Memoria del procurador: el próximo 26 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En 2014, Iñaki Blanco era procurador de Justicia en Guerrero y este es su testimonio del caso, el cual compartiremos en 3 partes.
Segunda de tres partes.
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En este apartado son de resaltar los datos que surgen si revisamos a detalle la línea de tiempo en la investigación del caso, toda vez que conforme a lo que indagó la Fiscalía General del Estado de Guerrero y en buena parte la PGR ha quedado establecido que fueron elementos de distintas policías municipales, particularmente las de Iguala, Cocula y Huitzuco quienes intervinieron de inicio en la agresión de que fueron víctimas los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y otras personas, y que fueron quienes se coordinaron o coludieron integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos para tal efecto, siendo ese aspecto corroborado con parte de los datos o información que se desprende de la intervención legal de comunicaciones llevada a cabo por autoridades de los Estados Unidos de América, específicamente por la DEA.
En las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, derivado de un operativo de búsqueda y/o resguardo implementado por la PGEG, se localizó a 68 estudiantes, los cuales fueron conducidos a las instalaciones de la Fiscalía Regional con sede en Iguala, siendo algunos de los mismos quienes aportaron la primer versión sobre lo ocurrido al rendir declaración ministerial en presencia de defensores de oficio y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto es que habían sido agredidos por integrantes de la Policía Municipal de la enunciada localidad.
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Como consecuencia de lo expuesto, se procedió a concentrar a aproximadamente 250 elementos de la señalada corporación policial en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y una vez que se contó con los datos de prueba necesarios (Resultados positivos a las pruebas de rodizonato de sodio y Lunge -efectuada a las armas de cargo-. Periciales en materia de balística de efectos permitieron establecer correspondencia entre elementos balísticos recolectados -ojivas y cartuchos- en los distintos lugares de los hechos y armas de cargo. Confesiones calificadas divisibles de los imputados, quienes se ubicaron en modo, tiempo y lugar respecto de los hechos en que perdieron la vida 6 personas, 25 resultaron lesionadas y 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Identificación de 19 individuos en carácter de agresores, llevada a cabo por parte de algunos normalistas) se consignó a 22 de los mismos, ampliándose días después el ejercicio de la acción penal contra 11 sujetos más, entre ellos José Luis Abarca.
De igual modo, la Fiscalía Estatal de referencia identificó por nombres y apellidos a la mayoría de los integrantes del grupo denominado “Los Bélicos” (más de 60), a quienes, en su momento, Alejandro Encinas Rodríguez; atribuyó un grado de participación importante en los hechos. Hoy se sabe que 12 de los primeros 22 policías consignados, eran miembros de la enunciada agrupación. El listado o registro correspondiente fue entregado a la PGR en cuanto atrajo el asunto de mérito, el 4 de octubre de 2014.
En efecto, en los más recientes reportes o informes oficiales se ha resaltado el papel que jugó el referido grupo en la desaparición de los estudiantes, especialmente cuando acudieron a las instalaciones de la Policía Municipal de Iguala, donde el entonces Oficial de Barandilla, Ulises Bernabé García (hoy sujeto a proceso de extradición), les entregó, al igual que a policías de Cocula, entre ellos César Nava González) y a elementos de Protección Civil (entre ellos David Cruz Hernández), entre 17 y 20 normalistas, tal como fue declarado por dos integrantes de la organización delictiva “Guerreros Unidos” que detuvo la PGJEG, el 3 de octubre de 2014, de nombres Marco Antonio Ríos Berber y Honorio Antúnez Osorio.
Otro elemento policial, llamado Hugo Hernández Arias, sostuvo haber visto a 10 detenidos en el patio de la Comandancia, de donde fueron sustraídos por elementos de la Policía Municipal de Iguala a bordo de dos patrullas.
En la citada acción, también se logró establecer que participó el subdirector de la Policía Municipal de Iguala, quien tiempo después se supo que interactuó con Gildardo López Astudillo a efecto de determinar qué hacer con los jóvenes detenidos, hoy desaparecidos.
