonces, el Ministerio Público estatal compartió la información obtenida sobre el modus operandi, zonas de influencia y estructura de dicha agrupación criminal con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Policía Federal, dando origen a un documento intitulado 'Objetivos de Atención Especial' que fue dado conocer a principios del mes de agosto de 2014 a los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por los Delegados de la PF, el CISEN y la PGR, además de los comandantes de la Sedena y la Semar, en el que quedaron al descubierto los vínculos de varios ediles con la delincuencia organizada.
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A su vez, por lo que hace a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, como ya se mencionó, se detuvo y consignó a 33 personas que continúan en prisión sujetas a proceso, sin que a la fecha se haya documentado un solo caso de tortura imputable a personal de la institución ministerial guerrerense, tal como consta en el informe titulado "Doble Injusticia", elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y en la recomendación que emitió la CNDH.
A mayor abundamiento, dos días antes del 26 de septiembre, el suscrito solicitó la detención de Abarca al titular de Secuestros de la SEIDO, quien respondió que estaban por hacerlo (sólo faltaba la declaración de un “TP” –testigo protegido-, tal como consta en un mensaje de WhatsApp del que dio fe el personal ministerial que tomó mi declaración en el mes de octubre de 2014.
En tanto, Omar Gómez Trejo, al ser omiso, facilitó la salida de la cárcel de un número considerable de miembros de los Guerreros Unidos y a varios de ellos los hizo testigos colaboradores, mismos que se prestaron a declarar lo que él quería oír, sin contar, las más de las veces, con otros medios de prueba para respaldar sus dichos, entre los que destaca el de Gildardo López Astudillo, identificado en el expediente del caso como ‘Juan’, quien fue su principal aliado para proceder contra varias personas a pesar de tratarse de un testimonio plagado de yerros e inconsistencias que lo vuelven inverosímil.
Un último aspecto a considerar, se reitera, es que derivado de las diligencias practicadas por la PGJEG, en la atención del secuestro agravado del señor Arturo Hernández Cardona y otros, misma que motivó el inicio de la diversa PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tamaulipas, le impuso una sanción privativa de libertad de 92 años a José Luis Abarca Velázquez. El 90% de las diligencias practicadas en el desarrollo de la indagatoria fueron realizadas por el Ministerio Público Estatal. Ese trabajo fue reconocido públicamente en fechas recientes por la señora María Soledad Hernández Mena, hija de la citada víctima.
Extradición e investigación de otros partícipes en la investigación oficial
Hoy en día, se insiste, con justificada razón, en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, más no así en la de Abraham Eslava Arvizú, extitular de la Unidad de Robo de Vehículos de la SEIDO, quien está plenamente probado que participó en acciones que ensuciaron, enturbiaron y desviaron la investigación ministerial, entre ellas la tortura infligida a varias personas. Asimismo, nadie exige la detención o al menos la comparecencia del superior inmediato de este último sujeto y del extitular de la Unidad Antisecuestros Gualberto Ramírez Gutiérrez (detenido por la comisión de diversos delitos), quien, por obvias razones, estuvo al tanto de las acciones o conductas llevadas a cabo por sus subordinados y estructuralmente hablando, fue quien dirigió, encabezó y coordinó la indagatoria, en estrecho contacto con su par y auxiliar policial, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal.
Es válido y justificado insistir en las extradiciones de Zerón de Lucio, Eslava Arvizú y Bernabé García, pero también debe ubicarse a quienes, acorde a las líneas o cadenas de mando, conocieron e incidieron en los resultados de las diligencias ministeriales que hoy se sabe están afectadas de nulidad (detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, falsificación y alteración de documentos, inadecuados procesamientos de los lugares de los hechos, abusos de autoridad y actos de tortura).
Bajo tal escenario, se colige que el entones titular de la SEIDO fue un actor importante o de especial relevancia en la toma de decisiones y en el desarrollo de la investigación, por lo que la obtención de su testimonio debe ser prioritaria para conocer y llenar varios de los vacíos de las indagatorias.