Sobre el particular, destaca que al emitir la Recomendación 15VG/2018, la CNDH demostró que Ulises Bernabé tuvo a su disposición de 23 a 28 normalistas, a la postre desaparecidos, previamente detenidos en el cruce de las calles de Juan N. Álvarez y Periférico de Iguala cuando iban a bordo del autobús 1568 en aquella noche fatídica del 26 de septiembre de 2014, y que indebida e ilegalmente -junto con Francisco Salgado Valladares, Subdirector de la Policía de Iguala- entregó a esos normalistas detenidos a César Nava, Subdirector de la Policía de Cocula, quien por orden de “El Patrón”, Autor Intelectual de los hechos y líder no visible de la Organización Criminal de los “Guerreros Unidos”, acudió esa noche a la Comandancia de Iguala y, sin jurisdicción alguna, exigió la entrega de los estudiantes argumentando “órdenes superiores”, por lo que procedió a llevárselos y los trasladó al paraje Loma de Coyotes, donde los entregó a sicarios del grupo criminal de los “Guerreros Unidos” al mando de Gildardo López Astudillo (a) “El Gil”, con nombre clave de “Juan” en su faceta de Testigo Protegido de la UEILCA, promovido por el GIEI.
Los detalles de estos pasajes están consignados en la Recomendación de la CNDH en el “Caso Iguala” del 28 de noviembre de 2018, particularmente en el Apartado 11 relativo a la “Persecución y Agresión a los Normalistas que Viajaban en la Caravana de Autobuses Interceptada en la Calle Juan N. Álvarez y Periférico. Desaparición de los Normalistas que iban a Bordo del Autobús ‘Estrella de Oro’ 1568”; en el Apartado 18 relativo al “Traslado y Entrega de un Grupo de Normalistas a la Organización Criminal ‘Guerreros Unidos’ por Elementos de Corporaciones Policiales”; en el Apartado 22 relativo a la Georreferenciación de Líneas Telefónicas; en el Apartado 26 que trata “Sobre la Transmisión de Órdenes para Ejecutar Actos de Desaparición de los Normalistas de Ayotzinapa” (Autoría Intelectual); y en el Apartado 27 que trata “Acerca de las Motivaciones que Originaron las Agresiones Contra los Normalistas de Ayotzinapa” (Móvil).
Lo anterior, guarda correspondencia con lo se desprende de un chat aparentemente obtenido por la SEDENA que encontró y dio a conocer la COVAJ en la época de Alejandro Encinas Rodríguez, en el que se advierte el diálogo que sostuvieron los sujetos identificados como Francisco Ignacio Salgado Valladares, alias “El Valla” y Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, ambos integrantes de los Guerreros Unidos, con relación a la privación de la libertad de varios normalistas y su posterior desaparición.
Por lo tanto, se advierte que lo que dio a conocer el GIEI como un hallazgo propio cuando difundió el reporte militar en cuestión es falso, dado que la mencionada información es parte de la averiguación previa iniciada a nivel estatal que fue entregada a la PGR.
El más reciente Informe del Gobierno Mexicano sobre el caso Ayotzinapa, contiene, al menos, 14 menciones a diligencias llevadas a cabo por la PGJEG. A guisa de ejemplo, cuando se aborda lo relativo al intercambio de comunicaciones telefónicas o red técnica de vínculos entre policías municipales, se menciona a 5 de los primeros 22 agentes que detuvo o consignó el Ministerio Público Estatal, todos miembros del grupo conocido como “Los Bélicos”, de nombres Miguel Ángel Hernández Morales, Iván Armando Hurtado Hernández, Fausto Bruno Heredia, Francisco Salgado Valladares, Zulaid Marino Rodríguez y quienes tripulaban la patrulla 302 de Cocula (César Nava).
De igual modo, en el documento en mención se retoman aspectos derivados de las diligencias primarias, tales como que los GU operaron por células, que existieron distintas rutas de desaparición, que un grupo de normalistas fue llevado a la Comandancia, que en los hechos tuvieron una participación importante el grupo de reacción inmediata conocido como “Los Bélicos”, elementos de Protección Civil de Iguala y policías de Cocula.
A lo expuesto, se suma la investigación previa de los Guerreros Unidos, con especial referencia a José Luis Abarca Velázquez, iniciada por la Fiscalía Estatal varios meses antes del 26 y 27 de septiembre de 2014, de donde se desprendieron datos sobre la estructura organizacional, modus operandi y zonas de influencia de tal agrupación criminal, todo lo cual fue compartido durante 2013 y 2014 con autoridades del Gobierno Federal (PGR, SEDENA, CISEN, SEMAR y PF). En el desarrollo de la indagatoria, se desmanteló un narco-laboratorio ubicado en la colonia San Miguelito; Iguala, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, se efectuaron consignaciones contra miembros de los GU y se encontraron fosas clandestinas y osamentas, por lo que se efectuaron los desgloses correspondientes a la SEIDO para que se efectuaran consignaciones por delincuencia organizada.
Así las cosas, con relación a la averiguación previa HD/SC/01/0758/2013, radicada por la FGEG en la atención del secuestro agravado del señor Arturo Hernández Cardona y otros, misma que motivó el inicio de la diversa PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, es oportuno precisar que la judicialización de esta última propició que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tamaulipas, impusiera una sanción privativa de libertad de 92 años a José Luis Abarca Velázquez. El 90% de las diligencias practicadas en el desarrollo de la indagatoria fueron realizadas por el Ministerio Público Estatal, siendo reconocido ese trabajo recientemente por la señora María Soledad Hernández Mena, hija de la citada víctima.
Acciones de Combate a la Delincuencia llevadas a cabo por la PGJEG.
A la fecha hay quien sostiene que entre 2013 y 2014, el Gobierno del Estado de Guerrero toleró o no combatió a la delincuencia, por lo que en ese sentido es oportuno acotar las acciones que llevó a cabo en ese rubro la PGJEG, las cuales se hicieron públicas en diversas conferencias de prensa, se reportaron al Sistema Nacional de Seguridad Pública y obran dentro de las averiguaciones previas afectas al caso Ayotzinapa.
En colaboración con la Policía Federal se detuvo a casi 100 integrantes de la organización criminal denominada Los Rojos, entre ellos a varios de sus líderes o cabezas visibles; algunos familiares del hoy prófugo Omar Cuenca Marino, de quien se sabe, existen alusiones o referencias en el caso Iguala; a Carmen Nava Romero La Doña; a Lizbeth Cantorán Guerrero La Güera Guerrillera, y al oficial mayor de Chilapa, Vicente Jiménez Aranda. Al respecto, la Fiscalía General dio a conocer información oficial en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional región centro, celebrada a principios de septiembre de 2014, en la Ciudad de México.
Son de destacar los casos del secuestro del diputado local Olaguer Hernández Flores, ordenado por Jorge Higashi Chávez, alias El Chino o El Japonés, a quien en su momento se consideró segundo en la estructura de mando del grupo criminal y que fue detenido en cumplimiento a la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público del estado de Guerrero, así como el atentado que sufriera el empresario miembro de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) del estado, Pioquinto Damián Huato, en la ciudad de Chilpancingo, donde como resultado de la intervención de la Fiscalía General se detuvo a más de 30 integrantes de Los Rojos, tal como se hizo público en su oportunidad.
De igual manera, debe tenerse presente que durante el enunciado periodo se alcanzaron resultados relevantes en lo concerniente a los homicidios de personas identificadas como “luchadores sociales”, Juventina Villa Mojica y su hijo, Reynaldo Santana Villa; Luis Olivares Enríquez y su pareja Ana Lilia Gatica Rómulo; Raymundo Velázquez Flores; Samuel Vargas Ramírez; Miguel Ángel Solano Barrera —integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ)— y el de María Edy Fabiola Osorio Bernáldez y Layby Esther García Ruiz, integrantes de la organización ecologista Guerreros Verdes, en todos los cuales hubo detenidos e incluso hay sentenciados. Asimismo, en coordinación con la Procuraduría General de la República, se hizo del conocimiento público el estado que guardaba el caso (secuestro agravado) de los ecologistas Marcial Bautista Valle y Eva Fe Alarcón Ortiz.