El derecho a la verdad
El derecho a la verdad consiste en que las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones a los derechos humanos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero, o bien el de sus restos. El derecho a la verdad acarrea la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
En ese sentido, los miembros de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) y los responsables de la UEILCA de la FGR, deben ser capaces de evaluar y ponderar las pruebas y de actuar con sano juicio o buen criterio. Su tarea es de carácter legal y mora. De nada servirá la creación de la Comisión para la Verdad si no se tienen presentes cuatro objetivos fundamentales: 1. El conocimiento de la verdad. 2. Impulsar las acciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la justicia, esto es el castigo a los responsables de los hechos. 3. Promover la efectiva la reparación del daño en favor de las víctimas y 4. Establecer medidas de no repetición.
La creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, nos colocó ante la oportunidad histórica de generar un precedente que ayude a recuperar la credibilidad y confianza en nuestras autoridades, y es por ello que no podemos dilapidarla. El esclarecimiento puntual de los hechos no debe generar mayores dudas, por el contrario, debe sustentarse sobre bases firmes que den lugar a una “verdad a secas” o una consistente y fehaciente “teoría del caso”, en la que no ha lugar a narrativas a modo de delincuentes.
Algunas preguntas que requieren respuesta
El que esto suscribe, estima que con relación a la investigación que hoy impulsan algunas personas sobre mi intervención en el caso Iguala, cabe hacer las siguientes preguntas:
¿Cómo es posible que se planteé una supuesta colusión entre mi persona y la delincuencia organizada que intervino en la desaparición de los normalistas, si existe un número importante de datos de prueba (acuses de recibo de documentación diversa, relacionada con la investigación que radicó la PGJEG en contra de los ‘Guerreros Unidos’, con especial referencia a José Luis Abarca; averiguaciones previas y carpetas de investigación del caso Iguala y vinculadas al mismo; correos electrónicos; chats de WhatsApp; escuchas legales de la DEA; informes o reportes oficiales del caso Iguala y de acciones emprendidas contra la delincuencia entre 2013 y 2014, y múltiples testimonios de exfuncionarios de la representación social estatal) para acreditar que en periodo de mérito se investigó, detuvo y consignó a un número importante de miembros de la delincuencia organizada, entre ellos 33 sujetos que participaron en la desaparición de los normalistas; que en ese entonces, desde muchos mese antes al 26 de septiembre, se entregó información sensible sobre la enunciada agrupación criminal a distintas instancias del Gobierno Federal, y que al día de hoy, las bases de la indagatoria ministerial que encabecé están inalteradas?
¿Dónde está la organización que supuestamente encabecé y, de manera permanente y reiterada, llevó a cabo conductas ilícitas, dado que no soy omnipresente o poseo el don de la ubicuidad para haber realizado tareas ministeriales, policiales y periciales con la finalidad de colaborar y brindar protección a la delincuencia organizada por años y alterar las diligencias llevadas a cabo en la atención del caso Iguala, respecto de lo cual, debí dar instrucciones a un número importante de servidores públicos o contar con su apoyo para lograr tal objetivo?
¿Por qué razón, si existía el señalado contubernio, la PGJEG investigaba a los Guerreros Unidos, detuvo y consignó a varios de sus miembros, entre ellos a Abarca, si se corría el riesgo de que éstos delataran tal relación ante las autoridades federales?
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¿Existe algún antecedente, debidamente comprobado por peritos en materia de análisis de telefonía y de voz, para establecer que interactué vía llamada o mensaje con algún miembro de la delincuencia organizada antes o después de la noche de Iguala?
¿Por qué razón si existía contubernio, un exintegrante del Grupo de Coordinación Guerrero y exmiembro del Gabinete Federal del exPresidente Andrés Manuel López Obrador, me entregó información y puso sobre aviso de que José Luis Abarca ordenó ejecutarme?
Concluyo diciendo que hoy, Gómez Trejo, al igual que Tomás Zerón, Abraham Eslava y Ulises Bernabé García, se encuentran en el exilio; otros responsables de los hechos están escondidos o resguardados a pesar de sus evidentes y condenables acciones, entre ellos el extitular de la SEIDO cuando ocurrieron los lamentables hechos de Iguala; en tanto, yo, aquí sigo y seguiré. Ojalá que más pronto que tarde, aquellos rindan cuentas.
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VGB