También se logró la obtención de la orden de aprehensión contra el ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio en agravio del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su chofer Erick Estrada Vázquez, y el esclarecimiento del homicidio del señor Arturo Rivera Olivera, coordinador municipal del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en Metlatónoc, Guerrero.
En poco más de un año, la Fiscalía General detuvo a 403 secuestradores, siendo esta la cifra más alta alcanzada en ese entonces a nivel nacional y en la historia del estado de Guerrero. Como consecuencia se desmantelaron 70 bandas dedicadas a la comisión de dicho ilícito, conformadas por integrantes de distintas organizaciones delictivas, entre estas “Los Rojos”, “Guerreros Unidos” y “Los Ardillos”, y se liberó a 270 víctimas. No es de soslayar que el desmantelamiento de todas esas organizaciones trajo consigo una disminución significativa en la comisión del ilícito de secuestro en los años más recientes en el estado de Guerrero.
Lo anterior, es relevante si se toma en cuenta que actualmente hay quien dice que en el periodo de referencia se toleró a la delincuencia organizada.
Conforme a información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 2013 y el 2014, los trabajos llevados a cabo por la Fiscalía General del Estado de Guerrero permitieron alcanzar una disminución significativa en la incidencia delictiva. Para el caso del secuestro hubo una disminución del 48%, de un 35% tratándose de homicidios dolosos, de un 8.6% en la comisión del delito de extorsión y de un 16.7% en el robo de vehículos.
La intervención de Omar Gómez Trejo en la investigación del caso.
La falta de ética y profesionalismo para brindar adecuados apoyos en lo jurídico, psicológico y social en favor de las personas afectadas por los delitos cometidos en el caso Iguala, ha sido una constante en el proceder de un número indeterminado de oportunistas que han aprovechado las circunstancias para lucrar con el dolor de las víctimas, a quienes no les han informado con total transparencia, sinceridad y sensatez qué datos de prueba debidamente consolidados obran en la indagatoria oficial, qué líneas de investigación deben ser desestimadas por no contar con evidencias o hallazgos mínimos y qué vertientes de la indagatoria son útiles para hacer efectivo el Derecho a la Verdad, todo lo cual se traduce en severas omisiones a las tareas de coadyuvancia que debieran realizar en estrecha coordinación con el Ministerio Público de la Federación, aportando ideas o datos reveladores, útiles e idóneos para construir una certera teoría del caso.
Lo anterior, guarda relación con las líneas de investigación que hoy mismo se impulsan o manejan como pendientes, las cuales, si bien es cierto deben ser agotadas, no menos lo es que se exponen parcialmente o en forma sesgada, dado que entre dichos asesores hay quienes han encubierto, ocultado o soslayado el desvío, daño u obstrucción ocasionado al aparato de procuración de justicia derivado del desaseo que, contrario a lo que muchos sostienen, caracterizó a la gestión de Omar Gómez Trejo en carácter de titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, siendo todo ello tolerado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana (GIEI).
Las omisiones o actos llevados a cabo por el personaje en cuestión son tanto o más graves que aquellos que se imputan a Tomás Zerón de Lucio, extitular de Agencia de Investigación Criminal (AIC), dado que, mediante un uso faccioso y doloso del aparato que, de buena fe, se puso a su disposición, incurrió en responsabilidad penal y administrativa que está siendo investigada.
En principio, Gómez Trejo no subsanó los errores de algunas de las consignaciones que llevó a cabo la anterior administración la PGR, toda vez que al obtener o contar pruebas supervenientes (testimonios, análisis forenses de telefonía, transcripciones de escuchas legales y documentales diversas) debió ofrecerlas, en tiempo y forma, a fin de evitar la liberación de decenas de procesados, todos integrantes de los Guerreros Unidos
De igual manera, pudo “reparar” las injusticias propias del caso (liberaciones en cuestión), allegándose de elementos probatorios para proceder penalmente en contra de los sujetos imputados y liberados, acusándolos por otros hechos de carácter delictivo, dado que, en razón de su pertenencia a una agrupación criminal, se sabe de su participación en múltiples secuestros, homicidios, extorsiones y acciones propias de narcotráfico, empero, no lo hizo.
A lo expuesto, se suma el hecho de que a pesar de haber sido conminado por la autoridad jurisdiccional (Samuel Ventura Ramos) a fin de que instancias independientes realizaran los Protocolos de Estambul de todos los indiciados que alegaron haber sido torturados, éstos no se llevaron a cabo y/o presentaron en el término de ley, lo que propició que el juez requirente tuviera por ciertos los señalamientos de tortura y determinara la liberación de decenas de los responsables de la desaparición de los normalistas. Lo anterior, derivó de parte del contenido de la sentencia que emitió el Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con residencia en Tamaulipas en 2018, por lo que no puede alegarse que Gómez Trejo no tuvo tiempo para allegarse de los protocolos y evitar que decenas de integrantes de los Guerreros Unidos recuperaran su libertad, entre ellos Gildardo López Astudillo (a quien más tarde hizo testigo colaborador), dado que desde que asumió el cargo de fiscal especial, debió imponerse del contenido de la mencionada resolución y llevar a cabo las acciones legales correspondientes
En este sentido, pudo haber hecho propios los de la anterior administración de la CNDH, pero sabía que no le eran útiles para acreditar la hipótesis relativa al uso permanente o sistemático de la tortura que impulsaban él y el GIEI, dado que dicho organismo nacional solo acreditó 9 de 72 casos denunciados. La omisión fue consciente, dado que al hacerlos de nuevo se corría el riesgo de que muchos resultaran negativos.
Por otra parte, no obstante que existe una acusación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra José Luis Abarca, Gómez Trejo omitió impulsar el aseguramiento de los bienes del citado imputado, entre los cuales destaca la Plaza Tamarindos y la mayoría de los locales del Centro Joyero de la enunciada localidad guerrerense.
También existen casos de individuos a los que no imputó, entre los cuales resalta el de Zenén Casarrubias Salgado, conocido como 'El Tomate' o 'El Tomatito', quien fue detenido en 2015 y extraditado en 2022 a la Unión Americana.
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Como se advierte, el hoy exfiscal consintió y toleró la liberación de diversos integrantes de los Guerreros Unidos, por lo que válidamente puede presumirse que se alió con varios de los mismos, particularmente con Gildardo López Astudillo, a pesar de su probada participación en los lamentables acontecimientos de Iguala, reconociéndolos como testigos colaboradores, quienes, en un claro contubernio, le ayudaron a construir una verdad a modo o conveniencia de los grupos u organismos que lo respaldaron para ocupar el cargo en cuestión. Verdad que hoy está plagada de interrogantes.
Hoy incluso se sabe que en el mes de septiembre de 2022, la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR practicó una visita de supervisión a la UEILCA y que, como resultado se advirtió, entre otras cosas, que existió un uso excesivo o ilegal de la declaración del testigo colaborador “Juan” (Gildardo López Astudillo), dado que no se practicaron mayores diligencias para corroborar o desestimar los “datos” que éste aportó, siendo un testimonio singular, aislado y de oídas.
Mención especial para los denominados "pantallazos" (467 capturas y 37 mensajes de WhatsApp), dados a conocer en 2022, que no soportaron el más mínimo análisis pericial y que incluso fueron descalificados por el GIEI.
Así las cosas, es de suma importancia que alguien les precise o detalle a los padres de los normalistas todos los claroscuros, omisiones, irregularidades e ilegalidades en que incurrió Omar Gómez Trejo, a quien, por el contrario, erróneamente se le reconoce haber aportado avances importantes, cuando lo cierto es que su intervención resultó en extremo desaseada.
VGB